Beirut (AsiaNews) - “El Líbano ya no es el que conocíamos”. Esta constatación cargada de desencanto está hoy en boca de muchos cristianos libaneses, preocupados por la presencia de demasiados extranjeros en su territorio y alarmados tanto por el extremismo de Hezbolá como por la permisividad que muestran hacia este las instituciones y los responsables políticos. A esto se suman noticias —que ciertamente no contribuyen a calmar los ánimos— sobre ventas masivas de tierras en regiones tradicionalmente de mayoría cristiana.
Estas ventas son un tema sumamente delicado, porque inciden directamente en la composición demográfica y el equilibrio confesional del País de los Cedros. Entre la necesidad económica y social que lleva a un propietario a vender sus tierras y el temor a quedar en el futuro en inferioridad numérica y demográfica, se produce una sutil inversión: del reproche dirigido al vendedor en dificultades, se pasa a sospechar del comprador musulmán que lo seduce con una oferta que no puede rechazar.
En este contexto, las acusaciones apuntan directamente a Hezbolá. El desplazamiento de la población chiíta provocado por la actual invasión israelí en el sur ha reforzado los temores de un “reasentamiento coordinado” de las familias desplazadas en las regiones cristianas. Según las estimaciones actuales, esta población de desplazados internos comprende miles de familias expulsadas de sus tierras por el ejército israelí, que arrasa sus viviendas a lo largo de toda la frontera, en una franja de unos 10 km de ancho. Y muchas de ellas siguen alojadas en centros de acogida provisionales.
Depósitos bancarios congelados
Sin embargo, antes de dejarse llevar por sospechas conspirativas, un observador objetivo debe admitir que la mayoría de las ventas de tierras y propiedades por parte de propietarios cristianos se explica por circunstancias económicas agravadas por la prolongada crisis financiera del país. Desde 2019, la devaluación de la libra libanesa y el congelamiento de los depósitos bancarios han obligado a muchas familias a vender sus inmuebles para hacer frente a necesidades básicas: atención médica, educación de los hijos y pago de deudas.
Además, la población cristiana registra una elevada tasa de emigración y quienes se marchan suelen optar por liquidar sus propiedades en el Líbano para financiar su instalación en el extranjero o porque ya no tienen previsto regresar. Por otra parte, muchas de estas salidas se deben a la inestabilidad crónica del País de los Cedros. “Quien se va busca ante todo estabilidad”, afirma a AsiaNews bajo condición de anonimato un abogado cristiano no casado. Es decir, la estabilidad del trabajo, de la vivienda y de la seguridad social.
Talal Doueyhi, presidente de la asociación Haraket al-Ard (Movimiento de la Tierra), señaló en una entrevista con el canal de televisión cristiano Télé-Lumière, que la cuestión de las ventas está estrechamente relacionada con el fenómeno de la emigración. Los emigrantes son responsables del 40% de los terrenos vendidos. De hecho, desde el comienzo de la guerra civil (1975-1990), el Líbano sufre una auténtica sangría demográfica que no afecta únicamente a la población cristiana. Según estimaciones no oficiales, alrededor de 730.000 libaneses han emigrado entre 2020 y 2026 (aproximadamente el 15% de la población nacional), a causa de los efectos acumulados del colapso económico y de las guerras en apoyo de Hamás e Irán en las que Hezbolá ha involucrado al país desde el 8 de octubre de 2023.
La percepción de una estrategia deliberada
Dicho esto, el debate se intensifica precisamente cuando se trata de determinar las motivaciones de los compradores. En este sentido, los medios y el discurso político contraponen regularmente dos interpretaciones: la hipótesis de las "intenciones maliciosas" y del cambio demográfico, y la explicación basada en la oferta y la demanda. Actualmente, las sospechas recaen sobre el movimiento proiraní, acusado de querer aprovechar la oportunidad para "infiltrarse" demográficamente en algunas regiones cristianas de las que, afirma, fue expulsado durante la expansión maronita del siglo XIX.
Varias figuras destacadas de la Iglesia maronita y de movimientos de defensa del territorio, como Haraket al-Ard, consideran que algunas oleadas de compras no son resultado de la simple dinámica del mercado, sino de una estrategia deliberada de adquisiciones sistemáticas y ofertas por encima del valor real de las propiedades. El tema se planteó en noticias recientes sobre la compra de más de 83 propiedades en Metn (Baabdate, Mar Moussa, Douar, Qaaqour y Mhaydssé).
El pasado 15 de octubre, el diputado Razi al-Hajj (Fuerzas Libanesas) presentó un informe ante la Fiscalía del Tribunal de Casación para que se investigara el origen de los fondos utilizados y se verificara la legalidad de las transacciones. Según Talal Doueyhi, quien critica "la apatía del Estado", estas adquisiciones a gran escala son obra de un empresario chiíta llamado Réda Jaffal, quien habría comprado 518.000 metros cuadrados en Metn, entre ellos un terreno de 125.000 metros cuadrados situado frente a un restaurante muy concurrido de Naas, en las alturas de Bickfaya.
Los grandes terratenientes
En su alegato a favor de un control de las ventas, Doueyhi cuestiona tanto las intenciones ocultas de Hezbolá como la coincidencia de dos factores circunstanciales: el congelamiento de los depósitos bancarios desde 2019 y el deseo de la alta burguesía de poseer un departamento en una capital europea. A este respecto, el diario francés Le Figaro informó en un artículo publicado en octubre pasado que los libaneses se han convertido en los principales compradores extranjeros de departamentos en el XVI distrito de París, el barrio más exclusivo de la capital francesa. Esta tendencia, señala el diario, se aceleró después de la crisis financiera de 2019. "No estamos en contra de los pobres, que a veces se encuentran en dificultades económicas", protesta con vehemencia el presidente de Haraket al-Ard, sino contra la "total falta de sentido nacional de algunos grandes terratenientes y de familias cuya fortuna se remonta a la época del Mandato francés o a la revolución industrial del siglo XIX en Europa y a las primeras hilanderías de seda libanesas".
Consciente del peligro, el gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley que prohíbe, con carácter excepcional, las ventas y transacciones inmobiliarias en las zonas del sur ocupadas o afectadas por la presencia del ejército israelí. El objetivo es proteger el tejido social y los derechos de los habitantes que ya no pueden acceder a sus tierras o que sufren las presiones de los especuladores y los oportunistas que se aprovechan de la guerra. Los partidarios del congelamiento de las ventas de propiedades entre comunidades diferentes reclaman que entre en vigor el proyecto de ley del exdiputado y ministro Boutros Harb. Consideran que todo el Líbano se encuentra, por distintos motivos, en situación de catástrofe y debería estar sujeto a las mismas restricciones. Ya en 2010-2011, Harb había propuesto una ley que prohibía durante 15 años las transacciones inmobiliarias entre libaneses de distintas confesiones. Sin embargo, el proyecto fue objeto de fuertes críticas en nombre del principio del derecho a la propiedad privada, garantizado por la Constitución.
Libre mercado
Por su parte, los compradores y otros analistas rechazan cualquier acusación de mala fe o conspiración e invocan el argumento del libre mercado, la necesidad de vivienda y la inversión. La comunidad chiíta, por ejemplo, alega que necesita más espacio debido al fuerte crecimiento demográfico y al surgimiento de una próspera clase empresarial, procedente sobre todo de la diáspora, que busca invertir en bienes raíces o establecerse en zonas más verdes y seguras del Monte Líbano.
Por otra parte, numerosos inversores aprovechan, por puro oportunismo comercial, la caída generalizada de los precios del mercado inmobiliario libanés para adquirir terrenos con un elevado potencial de desarrollo. Y rechazan tajantemente cualquier acusación de perseguir objetivos políticos o de seguridad. Por último, cabe señalar que la legislación libanesa garantiza la propiedad privada y que la transferencia de tierras entre ciudadanos de distintas comunidades no constituye, por sí sola, una prueba de cambio demográfico. Tampoco implica automáticamente el traslado de la población ni que los nuevos propietarios vayan a establecer allí su residencia.
