Milán (AsiaNews) - Hay periodistas de los que simplemente nunca más se supo nada. A otros los encontraron en fosas comunes o fueron identificados a partir de las fotografías de los cuerpos que formaban parte de los archivos de las cárceles sirias. Otros murieron bajo las bombas mientras documentaban los ataques contra las ciudades. En muchos casos, ni siquiera existe certeza sobre su destino. La caída del régimen de Bashar al-Assad, el 8 de diciembre de 2024, no cerró este capítulo. Abrió una nueva etapa de interrogantes, sobre todo para las familias de quienes fueron arrestados, torturados y desaparecidos.
El pasado 2 de noviembre, Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas (instituido por las Naciones Unidas en 2013), la agencia de noticias siria SANA publicó un informe de la Red Siria para los Derechos Humanos (SNHR), una organización independiente que desde hace años documenta las violaciones de los derechos humanos en el país. Las cifras son impresionantes: 559 periodistas y trabajadores de los medios fueron asesinados por las fuerzas del régimen entre marzo de 2011 y el 8 de diciembre de 2024. De ellos, 48 murieron bajo tortura en centros de detención. Al menos 1.612 resultaron heridos. La misma organización registró 1.358 casos de arresto o secuestro de trabajadores de la información. Además, 392 personas que cayeron en manos de los aparatos de seguridad de Assad siguen desaparecidas. Entre ellas hay ocho mujeres y cuatro periodistas extranjeros.
El informe muestra una guerra dentro de la guerra: la que se libró contra quienes intentaban informar. La represión del régimen de Assad no se limitó a impedir la circulación de noticias o controlar las redacciones. Golpeó directamente a las personas y convirtió el trabajo periodístico en una actividad de altísimo riesgo. Documentar una manifestación, fotografiar un bombardeo o recoger testimonios sobre la violencia de las fuerzas gubernamentales podía significar ser arrestado, torturado o asesinado.
Las cifras proporcionadas por la Red Siria para los Derechos Humanos requieren una aclaración. Las organizaciones internacionales utilizan distintos criterios de registro y no siempre aplican la misma definición de periodista. La SNHR, en cambio, también incluye en su documentación a los trabajadores de los medios y a personas que realizan tareas de información sobre el terreno.
Reporteros Sin Fronteras (RSF), por ejemplo, la organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de prensa, ha documentado 183 asesinatos de periodistas atribuidos al régimen de Assad y sus aliados durante la guerra. El último fue Anas Alkharboutly, fotoperiodista de la agencia alemana DPA, asesinado el 4 de diciembre de 2024 mientras documentaba los acontecimientos sobre el terreno, pocos días antes de la caída del régimen. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, también documenta las violaciones cometidas contra los profesionales de la información. Según los datos citados por Freedom House en su informe sobre Siria de 2025, el CPJ contabilizó 148 periodistas y trabajadores de los medios asesinados por motivos relacionados con el ejercicio de su profesión entre 2011 y 2024. En diciembre de 2024, diez seguían desaparecidos. Las cifras proporcionadas por las distintas organizaciones parecen contradictorias y no son directamente comparables: varían las categorías profesionales consideradas y los criterios para establecer el vínculo entre un asesinato y la actividad periodística. Sin embargo, el tributo de sangre que pagaron los trabajadores de la información sigue siendo innegable.
Una de las páginas más dolorosas de la historia siria, también referida a los periodistas, son las desapariciones. Los arrestos arbitrarios y las detenciones secretas fueron unos de los principales instrumentos de la represión: muchos reporteros fueron arrestados en puestos de control, en sus domicilios o mientras trabajaban. En numerosos casos, las familias nunca recibieron información sobre el lugar de detención ni sobre las condiciones en que se encontraban sus seres queridos.
Una investigación de RSF publicada en diciembre de 2025, un año después de la caída de Assad, reconstruyó las historias de 45 profesionales de los medios que todavía estaban desaparecidos o retenidos como rehenes en Siria. Al menos 13 habían sido arrestados por el régimen, mientras que otros habían sido secuestrados por el Estado Islámico o por grupos armados. Cuando cayó Assad, solo fueron liberados tres periodistas que se encontraban detenidos: Tal Mallouhi, Hanin Gebran y Abdelmajid al-Rahmoun. De al menos 13 personas todavía no hay noticias ciertas ni pruebas de que hayan muerto.
Entre los casos de desapariciones se encuentran los de Thabet al-Muhaisen y Quteiba al-Marei, dos jóvenes reporteros del sitio independiente Syria News, arrestados el 1 de agosto de 2011 en un puesto de control cerca de Damasco. Los militares habían encontrado en el teléfono de al-Marei imágenes de las manifestaciones de protesta. Desde entonces no se volvió a saber nada de ellos. Años después, un exrecluso de Sednaya (la cárcel de máxima seguridad donde el régimen de Assad encerraba a los opositores políticos) habría contado que conoció a un prisionero al que los guardias llamaban "el señor periodista": un indicio, pero no una certeza. Distinto es el caso de Nizar Said, colaborador del sitio al-Hal al-Souri (La solución siria). Después de recibir garantías sobre su seguridad, salió del campo de refugiados palestinos de Yarmouk, pero fue arrestado por las fuerzas del régimen. Según RSF, murió bajo tortura el 17 de julio de 2018.
Sin embargo, los asesinatos y las desapariciones de periodistas no pueden atribuirse exclusivamente al régimen de Bashar al-Assad. El Estado Islámico, Hayat Tahrir al-Sham y diversas facciones armadas de la oposición también arrestaron, secuestraron y asesinaron a trabajadores de la información. La SNHR atribuye en total a las distintas partes del conflicto 717 asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios entre 2011 y 2024, de los cuales 559 fueron responsabilidad del régimen de Assad.
El cambio de régimen que se produjo en diciembre de 2024 permitió acceder a lugares que antes estaban vedados y recuperar documentos y testimonios útiles para determinar las responsabilidades. Sin embargo, documentar los crímenes no significa obtener justicia. Es necesario transformar los archivos de las organizaciones de derechos humanos en pruebas que se puedan emplearse en procesos judiciales, reconstruir las cadenas de mando e identificar a quienes ordenaron o ejecutaron los arrestos, las torturas y los asesinatos.
Este es el nuevo desafío que se proponen asumir las organizaciones sirias de derechos humanos. Según Fadel Abdul Ghany, director de la SNHR, el trabajo de documentación debe traducirse ahora en expedientes capaces de sustentar procesos ante los tribunales sirios e internacionales. Cada nombre sin respuesta representa una historia que debe reconstruirse y una responsabilidad que debe establecerse. Una deuda de verdad que la nueva Siria, si quiere recorrer el camino de la reconciliación nacional, no puede dejar pendiente.
