Srinagar/Islamabad (AsiaNews) - Tanto en la parte administrada por la India como en la controlada por Pakistán, Cachemira sigue sumida en fuertes tensiones y una creciente inestabilidad. Mientras que en el territorio administrado por Pakistán la campaña para las elecciones legislativas que comenzarán el 27 de julio está marcada por protestas y enfrentamientos que han dejado decenas de muertos, en el lado controlado por la India las autoridades han reforzado aún más las medidas de seguridad tras el asesinato de un agente de policía.
En la Cachemira pakistaní, al menos cuarenta personas han perdido la vida en las últimas semanas de disturbios. Entre las víctimas hay 34 manifestantes y seis miembros de las fuerzas de seguridad. Los enfrentamientos más graves se registraron en la zona de Rawalakot, donde miles de personas participaron en las manifestaciones organizadas por el Joint Awami Action Committee (JAAC), una coalición de grupos y asociaciones que se formó inicialmente para protestar contra el alto costo de vida y el aumento de los precios de la energía, pero que en poco tiempo se convirtió en principal referente de una movilización política más amplia.
En el último mes, las protestas se han centrado en los doce escaños de la Asamblea Legislativa local reservados para los refugiados de la Cachemira administrada por la India que se trasladaron a Pakistán tras la Partición de 1947. El sistema, introducido en la década de 1970, se diseñó para garantizar una representación a los refugiados con miras a una futura solución del conflicto sobre Cachemira. Hoy, sin embargo, muchos de los que podrían optar a esos escaños ya no residen en el territorio administrado por Pakistán, por lo que, según el JAAC, este mecanismo distorsiona la representación democrática porque permite que los principales partidos pakistaníes influyan en el equilibrio político de la región y reste espacio a los candidatos que representan a las comunidades que viven allí.
Por el contrario, las autoridades sostienen que los escaños reservados constituyen una garantía constitucional para una población que sigue reclamando el derecho a retornar a los territorios actualmente controlados por la India. Además, la Corte Suprema dictaminó recientemente que estos escaños no se pueden eliminar sin una reforma constitucional, lo que ha endurecido aún más las posiciones y el enfrentamiento político.
La respuesta de Islamabad ha sido contundente hasta el momento. A principios de junio, el JAAC fue declarado organización ilegal en virtud de las leyes antiterroristas y las fuerzas de seguridad lanzaron una operación a gran escala contra los organizadores de las manifestaciones, quienes han denunciado un uso desproporcionado de la fuerza, sobre todo durante las marchas hacia Muzaffarabad, la capital de la región, que se realizaron en las últimas semanas.
La escalada también ha dado lugar a la intervención de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó la apertura de “investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales” sobre todas las muertes ocurridas durante los enfrentamientos y criticó la decisión de declarar ilegal al JAAC, así como la imposición de restricciones a la libertad de expresión, incluido el prolongado bloqueo de internet y de las comunicaciones telefónicas.
En las zonas bajo control indio la situación también es especialmente tensa. El 22 de julio, un agente de la policía de Jammu y Cachemira, Aashiq Hussain Qureshi, fue asesinado en el distrito de Anantnag mientras prestaba servicio durante la peregrinación hindú de Amarnath, una de las manifestaciones religiosas más importantes del país.
Después del ataque, las autoridades indias detuvieron —según fuentes locales— a 3.500 presuntos “Over Ground Workers”, individuos sospechosos de prestar apoyo a grupos armados. El ejército también demolió las viviendas de dos presuntos militantes de Lashkar-e-Taiba —grupo terrorista que, según Nueva Delhi, sigue recibiendo financiación de Islamabad— y envió nuevos contingentes de seguridad al sur de Cachemira.
Estas medidas forman parte del dispositivo de seguridad desplegado para la Amarnath Yatra. Desde hace semanas, la National Highway 44, la principal carretera que comunica Cachemira con el resto de la India, se cierra reiteradamente al tráfico civil para permitir el paso de los convoyes militares y de los peregrinos. Transportistas, comerciantes y trabajadores han lamentado importantes pérdidas económicas durante la que debería ser una de las temporadas más rentables del año gracias a la afluencia de visitantes.
El contexto regional agrava aún más el panorama. Tras el enfrentamiento militar entre la India y Pakistán a raíz del atentado de Pahalgam en abril de 2025, Cachemira sigue siendo el principal escenario de rivalidad entre ambos países. Las crisis que afectan simultáneamente a ambos lados de la Línea de Control demuestran que, a pesar de que no existe un conflicto abierto, la región sigue siendo uno de los puntos más inestables del sur de Asia.
