Rohingyas: Myanmar es culpable. Pero la persecución continúa

La Corte Internacional de Justicia atribuyó al Estado birmano la responsabilidad por los actos de genocidio cometidos durante las operaciones militares de 2016 y 2017. Pero en Rakáin, hoy controlado en gran parte por el Ejército de Arakán, la minoría musulmana sigue sufriendo reclutamientos forzosos, violencia y desplazamientos.

por Alessandra De Poli

La Haya (AsiaNews) – Más de nueve años después de las persecuciones y del éxodo de cientos de miles de rohingyas a Bangladés, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó hoy que Myanmar cometió actos de genocidio contra la minoría musulmana durante las operaciones militares de 2016 y 2017. Se trata de un hecho histórico, porque es la primera vez que la Corte reconoce directamente la responsabilidad de un Estado por genocidio, atribuyendo a Myanmar los actos cometidos por sus propias fuerzas de seguridad. Sin embargo el veredicto, aprobado por nueve votos contra seis, llega cuando el país se encuentra en una situación muy diferente de aquella en la que tuvieron lugar las persecuciones. El golpe de Estado de 2021 sumió a Myanmar en una guerra civil que reconfiguró el control del territorio y convirtió Rakáin, la región de origen de los rohingyas, en un nuevo frente de combate. Actualmente la población ha vuelto a quedar atrapada entre el ejército, las milicias étnicas y los grupos armados que dicen defenderla.

Cómo se llegó al fallo de hoy

El procedimiento se inició en noviembre de 2019 por iniciativa de Gambia, con el apoyo de la Organización para la Cooperación Islámica (que en ese momento presidía un comité especial sobre los rohingyas), para denunciar las violaciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio cometidas por Myanmar durante las operaciones militares de 2017. Ese año, tras los ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán (ARSA), un grupo armado rohingya, contra varios puestos policiales, las fuerzas armadas birmanas lanzaron una amplia operación de seguridad en el norte de Rakáin. La violencia, que según los testimonios recogidos por organizaciones internacionales incluyó asesinatos masivos, violaciones, torturas e incendios de aldeas enteras, obligó a más de 700.000 rohingyas a huir a Bangladés.

Según confirmó hoy la Corte, alrededor de 10.000 rohingyas fueron asesinados durante las operaciones militares de 2017. A lo largo de estos años, la Corte ha examinado pruebas de asesinatos, violencia sexual y ataques contra civiles que intentaban huir. También tuvo en cuenta las políticas de control de los matrimonios y los nacimientos impuestas a la minoría, mayoritariamente musulmana, que debía obtener un permiso especial para casarse y no podía tener más de dos hijos por pareja. El juez Yuji Iwasawa también señaló que antes de las operaciones militares vivían en el norte del estado de Rakáin cerca de 815.000 rohingyas.

La Corte Internacional de Justicia

A diferencia de la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia se estableció para resolver controversias entre Estados y, por lo tanto, no puede condenar a personas, emitir órdenes de arresto ni determinar la culpabilidad penal de jefes militares y políticos. En el caso de los rohingyas, en noviembre de 2024 el fiscal de la CPI solicitó una orden de detención contra el jefe de la junta militar, Min Aung Hlaing, por crímenes de lesa humanidad de deportación y persecución, pero el caso sigue pendiente.

Las sentencias de la CIJ son vinculantes para las partes, pero la Corte no dispone de mecanismos para imponer su cumplimiento. Por eso, en caso de incumplimiento, el caso puede ser llevado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El objetivo de este procedimiento es garantizar también que los Estados asuman plenamente su responsabilidad cuando se cometen actos atroces en su territorio o por parte de sus instituciones.

La acusación de no haber prevenido el genocidio

La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 también impone la obligación de prevenir estos crímenes, para evitar que quienes los ejecutan materialmente puedan escudarse en la justificación de que simplemente cumplían órdenes.

Aung San Suu Kyi, detenida tras el golpe de Estado de 2021, encabezaba el gobierno en 2017 y en diciembre de 2019 compareció personalmente en La Haya para defender a Myanmar de las acusaciones de Gambia. Rechazó la imputación de genocidio y sostuvo que las operaciones militares debían entenderse en el contexto de un conflicto interno.

Su posición se enmarcaba en un sistema político en el cual las fuerzas armadas gozaban de amplia autonomía respecto del gobierno civil. La Constitución de 2008, redactada por dictaduras militares anteriores, reservaba al Tatmadaw (Ejército birmano) una cuarta parte de los escaños parlamentarios y el control de los ministerios clave para la seguridad, como Defensa, Interior y Asuntos Fronterizos.

Aung San Suu Kyi había presentado su decisión de defender a Myanmar como un intento de evitar un enfrentamiento abierto con los militares e impedir que la crisis se agravara. Esta postura también fue defendida por su hijo, Kim Aris, en declaraciones a AsiaNews, y el estallido de la guerra civil tras el golpe de Estado terminó confirmando, en los hechos, aquellos temores.

Hoy, el juez Iwasawa también señaló que Myanmar debe facilitar el regreso seguro y digno de los rohingyas desplazados y la reunificación de las familias. Pero en este momento resulta imposible cumplir esas condiciones.

La guerra civil en Rakáin

Mientras tanto, Rakáin se ha convertido en uno de los frentes más complejos de la guerra civil. El Ejército de Arakán (AA), la milicia nacionalista integrada principalmente por budistas de la etnia rakhine (o arakan), conquistó gran parte de la región después de reanudar las hostilidades contra la junta militar en noviembre de 2023. Según los datos del Myanmar Peace Monitor, controla 25 de las 28 ciudades del estado y administra 14 municipios, mientras que la junta conserva Sittwe y Manaung, así como una presencia parcial en la estratégica zona de Kyaukphyu. Los enfrentamientos se han intensificado en los últimos meses precisamente en los alrededores de Sittwe, Ponnagyun y Kyaukphyu. A principios de noviembre, la aviación militar bombardeó también una estructura provisional utilizada como maternidad en la zona de Mrauk-U. En el ataque murieron cinco civiles, entre ellos un recién nacido.

En la guerra civil, sin embargo, los rohingyas también se han convertido en un instrumento militar. A partir de 2024, mientras el Ejército de Arakán avanzaba en el norte de Rakáin, el Tatmadaw comenzó a reclutar a hombres y jóvenes de la minoría musulmana para enviarlos a combatir contra la milicia étnica. Human Rights Watch también documentó este mecanismo: en una aldea de Buthidaung, en 2024, un oficial del ejército exigió que se le entregaran veinte hombres para enviarlos al frente y amenazó con incendiar la localidad si se negaban. Un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señala que, según fuentes locales, el ejército reclutó a 1.981 rohingyas de Sittwe entre junio de 2025 y mayo de 2026. Algunos habrían sido destinados por turnos a las bases militares y al frente de combate, además de ser obligados a realizar trabajos forzados.

Pero el reclutamiento no es exclusivo del ejército. También se acusa al Ejército de Arakán de haber obligado a civiles rohingyas a incorporarse a sus filas o a realizar trabajos para la milicia. El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU menciona cuotas impuestas a las aldeas y reclutamientos que afectaron a hombres, mujeres, niños y niñas, incluidos menores de apenas 12 años. En enero de 2026, según fuentes locales citadas por la organización, se registraron más de 2.300 casos de trabajo forzado en el norte de Rakáin, de los cuales al menos 75 involucraron a niños.

Los grupos terroristas rohingyas

El panorama se complica aún más por la presencia de grupos armados rohingyas que operan a lo largo de la frontera con Bangladés, entre ellos el ARSA, la Organización de Solidaridad Rohingya (RSO) y el Ejército Rohingya de Arakán (ARA). Algunos de estos grupos han establecido alianzas tácticas con el Tatmadaw para combatir al Ejército de Arakán. Human Rights Watch documentó la participación del ARSA y de la RSO en el reclutamiento forzoso de hombres y jóvenes, incluso mediante secuestros en los campos de refugiados de Bangladés. Las alianzas militares no necesariamente se rigen por las afiliaciones religiosas o étnicas: los rohingyas son reclutados por un bando y, al mismo tiempo, sospechosos de colaborar con el enemigo por el otro, lo que expone a aldeas enteras a represalias y castigos colectivos.

También en los campos de Cox's Bazar, en Bangladés, donde viven alrededor de 1,2 millones de refugiados rohingyas, los grupos armados siguen ejerciendo un fuerte control sobre la vida cotidiana. Solo entre enero y marzo de este año, según datos del área de protección recogidos por el Consejo Danés para los Refugiados, se registraron 455 incidentes graves de seguridad que afectaron a 832 refugiados en los 33 campamentos de Cox's Bazar y en la isla de Bhasan Char. Esto representa un aumento del 40% respecto del trimestre anterior. Los secuestros y las desapariciones son los incidentes más frecuentes.

La situación humanitaria en Rakáin sigue siendo igualmente grave. Un informe de las Naciones Unidas publicado este verano señala que en la región hay cerca de 500.000 desplazados internos, entre ellos casi 225.000 rohingyas confinados en campamentos. Más de 519.000 personas, la mayoría pertenecientes a la minoría musulmana, figuraban como apátridas. Esta es otra de las medidas represivas adoptadas por el Estado birmano contra los rohingyas, a quienes a menudo se denomina "bengalíes" —como también confirmó hoy la CIJ—, en un intento despectivo de subrayar su supuesta condición de extranjeros en Myanmar.


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