Pune (AsiaNews). La noche del 6 al 7 de septiembre, las autoridades administrativas locales de Maharashtra demolieron la “Jesus Is Lord Church”, una iglesia independiente, evangélica y aconfesional, situada en la zona de Kalewadi, en Pimpri-Chinchwad, cerca de Pune.
Los miembros de la iglesia denuncian que los operarios actuaron pocas horas antes de que un tribunal local examinara el caso. La audiencia estaba fijada para la mañana del 7 de septiembre de 2026. Afirman que también ignoraron una orden judicial que impedía la demolición. Algunos testigos señalaron que los funcionarios locales de la Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation se negaron a examinar los documentos legales antes de derribar el edificio.
Activistas y fieles denuncian una política de represalias
Activistas cristianos y fieles señalan que la administración municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC) se centró específicamente en el edificio de la iglesia para irrumpir a medianoche, mientras las estructuras comerciales irregulares de los alrededores se mantuvieron completamente intactas. Los fieles calificaron abiertamente la operación como una “venganza política” orquestada para complacer a la base electoral local de derecha.
Los críticos consideran que la hora elegida y el despliegue de 700 agentes de policía —junto con la negativa a acatar la orden judicial— demuestran que el organismo público encargado de hacer cumplir las normas municipales está siendo instrumentalizado. Sostienen que la “campaña contra las ocupaciones ilegales” se utilizó como una conveniente cobertura para llevar a cabo una clausura extrajudicial que reclamaban los grupos de derecha.
Según los representantes de la iglesia, el equipo municipal actuó con agresividad, amparado por la oscuridad de la noche, e impidió expresamente que alguien filmara o fotografiara las excavadoras.
La administración local: una operación de rutina
La administración municipal de Pimpri-Chinchwad (PCMC) justificó la decisión afirmando que era una operación de rutina. Las declaraciones oficiales del organismo municipal sostuvieron que era una medida habitual contra las construcciones ilegales y la ocupación de terrenos públicos, y afirmaron que previamente se habían enviado las correspondientes notificaciones. Sin embargo, observadores locales señalan que la demolición se produjo tras meses de crecientes tensiones religiosas y políticas en la zona.
En abril de este año la policía había presentado cargos contra el predicador de la iglesia, el pastor Kenneth Silva, y otras siete personas, en virtud de la Ley de Maharashtra contra la superstición y la magia negra, a raíz de denuncias relacionadas con presuntas prácticas de sanación.
El 3 de mayo, grupos de derecha acompañados por destacadas figuras políticas, entre ellas algunos miembros de la Asamblea Legislativa local pertenecientes al Bharatiya Janata Party (BJP), organizaron una gran marcha de protesta por Kalewadi para exigir que se cerrara la iglesia.
La tensión aumentó aún más tras la reciente aprobación de la “Maharashtra Freedom of Religion Act 2026”, que entró en vigor el 28 de agosto y criminaliza las conversiones religiosas obtenidas mediante la fuerza o el engaño. Por su parte, las autoridades municipales sostienen que la demolición fue exclusivamente una medida de ordenamiento urbano y de lucha contra las ocupaciones ilegales.
Un modus operandi cada vez más difundido
Los defensores de los derechos humanos señalan que llevar a cabo desalojos y demoliciones durante la noche —pocas horas antes de una audiencia judicial que ya se había fijado— es una táctica administrativa cada vez más utilizada para presentar ante la justicia un hecho consumado, haciendo prácticamente inútiles las posibilidades de presentar un recurso legal. Los grupos defensores de los derechos de los cristianos sostienen que se trata de una presión selectiva contra las comunidades religiosas independientes de la región.
El asesor jurídico de la iglesia está preparando denuncias por desacato contra determinados funcionarios municipales, en las que sostiene que el uso de maquinaria pesada mientras un proceso judicial se encuentra pendiente viola la autoridad de la magistratura.
