Trabajo

Los datos de mayo que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística resultan preocupantes y la reacción de los institutos internacionales ha sido inmediata. La sombría economía post-Covid inquieta a una población aún marcada por los confinamientos y las protestas. La desocupación juvenil supera el 20%. El gobierno bloquea los análisis críticos o los gráficos basados ​​en datos oficiales.

Amnistía Internacional denuncia esta situación en un documento que publicó hoy. Meses después de la final del campeonato de fútbol, la FIFA y Qatar siguen sin ofrecer "un régimen efectivo y accesible" para obtener indemnizaciones. Queda excluida la posibilidad de recurso para quienes regresaron a sus países de origen.

La combinación de la crisis económica local y el aumento global del costo de las materias primas ha paralizado el sector. Los entes profesionales están preocupados por la competencia entre Bangladés, Nepal, India y Malasia, donde los inversores extranjeros encuentran menores costos por metro cuadrado para construir. El gobierno acordó aumentar un 20% los precios establecidos para las licitaciones de nuevas carreteras, pero tiene pagos atrasados por 200.000 millones de rupias.

El gobierno quiere revisar las normas sobre los permisos para los nikkei yonsei, los extranjeros descendientes de japoneses de cuarta generación. Los primeros incentivos a la inmigración comenzaron con el gobierno de Abe en 2018, aunque dentro de estrictos términos laborales, sociales y de conocimiento del idioma. Los cambios resultaron necesarios debido al envejecimiento y la disminución de la población, junto con la reducción de los consumidores y los trabajadores activos.

La Asociación de Trabajadores Cualificados acusa al gobierno malasio de no hacer lo suficiente para orientar a los graduados hacia las necesidades de las industrias locales. El viceprimer ministro respondió que están "trabajando en un plan para coordinar las 1260 instituciones del país, evitar solapamientos y mejorar la oferta de formación". Una educación de calidad "inclusiva y equitativa", entre los Objetivos de Desarrollo de la ONU.

De los 10.000 licenciados al año, hasta 7.000 optan por puestos mejor pagados en centros de salud para pacientes extranjeros o directamente emigran a otros países. La culpa la tienen los bajos salarios y los turnos de hasta 80 horas semanales.

La tercera provincia más poblada de China ha puesto en marcha un "plan de 100 días" para dar respuesta a la falta de trabajo que afecta al 20,4% de los jóvenes. La intervención masiva del Estado y el regreso de los graduados a las zonas rurales son las recetas para hacer frente a la crisis en el sector privado, golpeado por la pandemia pero también por las medidas del Gobierno contra las empresas de high-tech. Una vía que probablemente no dará resultado, mientras crece el descontento en las universidades.

Chhim Sithar fue acusada de "fomentar el caos social" en NagaWorld, el gran hotel-casino de Phnom Phen. Había encabezado las manifestaciones por los derechos de los trabajadores y la readmisión de cientos de empleados despedidos. Otros ocho acusados también fueron condenados a penas de entre 12 y 18 meses de cárcel (que están en suspenso). El gobierno endureció la represión contra la disidencia antes de las elecciones de julio.

La denuncia de China Labour Bulletin: a pesar de constituir un buen porcentaje de la mano de obra, las repartidoras en China son descartadas o calificadas con valoraciones negativas por el simple hecho de ser mujeres. El salario inicial suele ser inferior. Intervinieron varios sindicatos locales, pero no hubo negociaciones en la plataforma.

Miles de trabajadores de la salud salieron a la calle contra el presidente, que vetó una medida aprobada por el Parlamento (con el apoyo de la oposición), pero contra la cual están los médicos, que temen un caos en la atención sanitaria. El personal de enfermería afirma que los temores son infundados, el país necesita más centros de salud para hacer frente al rápido envejecimiento de la población.

Se descubrió una red que está siendo investigada: detenían a personas de todo el sudeste asiático, que estaban convencidas de que venían a Filipinas a buscar un trabajo normal, y las empleaban en actividades criminales como ventas fraudulentas, chats eróticos y estafas con criptomonedas. Una senadora subrayó la presencia de "call center del engaño" en el país y pidió la intervención del gobierno.

Según informes de instituciones internacionales, casi 105 millones de personas están oficialmente desempleadas en Asia-Pacífico, una cifra un 12% superior a la de 2019. También se perdieron avances en términos de empleo informal y vulnerable, mientras que los sectores de más rápido crecimiento laboral en realidad emplean a una muy pequeña parte de los trabajadores.