Milán (AsiaNews)- La Corte Suprema de Filipinas emitió una orden de protección para dos jóvenes activistas por el medio ambiente, Jhed Tamano y Jonila Castro. Ambas, como denunciaron ellas mismas y grupos ecologistas, fueron secuestradas por policías y militares en septiembre y posteriormente incluidas en la lista de partidarios de la guerrilla comunista.
La orden de los jueces se refiere a "violaciones constatadas de la vida, la libertad y la seguridad" y fue recibida con satisfacción por la Kalikasan People’s Network for the Environment, de la que ambas forman parte. En efecto, la medida "sienta un precedente para la protección de los defensores del medio ambiente y garantiza que se haga justicia contra aquellos que han amenazado su seguridad".
Las dos ecologistas también presentan la acusación de difamación contra un alto oficial de las Fuerzas Armadas, al que consideran responsable de su secuestro. Karapatan y otras influyentes organizaciones de derechos humanos de Filipinas han pedido al Ministerio de Justicia que desestime esa acusación porque es "falsa", pero por ahora el Ministerio se ha negado a hacerlo.
El caso que involucra a Jhed Tamano y Jonila Castro comenzó el 2 de septiembre de 2023 cuando fueron secuestradas por hombres armados en Bataan, al norte de Manila. A pesar de los testimonios del secuestro, el 12 de septiembre se anunció que se habían entregado a los militares y fueron presentadas públicamente por la National Task Force to end Local Communist Armed Conflict como ex combatientes de la rebelión comunista. “La verdad es que fuimos secuestradas por militares en una camioneta. Nos vimos obligadas a dejarnos capturar porque nos amenazaron de muerte”, declaró Jonila Castro el 19 de septiembre ante funcionarios del gobierno, oficiales del Ejército y representantes de la prensa..
La valentía de las dos jóvenes ya había sido elogiada por la International Coalition for Human Rights in the Philippines, inmediatamente después de la rueda de prensa en la que refutaron las acusaciones y denunciaron el trato ilegal que habían recibido. “Sus revelaciones - explica la ONG activista en una nota - pusieron en evidencia la narrativa retorcida” que a menudo acompaña a las acciones militares o de los organismos responsables de combatir actividades que se consideran relacionadas con la rebelión comunista. Es un fenómeno que afecta a diversas zonas del país y muchas veces se utiliza como pretexto para iniciativas represivas contra voces críticas del presidente, del gobierno o de activistas de diversos compromisos sociales.
