Phnom Penh (AsiaNews) - Una importante organización camboyana de derechos humanos difundió imágenes satelitales que muestran cientos de viviendas y edificios públicos, entre ellos centros de salud, arrasados en tres aldeas camboyanas ocupadas desde hace meses por tropas tailandesas. En este momento, más de 20.000 camboyanos siguen sin poder regresar a sus hogares y el gobierno de Phnom Penh intensifica la presión sobre Bangkok para que reanude las conversaciones estancadas, así como las inspecciones conjuntas en la frontera.
Las imágenes de los satélites Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA), muestran una comparación del estado de las aldeas en abril del año pasado, antes de que las fuerzas tailandesas tomaran el control, y en marzo de 2026. La Liga Camboyana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (LICADHO), una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y más grandes del país, afirma que cerca de 627 viviendas fueron destruidas después de que ambas partes acordaran un precario alto el fuego en diciembre.
"La destrucción de propiedades civiles por parte de las fuerzas de ocupación, salvo que sea absolutamente necesaria para operaciones militares, está prohibida por el artículo 53 del IV Convenio de Ginebra", afirma LICADHO. "El derecho internacional —prosigue la organización— en materia de derechos humanos también protege el derecho a una vivienda adecuada y prohíbe la destrucción arbitraria de viviendas civiles y los desalojos forzosos, independientemente de la forma de tenencia o de propiedad de la tierra. Las viviendas civiles —concluye— no deben convertirse en objetivos de ataques ni sufrir daños colaterales en una disputa fronteriza, y se debe proporcionar una indemnización por la destrucción de los bienes".
Tailandia todavía no ha respondido oficialmente a la publicación de las imágenes satelitales ni a las declaraciones de altos funcionarios del Gobierno camboyano. Sin embargo, Bangkok sostiene sistemáticamente que no ha atacado infraestructuras civiles y ya ha rechazado las críticas de organizaciones de derechos humanos por el desplazamiento de la población a lo largo de la frontera.
El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Camboya, Tom Andrews, visitó la zona fronteriza y se reunió con altos funcionarios del gobierno camboyano, así como con refugiados, durante una misión de 12 días que concluyó el 31 de julio. "Es una cuestión de derecho internacional que las personas desplazadas a causa de un conflicto armado tengan derecho a regresar a sus hogares", afirmó en una conferencia de prensa en Phnom Penh, y añadió que el alto el fuego de diciembre consagra ese derecho. "Es imperativo —concluyó— que Tailandia y Camboya colaboren para acelerar el regreso de los civiles desplazados. Necesitan y merecen volver a casa".
Según datos del Ministerio del Interior de Phnom Penh, al 6 de agosto, 20.281 camboyanos, entre ellos 10.331 mujeres y 6.066 niños, siguen viviendo en campamentos para desplazados sin poder regresar a sus hogares y tierras de cultivo. El desplazamiento ha afectado los servicios públicos en las provincias fronterizas, provocando el cierre de escuelas, centros de salud y otras instalaciones. Mientras tanto, Camboya intensifica sus esfuerzos diplomáticos en la disputa fronteriza con Tailandia y exhorta a la Comisión Mixta Camboyano-Tailandesa de Fronteras (JBC) a reanudar la demarcación, mientras los observadores de la ASEAN amplían las inspecciones a lo largo de la frontera.
"La cuestión no se resolverá a corto plazo", declaró a AsiaNews un diplomático de un país del bloque de naciones del Sudeste Asiático, destinado en Phnom Penh. "Ninguna de las dos partes —añade— parece estar en absoluto cerca de una solución, y mucho menos de comenzar un diálogo serio. El problema es que cuanto más se prolongue esta situación y más tiempo permanezcan los soldados tailandeses en esas aldeas, menos probable será que las personas desplazadas internamente (IDP) puedan regresar algún día a sus hogares". Al mismo tiempo, el portavoz del Gobierno camboyano, Pen Bona, afirmó en los últimos días que la reanudación de las inspecciones sobre el terreno por parte de la Comisión Mixta de Fronteras (JBC) es esencial para permitir que miles de desplazados regresen a sus hogares.
"Esta situación —prosiguió Bona— pone de relieve la necesidad de que la Comisión Mixta de Fronteras Camboya-Tailandia inicie cuanto antes la demarcación conjunta de la frontera [...] Esperamos que los civiles camboyanos inocentes puedan regresar a sus hogares libremente, con seguridad y dignidad, de conformidad con el derecho internacional".
El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, afirmó en una publicación en redes sociales del pasado 6 de agosto que el acuerdo de alto el fuego compromete a ambos gobiernos no solo a poner fin a las hostilidades armadas, sino también a garantizar el regreso de los civiles. "La verdadera paz —escribió— no se puede medir simplemente por el silencio de las armas". "Debe medirse por el día en que más de 20.000 civiles camboyanos desplazados puedan finalmente regresar a sus hogares y tierras de forma segura, voluntaria y digna. Hasta que eso ocurra, los compromisos consagrados en la Declaración Conjunta del 27 de diciembre —concluyó— no se habrán cumplido".
