Tras la visita de Min Aung Hlaing a Malasia, también Indonesia y Brunéi podrían recibir al presidente birmano. Mientras tanto, Washington ha iniciado conversaciones directas con la junta, interesada en obtener legitimidad internacional.
Después de más de 40 años en los campos, para miles de refugiados se vislumbra un cambio largamente esperado. Refugiado karen: «Nunca he visto mi patria» y «si Tailandia nos permitiera trabajar legalmente, todo cambiaría». Una mano de obra útil también para suplir la caída de camboyanos tras los enfrentamientos en la frontera. Nuevas incursiones aéreas de la junta en el estado de Shan.
El tribunal de Wenzhou ha declarado culpables a 39 acusados de la familia Ming, originaria del estado de Shan, en el norte de Myanmar. Los cargos incluyen fraude y tráfico de drogas con ganancias estimadas en más de 10.000 millones de yuanes. Entre los condenados a muerte se encuentran el hijo y la nieta del patriarca Ming Xuechang, fallecido en circunstancias controvertidas durante su detención. La operación forma parte de una represión más amplia de Pekín contra los grupos criminales que operan en Myanmar.
En un claro cambio de rumbo, el gobierno de Timor Oriental ha asegurado al régimen militar de Myanmar que ya no permitirá actividades políticas ni oficinas de la oposición en su territorio. Esta medida contradice las posiciones anunciadas en el pasado por el presidente José Ramos-Horta y la imagen de Timor Oriental como un país defensor de los derechos humanos. Sin embargo, parece funcional al objetivo estratégico de la adhesión plena al organismo regional, prevista para octubre.
En un intento por reducir su dependencia de Pekín, la India ha iniciado contactos directos con el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA). El Ministerio de Minería ha involucrado a la empresa estatal IREL y a la empresa privada Midwest Advanced Materials para evaluar posibles exportaciones a gran escala. Mientras tanto, en el frente interno, el gobierno indio ha decidido excluir los proyectos mineros de la obligación de realizar consultas públicas, excluyendo a las comunidades locales de los proyectos de extracción.
En una entrevista con el periódico británico The Independent, reveló que su madre había solicitado ser atendida por un médico externo debido al empeoramiento de su estado de salud. Arrestada en varias ocasiones desde 1988, lleva más de cuatro años recluida en un lugar secreto tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021 que acabó con la democracia en Myanmar. Mientras tanto, los generales organizan «sus» elecciones para diciembre.
En la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, Beijing se refirió por primera vez al general golpista como "presidente interino de Myanmar", reforzando así la posición de la junta militar. Simultáneamente Delhi anunció el envío de expertos para supervisar las elecciones de diciembre y se firmaron varios acuerdos económicos. Xi Jinping prometió incluir a Naipyidó como miembro de pleno derecho de la OCS, lo que consolida la integración de Myanmar en las plataformas regionales lideradas por China.
Así lo prevé una ordenanza notificada también a 19 sitios budistas de la «zona cultural» de la ciudad, que serían arrasados para sacar a la luz la antigua Ketumati. AsiaNews recoge la consternación de los católicos locales por la amenaza que se cierne sobre la iglesia dedicada al Sagrado Corazón, construida a finales del siglo XIX por los misioneros del PIME. Es solo la última herida infligida por los generales a los lugares de culto: nada menos que 300 han sido afectados en Myanmar por el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
El 28 de diciembre comienza la controvertida ronda electoral, que continuará en varias etapas hasta enero. Hasta el momento hay 55 partidos registrados, nueve de los cuales se proponen competir a nivel nacional. Las ONG y la comunidad internacional critican la medida, pero Beijing quiere que se estabilice la situación. Crece la emergencia humanitaria, especialmente en el Estado de Rakhine. El PMA (WFP en inglés) declara que no alcanzan los recursos.
El general Min Aung Hlaing ha creado la «Comisión Nacional para la Seguridad y la Paz» y, al mismo tiempo, ha impuesto la ley marcial en decenas de municipios, lo que se suma a las amenazas de pena de muerte para quienes boicoteen las próximas elecciones. Los ciudadanos han recibido mensajes en los que se les pide la rendición armada y la participación en las votaciones.
La administración Trump estaría evaluando una colaboración con el Ejército para la Independencia de Kachin (KIA) para acceder a los yacimientos de tierras raras en el norte de Myanmar y reducir el monopolio chino. Pero los residentes locales temen el posible impacto ambiental y el riesgo de agravar aún más el conflicto civil. Activistas kachin piden a Washington estándares rigurosos y soluciones sostenibles para no repetir los mismos errores.
Para el Consejo de Abogados de Myanmar, el reclutamiento viola los derechos humanos: «Crimen contra la humanidad». Promulgada por la junta en 2024, la controvertida ley fue seguida de una agresiva campaña con prácticas coercitivas y extorsiones. Combatiente revolucionario de Sagaing: «De 200 soldados, 50 son auténticos». Aumenta la corrupción en las instituciones por ventajas económicas.
El 19 de julio murieron dos reclusos en las cárceles de la junta militar birmana porque no recibieron la atención médica que necesitaban. Ellos son la activista de 26 años Ma Wut Yi Aung, torturada tras su arresto, y Ko Pyae Sone Aung, miembro de la Liga Nacional para la Democracia. Los fallecimientos se suman a una larga lista de víctimas del sistema penitenciario birmano, y la ex presidenta Aung San Suu Kyi lleva más de cuatro años en prisión en condiciones de salud precarias.
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