Quetta (AsiaNews) - Al menos 34 mineros han fallecido a causa de una explosión ocurrida en una mina de carbón a las afueras de Quetta, capital de la provincia suroccidental de Baluchistán. Un suceso que ha intensificado las peticiones para que se refuercen las normas de seguridad y se protejan mejor los derechos de los trabajadores.
La Autoridad Provincial de Gestión de Desastres (PDMA) ha informado que los equipos de rescate han recuperado 34 cadáveres, pero continúan las búsquedas de otros mineros que podrían seguir atrapados bajo tierra. Las autoridades no descartan que el número de víctimas pueda aumentar, pero, al mismo tiempo, las operaciones de rescate se llevan a cabo con extrema precaución debido a las condiciones aún peligrosas en el interior de la mina.
El inspector gubernamental de minas, Ghani Baloch, explicó que la explosión habría sido causada por una acumulación de gas metano, uno de los riesgos más frecuentes en las minas de carbón subterráneas. «Tras una explosión de metano, las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen drásticamente porque los niveles de oxígeno caen a cero. Incluso los equipos de rescate deben avanzar con prudencia», declaró Baloch.
El ministro provincial de Minas y Recursos Minerales, Shoaib Nosherwani, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció una indemnización de 500.000 rupias pakistaníes (unos 1.800 dólares) para cada familia afectada. Además, prometió una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente y una revisión de las medidas de seguridad en las minas de la provincia.
Se trata de un accidente que, sin embargo, pone de relieve una vez más las condiciones extremadamente peligrosas del sector minero en Pakistán y, sobre todo, en Baluchistán, donde tragedias similares se producen con frecuencia debido a la escasa ventilación, la insuficiencia de los sistemas de detección de gases, la limitada capacidad de intervención de los equipos de emergencia y la escasa aplicación de las normas de seguridad.
Los sindicatos llevan tiempo acusando a los propietarios de las minas de descuidar las normas de seguridad y de no proporcionar a los trabajadores equipos de protección adecuados. Tras la explosión, la Federación Central de Trabajadores Mineros de Pakistán ha exigido medidas legales severas contra las empresas que resulten responsables de infringir la normativa vigente.
Y, a pesar de los riesgos, miles de personas siguen trabajando en las minas de carbón de Baluchistán, la provincia más extensa, pero también una de las menos desarrolladas de Pakistán, donde la pobreza y el desempleo siguen siendo muy generalizados.
Las organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos también han pedido medidas urgentes. Kashif Anthony, coordinador de la Comisión Católica de Justicia y Paz (CCJP) de la archidiócesis de Karachi, ha afirmado que tragedias recurrentes como esta demuestran que «el desarrollo económico nunca puede producirse a costa de la vida y la dignidad humanas».
«Todo minero tiene el derecho fundamental a un lugar de trabajo seguro, a un salario justo, al acceso a equipos de protección, a servicios de socorro eficaces y a un apoyo adecuado para su familia en caso de accidente», declaró Anthony.
El representante católico pidió además que se refuercen las inspecciones, se cree un organismo independiente de supervisión y se preste un apoyo concreto a las familias de las víctimas, mediante indemnizaciones oportunas, asistencia médica y programas de apoyo a largo plazo.
«Los mineros contribuyen de manera significativa a la economía y a la seguridad energética de Pakistán», concluyó. «Sus sacrificios deben reconocerse no solo con palabras, sino mediante reformas concretas que protejan sus vidas y sus derechos. La protección de los mineros no es solo una cuestión sindical: es una obligación en materia de derechos humanos y una prueba de nuestro compromiso con la justicia y el Estado de derecho».
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