Miles de jóvenes que apoyan al movimiento Cockroach Janta Party (CJP) siguen concentrados en Jantar Mantar, tradicional punto de encuentro para las manifestaciones en Nueva Delhi, a pesar de la lluvia y la represión policial. Ayer, los líderes del principal partido de la oposición, el Congress, encabezados por Rahul Gandhi y Mallikarjun Kharge, también se manifestaron frente a la residencia del primer ministro Narendra Modi exigiendo la renuncia del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, del ministro del Interior, Amit Shah, y del propio jefe de gobierno. Gandhi y otros parlamentarios fueron arrestados por la policía y puestos en libertad algunas horas después. Mientras tanto, las protestas se están extendiendo a otras ciudades, desde Bombay hasta Bangalore, Hyderabad y Ahmedabad. En relación con estos acontecimientos, publicamos íntegramente una reflexión enviada a AsiaNews por Mons. Savio Fernandes, obispo auxiliar de la arquidiócesis de Bombay.
Las cargas de la policía en Jantar Mantar: un día negro para la democracia india
Los hechos ocurridos en Jantar Mantar el lunes 20 de julio de 2026 deberían interpelar la conciencia de todo indio que crea en la democracia. Arrojan una sombra inquietante precisamente sobre aquellos valores democráticos que la India considera parte de su identidad. Los vídeos que se han difundido desde el lugar de la protesta parecen mostrar a agentes de policía utilizando la fuerza contra jóvenes que, según las imágenes disponibles, participaban en una manifestación pacífica inspirada en los principios gandhianos. Si estas grabaciones reflejan fielmente lo sucedido en su conjunto, plantean interrogantes muy serios sobre la proporcionalidad de la respuesta de las fuerzas de seguridad y sobre la protección de los derechos constitucionales.
Los manifestantes eran ciudadanos que ejercían lo que consideraban un derecho garantizado por la Constitución: reunirse pacíficamente y expresar su descontento ante un sistema educativo que, a su juicio, necesita urgentes reformas. La protesta refleja la frustración de muchos estudiantes, que denuncian meses de incertidumbre, ansiedad y sufrimiento emocional provocados por las reiteradas irregularidades en los exámenes y las filtraciones de las pruebas. Según los videos y la información disponible públicamente, la respuesta de las autoridades ha parecido a muchos observadores basada más en el uso de la fuerza que en el diálogo.
Detrás de esta movilización se esconde una tragedia humana aún más profunda. Las presuntas irregularidades en los exámenes y las continuas denuncias sobre la filtración de las respuestas han comprometido los sueños de muchísimos jóvenes que han dedicado años de estudio a prepararse para los concursos públicos. Las noticias de estudiantes que se han quitado la vida, abrumados por el estrés, la incertidumbre y la desesperación provocados por un futuro constantemente incierto, han conmocionado profundamente la conciencia del país. Determinar si cada una de estas tragedias se puede atribuir directamente a los escándalos relacionados con los exámenes requiere una investigación rigurosa. Sin embargo, pocos pondrían en duda que la repetición de estos episodios ha tenido un enorme impacto psicológico y emocional en miles de jóvenes. A juicio de muchos observadores, lo ocurrido en Jantar Mantar corre el riesgo de agravar, en lugar de aliviar, ese sufrimiento.
Una democracia segura de sí misma no teme una protesta pacífica. La escucha. Dialoga con quienes se manifiestan, responde a las preguntas más difíciles y asume su responsabilidad cuando las instituciones fallan. Si los manifestantes pacíficos han sido realmente sometidos a un uso desproporcionado de la fuerza, el mensaje que se deriva es exactamente el opuesto: que la disidencia debe ser reprimida en vez de ser escuchada.
Resultan igualmente preocupantes las noticias y denuncias según las cuales alguien habría intentado alentar la intervención de agentes provocadores o alterar el carácter pacífico de la movilización. Esas acusaciones merecen una investigación independiente e imparcial. Cualquiera que sea reconocido responsable de actos de violencia o de provocación, independientemente de su afiliación política, debe responder ante la ley. El Estado de derecho se debe aplicar a todos por igual.
Algunas de las imágenes más dolorosas son las que muestran a Sonam Wangchuk cuando es detenido y trasladado por los agentes, mientras algunas lonas blancas parecen impedir que la multitud vea lo que estaba ocurriendo. Solo a partir de las imágenes disponibles, no es posible determinar si esto se hizo por razones operativas para mantener el orden público o por otros motivos. Sin embargo, esas imágenes han dejado a muchos ciudadanos con una pregunta: ¿por qué precisamente cuando habría sido necesaria la máxima transparencia dio la impresión de que prevalecía el secretismo?
La respuesta del gobierno debió ser humilde, no defensiva. La confianza de los ciudadanos no se reconstruye con relatos mediáticos que promueven intereses propios, sino a través de un diálogo sincero con la población. Un gobierno seguro de su legitimidad democrática debería haber invitado a los representantes de los manifestantes a dialogar, en lugar de permitir que los acontecimientos degeneraran en escenas que conmocionaron a toda la nación.
Lo ocurrido no se limita a una protesta. Es un fenómeno que muchos ciudadanos observan con creciente preocupación: la recurrencia de fallas institucionales acompañadas de una insuficiente asunción de responsabilidades. Cuando el sistema de exámenes falla, son los estudiantes quienes pagan las consecuencias. Cuando los concursos públicos se aplazan, los jóvenes pierden años valiosos de su vida. Cuando las manifestaciones pacíficas se perciben como reprimidas por la fuerza, la confianza en las instituciones democráticas también corre el riesgo de debilitarse.
El gobierno le debe al país algo más que simples explicaciones. Si se utilizó una fuerza excesiva contra manifestantes pacíficos, los responsables deben ser identificados y llamados a responder por ello. Es necesario que haya una investigación independiente sobre lo sucedido y cualquier eventual violación de la ley o de los procedimientos que regulan la actuación de las fuerzas de seguridad se debe afrontar con transparencia. Sobre todo, el gobierno debería reconocer el dolor y la angustia de los estudiantes, pedir disculpas en caso de que se haya recurrido a un uso ilegítimo de la fuerza y comprometerse a garantizar que el derecho a manifestarse pacíficamente sea respetado y no sofocado.
Ningún gobierno está por encima del deber de rendir cuentas a la población. Una victoria electoral no autoriza a ignorar las críticas ni a considerar el disenso como un acto de deslealtad. Los gobiernos existen para servir al pueblo, no al contrario. La fortaleza de una democracia no se mide por la capacidad de autocelebrarse, sino por la manera en que responde cuando los ciudadanos cuestionan pacíficamente a quienes ejercen el poder.
La historia enseña que las democracias no se debilitan por el disenso pacífico, sino por la intolerancia de los gobiernos hacia este. Cada generación hereda la responsabilidad de custodiar las libertades constitucionales. Callar ante lo que parece una injusticia solo contribuye a erosionar esas mismas libertades.
Los jóvenes de la India merecen algo mejor. Merecen un sistema educativo justo y fiable. Merecen instituciones que inspiren confianza, no ansiedad. Sobre todo, merecen un gobierno que no los considere una amenaza que hay que reprimir, sino ciudadanos cuya voz importa.
Lo ocurrido en Jantar Mantar debería ser un llamado de atención para todos aquellos a quienes se ha confiado la responsabilidad de las instituciones públicas y la protección de nuestra democracia. Quien ejerce el poder público debe aceptar también rendir cuentas de sus actos conforme a los más altos estándares.
Asumir la propia responsabilidad no es un signo de debilidad, sino el rasgo distintivo de un liderazgo democrático. Lo que necesitamos en este momento es un examen de conciencia honesto, una investigación transparente e imparcial y un compromiso claro por parte de las autoridades de defender los derechos constitucionales. A quienes están en el poder se les pide que tengan el valor de reconocer sus errores, asumir sus responsabilidades y garantizar que episodios como estos no se minimicen ni se archiven. Eso es lo que realmente contribuiría a reconstruir la confianza de los ciudadanos, mucho más que cualquier intento de desviar la atención de las legítimas preocupaciones que llevaron a estos jóvenes a las calles.
*Obispo auxiliar de la arquidiócesis de Bombay
