Bangkok (AsiaNews) - La junta militar birmana rechazó las acusaciones de haber causado daños y heridos en territorio tailandés y responsabilizó a los grupos de la oposición. En una declaración difundida el 3 de noviembre por la televisión estatal Myanmar International Television, el régimen acusó a la Karen National Union (KNU), su brazo armado, el Ejército de Liberación Nacional Karen (KNLA), el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), el Comité Representante de la Asamblea de la Unión (CRPH) y las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF) de haber disparado deliberadamente hacia el otro lado de la frontera para comprometer las relaciones entre Myanmar y Tailandia. Esto representa un grave problema para el gobierno autoritario del general convertido en presidente Min Aung Hlaing, que busca legitimidad internacional empezando por los países vecinos.
Las declaraciones de la junta golpista, que volvió al poder mediante un golpe de Estado en 2021, se produjeron después de que el 29 de octubre un civil tailandés resultara herido por una bala durante los enfrentamientos entre el ejército birmano y las fuerzas karen, cerca de la ciudad tailandesa de Mae Sot. La junta sostiene que sus tropas no utilizan ese tipo de armas y afirma que ya dio explicaciones a las autoridades militares tailandesas, aunque no presentó pruebas que respalden su versión. La situación también sigue siendo inestable más al sur, en la provincia de Tak. Ese mismo día, balas y esquirlas de explosivos ingresaron a territorio tailandés; una mujer de 55 años resultó herida y un proyectil atravesó el techo de una vivienda impactando en el pecho de un adolescente de 14 años que se había refugiado en el interior, aunque no le provocó lesiones.
Durante la última semana, los combates en Myanmar han seguido afectando a la población tailandesa que vive a lo largo de la frontera. El 31 de octubre, dos bombas lanzadas por un avión militar birmano contra una posición de la KNU en la orilla opuesta del río Salween dañaron varios edificios en Mae Sam Laep, en la provincia tailandesa de Mae Hong Son. Según las autoridades locales, las ondas expansivas y los fragmentos de las explosiones impactaron en 17 edificios, entre ellos un centro de salud, un centro infantil, una dependencia administrativa y lugares de culto musulmanes, budistas y cristianos. Varias familias, sobre todo aquellas con niños y ancianos, abandonaron temporalmente sus hogares y se trasladaron a zonas más alejadas de la frontera, en el interior del país.
La tensión aumentó aún más tras un bombardeo perpetrado el 3 de noviembre contra una residencia para mujeres cerca de la aldea de De Pu No, en el estado birmano de Karen. Según la información recogida por las autoridades tailandesas, el ataque causó inicialmente dos muertos y nueve heridos. Dos jóvenes que se encontraban en estado grave fueron trasladadas en barco al otro lado del río Salween para recibir atención médica en Tailandia. Una de ellas murió mientras esperaba ser trasladada al hospital.
Por el momento, Bangkok respondió convocando el 2 de noviembre al agregado militar birmano, Win Thu Lin, para pedir al ejército de Naypyidaw que extremara las precauciones en las operaciones realizadas cerca de la frontera. El primer ministro Anutin Charnvirakul declaró que Tailandia tiene la intención de proteger su soberanía. Sobre el terreno, las fuerzas tailandesas reforzaron las patrullas a lo largo del Salween y se aconsejó a los residentes que buscaran refugio ante la posibilidad de nuevos ataques.
El ejército también suspendió entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre los permisos para transportar mercancías a través de algunos pasos fronterizos informales de los distritos de Mae Sot y Phop Phra. La medida ralentiza los intercambios comerciales, que suelen ser vitales para las comunidades que viven en la frontera.
En los últimos meses, el ejército birmano ha intentado intensificar las operaciones para recuperar territorio y ganar legitimidad ante la comunidad internacional. Para ello, ha atacado zonas controladas por la KNU y el KNLA, dos de las principales organizaciones de la resistencia karen, sobre todo en el distrito de Hpapun. La región también es estratégica por las rutas de abastecimiento que parten de los mercados tailandeses.
Según la KNU, desde mayo los ataques del ejército birmano en la zona han causado al menos siete muertos y 47 heridos entre la población civil, así como el desplazamiento de más de 54.000 personas de 67 aldeas. El grupo también declaró que los bombardeos del 31 de octubre contra una de sus bases a orillas del Salween tenían como objetivo interrumpir las rutas comerciales y de abastecimiento que utiliza una de sus brigadas.
Fundada en 1947, la KNU es una de las organizaciones étnicas armadas más antiguas de Myanmar y desde hace décadas lucha por la autonomía del pueblo karen. Tras el golpe de Estado de 2021, el grupo intensificó su colaboración con las fuerzas opositoras al régimen militar y también ofreció entrenamiento a los jóvenes que se incorporaron a la resistencia en las filas de las PDF, los grupos armados vinculados a los diputados del NUG, el gobierno civil en el exilio. El KNLA, en particular, controla varias zonas rurales a lo largo de la frontera, donde el ejército birmano sigue llevando a cabo operaciones terrestres y bombardeos aéreos.
Según estimaciones de las Naciones Unidas, en menos de seis años el conflicto civil ha causado alrededor de 100.000 muertos y más de 3,5 millones de desplazados.
Esta crisis a lo largo de una frontera de más de 2.400 kilómetros también pone de manifiesto los límites de la estrategia de acercamiento a la junta que el gobierno tailandés ha impulsado en los últimos meses. Los días 6 y 7 de agosto, el primer ministro Anutin Charnvirakul recibió en Bangkok a Min Aung Hlaing en su primera visita oficial a Tailandia desde que asumió formalmente la presidencia en abril, tras unas elecciones fraudulentas y parciales. La visita, acompañada de una ceremonia con honores militares y de un foro económico bilateral, marcó un paso importante en el intento de normalizar las relaciones con el régimen. En la declaración conjunta, Bangkok se comprometió a apoyar la plena reincorporación de Myanmar a los mecanismos de la ASEAN. Ambos países acordaron también reforzar la cooperación en materia de seguridad, comercio y energía, con el objetivo declarado de incrementar el intercambio bilateral a 12.000 millones de dólares.
La decisión de Tailandia, definida como un "acercamiento gradual", responde a intereses concretos: el control de los flujos migratorios, la lucha contra el narcotráfico y las redes criminales transnacionales, la seguridad fronteriza y la dependencia energética. Myanmar suministra a Tailandia entre el 15% y el 20% del gas natural que necesita el país a través de los yacimientos de Yadana y Zawtika. Además, según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 4,1 millones de ciudadanos birmanos viven en Tailandia, entre ellos cerca de 2,3 millones de trabajadores registrados. Para Bangkok, mantener un canal directo con Naypyidaw es, por tanto, una necesidad económica y de seguridad, además de una decisión diplomática.
Sin embargo, los beneficios políticos obtenidos hasta ahora parecen limitados. La visita de Min Aung Hlaing no ha aportado ningún cambio a la postura de la junta respecto de la ASEAN. Por el contrario, el régimen siguió haciendo concesiones limitadas a la organización regional, se negó a liberar a la líder democrática Aung San Suu Kyi y obstaculizó la labor del enviado especial encargado de facilitar el diálogo entre las partes en conflicto.
El analista Thitinan Pongsudhirak señaló que Bangkok podría haber mantenido la cooperación con Myanmar en materia de comercio, energía y control fronterizo sin conceder a Min Aung Hlaing una rehabilitación política tan evidente. El riesgo es que el régimen interprete la apertura de los países vecinos como un reconocimiento de su legitimidad, sin sentirse obligado a reducir la violencia ni a buscar un acuerdo con las fuerzas que controlan amplias zonas del territorio, como está ocurriendo actualmente.
