Los debates sobre el futuro de Rusia suelen centrarse en las elecciones, la Constitución y un eventual cambio de poder. Sin embargo, el conflicto más profundo podría centrarse en quién tiene realmente más poder para definir el futuro del país. ¿Serán los combatientes de la resistencia que lo arriesgaron todo, incluso sus hogares y sus seres queridos? ¿O aquellos que, aún en tiempos de guerra y dictadura, procuraron preservar su vida y sus bienes permaneciendo en Rusia? En su libro Gente detrás de la valla: espacio privado, poder y redistribución de la propiedad en Rusia publicado por Meduza, el periodista Maksim Trudoljubov analiza estos diferentes tipos de ciudadanía, basados respectivamente en el servicio moral y la propiedad privada, y cómo se puede organizar una transición pos-Putin y posguerra sobre la base de estos principios.
Una de las principales cuestiones aún no resueltas que se plantearán durante el período de transición será la relativa al patrimonio de la élite actual, que es bastante heterogénea. Algunos bienes fueron confiscados a los anteriores propietarios durante la redistribución en tiempos de guerra; hay empresas y patrimonios que crecieron gracias al conflicto, pero también hay patrimonios que se formaron mucho antes de la guerra, adquiridos y construidos honestamente, empresas que se consolidaron a lo largo de décadas. Los grupos de aquellos que se marcharon y de aquellos que se quedaron no son iguales, y no se trata solo de su número; mucho más importante es la diferencia en el grado de arraigo y de implicación en la vida del Estado.
Aparentemente ya se ha dicho todo sobre la sociedad rusa, y en particular sobre aquella parte que posee importantes recursos: es egocéntrica, atomizada e indiferente a las desgracias de sus vecinos. Se adapta al poder, busca complacerlo, depende de él, guarda silencio y se niega a actuar, aún cuando no está de acuerdo con las decisiones del Estado, incluida la guerra de agresión contra Ucrania. Hay distintos grupos que guardan silencio de maneras diferentes y por motivos diversos, pero todos tienen una cosa en común: tienen algo que perder. Tienen intereses, algo que está en juego en el destino del país. Guardan silencio porque no quieren perder una parcela de tierra, una propiedad o una casa, los bienes que constituían la base para acceder a los derechos de un ciudadano libre en las antiguas ciudades-Estado. “Una casa, en cierto sentido, era un pasaporte, y en algunos casos incluso un representante y un delegado de su propietario; y si un político era desterrado, su casa podía ser destruida”, dice Trudoljubov en su libro.
La cultura rusa también ha desarrollado otra idea de ciudadanía, complementaria de la tradición republicana que se ha descrito antes. La característica de un Estado autocrático es que reduce la ciudadanía al registro administrativo, la recaudación de impuestos y el servicio militar obligatorio. Está dispuesto a revocar la ciudadanía como castigo por la deslealtad. Sin embargo, a lo largo de toda la historia rusa han existido —y siguen existiendo— personas portadoras de una ciudadanía superior, entendida como “servicio moral”. Los defensores de la idea de ciudadanía moral, desde el filósofo liberal del siglo XVIII Aleksandr Radíshchev hasta el mártir disidente Alekséi Navalni, testimonian que la ciudadanía no consiste en un conjunto de derechos y obligaciones consagrados por documentos, sino en la vocación y la responsabilidad de un individuo comprometido.
La ciudadanía moral, según Nikolai Nekrasov, quien formuló estas ideas a mediados del siglo XIX en su poema “Poeta y ciudadano”, es un sentimiento que se despierta cuando la persona es capaz de elevarse por encima de los intereses inmediatos y salir del letargo. Es una noble relación filial en la que la patria es una madre en dificultades, y el ciudadano es aquel que se reconoce como “digno hijo de la patria”. El poeta, a quien el ciudadano interpela y exhorta a actuar en los versos de Nekrásov citados por el periodista, debe “despertar y combatir con valentía los vicios”; ése es su “deber” de “ser ciudadano”. Por el contexto queda claro que no se trata de una obligación contractual sino moral. Es un deber para con la propia madre, como describe Nekrasov en sus versos: Un hijo no puede mirar con tranquilidad / el dolor de su madre, / el corazón de un ciudadano digno / no permanecerá indiferente ante su patria. A lo largo de un siglo y medio, este lenguaje ha quedado tan impregnado de retórica escolar, del pathos soviético y de las sucesivas parodias que hoy es difícil leer a Nekrásov. Pero si se deja de lado por un momento el tono y se observa la estructura de su pensamiento, se descubre que describe con notable precisión los debates actuales sobre Rusia o, más exactamente, la diferenciación de los roles sociales en estos debates.
La distancia entre estas dos concepciones de la ciudadanía ha sido una constante en la cultura rusa. Hoy este conflicto resulta especialmente evidente: el Estado dificulta el acceso a las elecciones a aquellos que se consideran a sí mismos ciudadanos morales y no solo poseedores de un pasaporte, priva a las organizaciones independientes de la posibilidad de actuar y castiga a los ciudadanos que protestan o manifiestan públicamente su oposición a la guerra. Por eso la idea de ciudadanía de Nekrasov —como forma de resistencia moral y capacidad de anteponer el deber ético al bienestar personal— hoy está ganando una legitimidad cada vez mayor. El problema es que cada uno de estos enfoques tiende a negar la legitimidad del otro. Para unos, una posición moral que no implique el riesgo personal de perder negocios o propiedades es irresponsable y demasiado cómoda. Para otros, conservar el arraigo en el país se convierte casi en sinónimo de compromiso moral, aunque su silencio pueda interpretarse como un signo de complicidad. Como resultado, ambas partes desacreditan con facilidad a la otra, aunque cada una exprese solo una dimensión de lo que significa ser ciudadano.
Sin embargo, subraya Trudoljubov, no se puede construir una comunidad política si solo se reconoce como legítima la integridad moral o únicamente el hecho de tener una “cuota” en el país. “Ambas partes tienen derecho a expresar su punto de vista, y si Rusia quiere consolidarse como una auténtica comunidad política, sería necesario integrar estas dos concepciones de ciudadanía, históricamente consolidadas”. Pero también existen otras posibles líneas de conflicto. Si la primera cuestión se refiere a la dimensión moral de la ciudadanía, la segunda está relacionada con la posibilidad efectiva de que los ciudadanos ejerzan sus derechos tras el fin de la dictadura. Un autor moscovita anónimo propuso recientemente una distinción similar en el artículo “El segundo frente anti-Putin”, donde sostiene que existen dos formas de entender la política: por un lado, como lucha para hacer realidad un ideal social; por otro, como el esfuerzo de construir la coalición más amplia posible, capaz de conquistar y conservar el poder.
Este conflicto ya se está desarrollando dentro del país, entre el orden de la opričnina, la “guardia imperial” que Putin ha construido en torno a la guerra, y el zemstvo, el “poder de la tierra”, es decir, el resto de Rusia. Entre ambos se sitúan numerosos grupos intermedios, comprometidos en distintos tipos de acuerdo con las autoridades. Pero en términos generales existe una diferencia sustancial entre aquellos que adquirieron su posición, influencia y patrimonio gracias a la guerra, a los subsidios estatales y a la cercanía al poder político, y aquellos que están mucho menos relacionados con eso y han construido sus empresas, su reputación profesional y su patrimonio en circunstancias diferentes.
Por eso los protagonistas más importantes de la futura transición no serán solo los opositores más acérrimos del régimen, sino también aquellos que hasta ahora han preferido el silencio político. Una parte significativa de la élite rusa ya ha comprendido que Putin ha dejado de ser el garante del orden establecido, y como observa el autor del artículo anónimo, para estas personas Putin aparece cada vez menos como el custodio del statu quo, y cada vez más como quien lo está destruyendo. Durante décadas, la lealtad de las élites rusas se ha basado menos en la devoción personal hacia Putin que en la convicción de que el régimen vigente ofrecía previsibilidad, seguridad sobre la propiedad y la posibilidad de transmitir la riqueza acumulada a los hijos. La guerra está erosionando –y tal vez ya ha erosionado– este fundamento de lealtad.
La naturaleza de la coalición que llegue al poder en la Rusia post-Putin dependerá de cuán dramática y convulsa sea la transición. Cuanto más crítica sea ésta, más probable será que dé lugar a una coalición radical; mientras que una transición más controlada y negociada podría evitar una redistribución. Pero la tentación de aprovechar el momento de la transición para un nuevo reparto de los bienes será muy fuerte, y terminaría construyendo una política anti-Putin con los mismos métodos de la guerra de Putin, confiando en la imprevisibilidad de las reglas sociales.
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