“El 25 de julio, por la tarde, finalmente presentó su renuncia el ministro de Educación”, explica el P. Cedric Prakash, jesuita, conocido activista de derechos humanos, al comentar las protestas juveniles que desde hace días sacuden Delhi y toda la India. “Era una demanda clave del movimiento estudiantil y de miles de jóvenes de todo el país. En todas partes hubo grandes celebraciones y las protestas se suspendieron. Es bien sabido que acumuló grandes sumas de dinero durante su mandato. Pero su dimisión es solo el comienzo, la punta del iceberg”.
Para suceder al ya exministro Dharmendra Pradhan ha sido nombrado Prahlad Joshi, quien ya es ministro de Consumo, Alimentación y Distribución Pública, cargo que conservará junto con la nueva cartera de Educación. Joshi, diputado de larga experiencia elegido en la circunscripción de Dharwad, en Karnataka, ya ocupó en el pasado los ministerios de Asuntos Parlamentarios y de Carbón y Minas. Tras su nombramiento, declaró públicamente que se proponía desempeñar el cargo “con humildad y sentido del deber”, y agradeció al primer ministro Narendra Modi la confianza depositada en él.
Los jóvenes indios contra las divisiones fomentadas por el BJP
El resultado que ha obtenido el Cockroach Janta Party (CJP), movimiento que comenzó como una sátira política en línea y rápidamente se convirtió en un catalizador del descontento generalizado entre las generaciones jóvenes indias, ha sido posible porque los jóvenes fueron capaces de superar las divisiones que el gobierno encabezado por el Bharatiya Janata Party (BJP) y el primer ministro Narendra Modi ha fomentado en la última década.
“Los jóvenes manifestantes nunca habrían permitido que la xenofobia, el exclusivismo, el sectarismo o cualquier forma de intolerancia impregnara sus ideales, sus sueños y sus esperanzas de un futuro mejor. Demostraron de manera evidente y a viva voz que son, ante todo, ciudadanos del país, estudiantes y jóvenes, unidos más allá de las fronteras religiosas y pertenecientes a todos los estratos de la sociedad. Nadie logró dividirlos ni enfrentarlos entre sí. Ni siquiera la agenda fascista y fundamentalista del régimen. Con la Constitución en la mano, corearon al unísono: ‘¡Somos uno, venceremos!’”, sostiene el P. Prakash.
“Miles de estudiantes, jóvenes y muchos otros ciudadanos salieron a las calles en todo el país, tanto en las grandes ciudades, como en pequeñas localidades e incluso en las aldeas. No fue una movilización organizada y con dinero de por medio, ¡como ocurre tan a menudo con el actual gobierno! Fue un levantamiento espontáneo, expresión de su angustia e indignación por lo que está ocurriendo en todo el sistema educativo, después de que veintiún estudiantes se quitaran la vida debido a las irregularidades en los exámenes. Recordó a la ‘Primavera Árabe’ y a lo ocurrido no hace mucho en los vecinos Nepal y Sri Lanka. Además, en varios países del mundo también hubo protestas de solidaridad por lo que está sucediendo en la India”.
Las investigaciones sobre la violencia de las fuerzas del orden
La Corte Suprema de la India ordenó la liberación inmediata de los menores detenidos por la policía y de todos aquellos que no tienen antecedentes penales. El tribunal, compuesto por el presidente de la Corte, Surya Kant, y los jueces Joymalya Bagchi y V. Mohana, está examinando una serie de recursos que denuncian el uso de fuerza excesiva por parte de la policía contra los manifestantes que el 20 de julio marcharon hacia el parlamento exasperados por las graves irregularidades en la gestión de los exámenes de admisión a la universidad. Varios manifestantes resultaron heridos por las cargas policiales, los gases lacrimógenos y los proyectiles que se utilizaron para dispersar a la multitud.
Las fuerzas de seguridad también utilizaron escopetas de perdigones, armas que disparan muchos pequeños proyectiles metálicos o de goma en una sola ráfaga, y cuyo uso contra civiles es desde hace tiempo objeto de fuertes controversias en la India debido al riesgo de lesiones graves y permanentes, como la pérdida de la vista.
La policía de Delhi negó categóricamente que hubiera usado estas armas durante la protesta, a pesar de que las imágenes y los testimonios de médicos y manifestantes sugerían lo contrario. El giro decisivo se produjo como resultado de una investigación interna de la Central Reserve Police Force (CRPF), el cuerpo paramilitar del que depende la Rapid Action Force (RAF). La investigación determinó que un agente efectuó al menos siete disparos con su escopeta de perdigones, cinco de los cuales alcanzaron a manifestantes pacíficos.
Entre los heridos más graves se encuentran un estudiante universitario de 19 años, intervenido quirúrgicamente para extraerle fragmentos metálicos de un ojo, y un periodista de la revista Outlook, que recibió un disparo mientras cubría las protestas en el lugar de los hechos. Las autoridades competentes todavía no han publicado ningún informe médico-forense definitivo sobre estos casos, pero la confirmación interna de la CRPF ha desmentido de hecho las primeras versiones oficiales de la policía, alimentando aún más las peticiones —que ya están siendo examinadas por la Corte Suprema— de que se lleve a cabo una investigación independiente y transparente sobre todos los episodios de violencia relacionados con las protestas.
“Fue la prueba de que cientos de miles de personas, pertenecientes a todos los ámbitos sociales, dieron vida a un momento histórico. Las fuerzas del orden intentaron detenerla por todos los medios, con cargas que dejaron muchos heridos, algunos de ellos hospitalizados. Pero esto no hizo más que alimentar las protestas en todo el país”, continúa el jesuita.
Contra la corrupción política
El tema de la corrupción sigue siendo fundamental para los jóvenes. Los líderes del CJP declararon que las principales demandas del movimiento fueron aceptadas por el gobierno —incluyendo el retiro de las denuncias contra los manifestantes y una indemnización para las familias de los jóvenes que se quitaron la vida debido a la presión de los exámenes y el posterior escándalo— y anunciaron la suspensión de la movilización. El portavoz Saurav Das subrayó, no obstante, que los jóvenes seguirán de cerca los próximos pasos del gobierno y que el movimiento seguirá pidiendo cuentas sobre la implementación de un documento de cinco puntos sobre las reformas del sistema educativo, con un nuevo encuentro entre las partes dentro de cuatro semanas.
Las críticas más duras al nombramiento de Joshi provinieron de los partidos de la oposición, que centraron la atención en algunos aspectos controvertidos de su gestión, en particular las políticas de privatización del sector minero que se llevaron a cabo durante su mandato como ministro del Carbón, criticadas por sindicatos y asociaciones ecologistas.
“Los jóvenes —comenta el P. Prakash— ya no están dispuestos a aceptar todo esto pasivamente. No me refiero solo a la corrupción en la educación, sino a un fenómeno que ha permeado todos los estratos de la sociedad, comenzando por las altas esferas. No hay transparencia ni rendición de cuentas. Hay muchas cuestiones que abordar, como la desmonetización, los bonos electorales, el fondo PM Cares y ahora también el E20. Surgirán nuevas preguntas. ¿De dónde han sacado el RSS [grupo paramilitar vinculado a la derecha hindú] y el BJP las enormes sumas de dinero para construir edificios suntuosos por todas partes? ¿Qué pasa con los amigos del capitalismo clientelista que se enriquecen a costa de los pobres y saquean el país? ¿Y qué decir de las irregularidades electorales?, como la manipulación de las máquinas de voto electrónico y la privación sistemática del derecho al voto, a través del SIR, de miles de ciudadanos legítimos en todo el país”.
El religioso hace referencia a algunos de los temas de debate más controvertidos de la política india de los últimos años: la desmonetización, la decisión del gobierno de Modi en 2016 de retirar de circulación el 86% del efectivo, lo que provocó graves trastornos económicos sin alcanzar plenamente los objetivos declarados de combatir la evasión fiscal; los bonos electorales, un instrumento de financiación anónima de los partidos políticos que fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de la India en 2024, después de que las investigaciones revelaran grandes donaciones de empresas al partido gobernante; el fondo PM Cares, creado en 2020 para recaudar donaciones destinadas a la emergencia por el covid-19, pero criticado por la falta de transparencia en la gestión de los fondos, al estar exento de las obligaciones de control público que sí se aplican al fondo estatal existente para emergencias nacionales; y el E20, una nueva sigla satírica —siguiendo el modelo del CJP— que apareció en línea en los últimos días contra la obligación de utilizar gasolina mezclada con un 20% de etanol para reducir las importaciones.
En cuanto a las “irregularidades electorales”, el P. Prakash se refiere a dos cuestiones que ha planteado la oposición india: por un lado, las dudas sobre la seguridad de las máquinas electrónicas de votación (EVM) que se utilizan en la India en lugar de las papeletas; por otro, la Special Intensive Revision (SIR), la revisión extraordinaria de los padrones electorales puesta en marcha por la Comisión Electoral en algunos estados, que ha excluido del derecho al voto a cientos de miles de ciudadanos, especialmente en los sectores más pobres y marginales de la población, debido a la complejidad burocrática que se requiere para confirmar su inscripción.
“La revolución realmente ha comenzado —concluye el religioso—. Y no hay marcha atrás”.
