Manila (AsiaNews) - Representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que concluyeron su visita a Filipinas el 14 de diciembre, han pedido la creación urgente de un organismo nacional para la prevención de la tortura. La prevalencia del fenómeno -según los expertos de la ONU- exige, en efecto, una acción rápida e incisiva para hacer de la institución propuesta, dotada de poderes y financiación adecuados, "un socio esencial en la prevención de la tortura y los malos tratos en Filipinas".
La que acaba de finalizar fue la segunda visita de los especialistas de la ONU en la prevención del fenómeno y duró del 3 al 14 de diciembre, días en los que visitaron unos cuarenta lugares de detención en comisarías, prisiones, centros de rehabilitación de toxicómanos, reformatorios, centros de detención de inmigrantes, instalaciones militares y centros de represión de la toxicomanía. Allí, los delegados (el moldavo Victor Zaharia, jefe de la delegación, la mauriciana Satyabhooshun Gupt Domah, la maldiva Aisha Shujune y el alemán Martin Zinkler, así como dos funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado) se entrevistaron con miembros del personal y con personas detenidas, y examinaron el trato impuesto en los distintos niveles del sistema represivo y de rehabilitación. Durante su estancia, también se reunieron con funcionarios del gobierno, miembros de la Cámara, magistrados, representantes de la ONU y de la sociedad civil, y mantuvieron conversaciones con la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
"Hemos comprobado directamente las iniciativas del Estado para abordar cuestiones como el hacinamiento en los centros de detención, pero siguen existiendo otros retos importantes. Es esencial que en la custodia policial se garanticen efectivamente los derechos en todo momento y que las personas privadas de libertad sean tratadas conforme a la ley y a las normas internacionales", señaló Zaharia.
Las conclusiones de la delegación se recogen en la declaración preliminar confidencial entregada al gobierno de Manila, en la que se subraya que "la magnitud de los problemas observados confirma la urgencia de establecer un mecanismo independiente de prevención con acceso sin restricciones a cualquier lugar de privación de libertad". Empezando por la rápida aprobación de una ley específica actualmente en estudio por la Cámara de Representantes y el Senado.
Datos en la mano, de hecho, la actual ley contra la tortura -que data de 2009- es ampliamente insuficiente y, sobre todo, abierta a la discrecionalidad en su aplicación, lo que ha dado lugar a abusos que han sido denunciados en repetidas ocasiones.
Foto: Comisión de Derechos Humanos de Filipinas
