Kuala Lumpur (AsiaNews) - «Las espantosas condiciones en los centros de detención son la causa de muertes evitables. Malasia tiene la obligación legal de tratar a las personas detenidas de forma humana y de proporcionarles asistencia médica oportuna y adecuada cuando sea necesario». Así ha reaccionado Peter Bouckaert, director sénior de la organización humanitaria Fortify Rights, ante los datos comunicados a principios de julio al Parlamento malasio por el ministro del Interior, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Entre 2021 y 2025, 465 personas fallecieron en los centros de detención para inmigrantes, entre ellas 393 hombres, 60 mujeres y 12 menores. En total, desde 2024 —año en que se puso en marcha la campaña de control contra la inmigración irregular— se han registrado 140 fallecimientos en los centros. Solo en los primeros seis meses de este año ya se han producido 31.
El ministerio ha mencionado fallecimientos debidos a sepsis, leptospirosis y meningitis: enfermedades que pueden estar causadas o agravadas por infecciones no tratadas, agua contaminada, malas condiciones higiénicas y hacinamiento, y que son potencialmente prevenibles o curables.
Las muertes en los centros de detención se producen tras un aumento sin precedentes de las operaciones contra migrantes irregulares y refugiados en el marco de una campaña gubernamental iniciada en 2024. En 2025, las detenciones relacionadas con la inmigración alcanzaron los niveles más altos de la última década, y el hacinamiento en los centros de detención agravó los problemas. Según las estadísticas gubernamentales más recientes, los centros albergan a 22.045 detenidos, superando la capacidad declarada de 21.530 plazas.
«Los centros de detención para inmigrantes en Malasia se han convertido en lugares a los que se envía a las personas a morir», declaró Lynn Htet, experta en derechos humanos. «El Gobierno debe investigar si a los detenidos se les ha negado una atención médica oportuna y adecuada, y hacer públicos todos los detalles sobre cada fallecimiento ocurrido bajo custodia».
Desde 2025, Fortify Rights ha recopilado los testimonios de decenas de ex detenidos que han denunciado graves obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria en los centros de detención para inmigrantes. Sus testimonios hablan de atención médica denegada, de retrasos en los tratamientos médicos o, en ocasiones, de castigos por haber solicitado asistencia. Además, han descrito cómo la vida en condiciones precarias, unida a una alimentación inadecuada y a la escasa disponibilidad de agua potable, ha agravado enfermedades preexistentes.
De conformidad con el derecho internacional, todas las personas detenidas tienen derecho a una asistencia sanitaria adecuada y las autoridades deben garantizar un acceso oportuno a la atención médica, sin discriminación alguna. El derecho a la vida está consagrado en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece: «Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona».
Por su parte, la norma n.º 24 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas en 2015 y conocidas comúnmente como «Reglas de Nelson Mandela», exige a los Estados que garanticen a todos los reclusos el acceso a la asistencia médica.
Más de la mitad de los solicitantes de asilo registrados por el ACNUR en Malasia, pero considerados inmigrantes irregulares, son de etnia rohingya que huyen de la persecución en Myanmar. Su situación es especialmente dura, tanto por la imposibilidad de regresar a sus lugares de origen como por el pésimo trato que reciben en un país cuya mayoría profesa la misma religión islámica. No obstante, Malasia sigue siendo un destino codiciado, aunque sus viajes por mar suelen terminar trágicamente. En esta ruta se encontraban también los 500 rohingya desaparecidos, de los que se cree que han sido víctimas de dos recientes tragedias marítimas frente a las costas del estado de Rakhine, en Myanmar: la primera a finales de junio y la segunda a principios de julio.
