Hong Kong (AsiaNews) - El Tribunal de Apelación de Hong Kong ha desestimado hoy el recurso presentado por el cardenal Joseph Zen, la abogada y exdiputada Margaret Ng, la exparlamentaria Cyd Ho, el profesor Hui Po-keung y la cantante y activista Denise Ho, antiguos fideicomisarios del disuelto 612 Humanitarian Relief Fund, un fondo creado en 2019 para prestar asistencia a los manifestantes que participaron en las protestas que llevaron a las calles a miles de personas contra la ley de extradición. El veredicto de hoy se suma a otros que en los últimos días han afectado a figuras destacadas del frente prodemocrático, como Joshua Wong, Lee Cheuk-yan y Chow Hang-tung.
Como se recordará, en mayo de 2022, el cardenal Zen y los otros cuatro acusados llegaron incluso a ser detenidos durante unas horas bajo la acusación de colusión con fuerzas extranjeras. La repercusión inmediata de la noticia había llevado a las autoridades de Hong Kong a liberarlos rápidamente y a retirar dicha acusación. Sin embargo, en noviembre de 2022, los cinco fueron juzgados en el tribunal de West Kowloon por no haber registrado la fundación como asociación de conformidad con la Societies Ordinance, la normativa que regula las organizaciones y asociaciones en la ciudad. Cada uno de ellos fue condenado a una multa de unos 4.000 dólares de Hong Kong (menos de 500 euros).
Fundado en junio de 2019, el 612 Humanitarian Relief Fund ofrecía apoyo financiero a los manifestantes detenidos o heridos durante el movimiento de protesta contra el proyecto de ley sobre la posibilidad de extraditar a detenidos desde Hong Kong a China. Las protestas, que comenzaron en junio de 2019 —inicialmente vinculadas a esta única medida, que posteriormente fue retirada—, se convirtieron en un movimiento prodemocrático más amplio, marcado también por enfrentamientos y acusaciones contra la actuación policial. Los manifestantes exigían, entre otras cosas, una investigación independiente sobre la actuación de las fuerzas del orden, la amnistía para los detenidos y la revocación de la calificación de las protestas como «disturbios».
La Ordenanza sobre Sociedades establece que una sociedad debe registrarse, o solicitar una exención, en el plazo de un mes desde su constitución. El proceso contra los fideicomisarios del 612 Fund supone la primera acusación de la historia por este tipo de infracción de la normativa en Hong Kong.
Tras la sentencia en primera instancia, el cardenal Zen —quien, precisamente por el prestigio del que gozaba en la sociedad civil de Hong Kong, había sido elegido por los promotores como uno de los garantes—, junto con los otros cuatro acusados, había presentado un recurso de apelación, impugnando la interpretación errónea de la naturaleza jurídica del fondo. Los cinco sostenían que el 612 Fund se había constituido como un fideicomiso, y no como una sociedad o asociación, y que la decisión del tribunal de primera instancia podría tener consecuencias mucho más amplias para la libertad de asociación en Hong Kong. Considerar como «sociedad» prácticamente a cualquier grupo de personas que se reúna para llevar a cabo una actividad habría impuesto obligaciones de registro potencialmente muy amplias.
Sin embargo, tres jueces del Tribunal de Apelación han confirmado hoy la decisión del tribunal inferior, estableciendo que el 612 Fund debía considerarse una sociedad a efectos legales y que, por lo tanto, debería haber solicitado su registro u obtenido una exención. En la sentencia, el presidente del tribunal, Jeremy Poon, escribió que los cinco habían pretendido utilizar el fondo como un instrumento para recaudar y emplear donaciones públicas en apoyo de las protestas de 2019. «El Fondo era algo más que “una simple suma de dinero en fideicomiso en poder de los recurrentes”», afirmó el tribunal. Añadió que los cinco habían administrado y gestionado las actividades del fondo «como un comité de gestión o un órgano directivo».
Margaret Ng ha anunciado su intención de recurrir ante el Tribunal de Última Instancia, la máxima instancia judicial de Hong Kong. En declaraciones a los periodistas tras reunirse brevemente con sus abogados, Ng subrayó que la cuestión va más allá del destino de un fondo concreto. «Si cada vez que un grupo de personas se reúne para hacer algo esto se convierte en una sociedad que debe solicitar a la policía su registro o una exención, esto tendrá un enorme impacto en la sociedad civil de Hong Kong».
Foto: Hong Kong Free Press
