Faisalabad (AsiaNews) - Tres años después de los actos de violencia que conmocionaron a la comunidad cristiana de Jaranwala, en el distrito de Faisalabad, los supervivientes siguen reclamando justicia, indemnizaciones y garantías de protección. El 16 de agosto de 2023, las acusaciones de que dos cristianos habrían profanado páginas del Corán provocaron la ola de violencia más grave de los últimos años contra los cristianos en Pakistán. Las acusaciones se difundieron rápidamente a través de los altavoces de las mezquitas y las redes sociales, lo que derivó en un ataque contra los barrios cristianos. Un total de 26 iglesias fueron vandalizadas o incendiadas y decenas de viviendas fueron saqueadas o destruidas.
En el tercer aniversario, la comunidad de Jaranwala ha vuelto a manifestarse. El activista local Samson Salamat, dirigiéndose a las familias de las víctimas, denunció que, tras tres años, muchos supervivientes siguen esperando que se haga justicia. Aseguró que seguirá exigiendo que los responsables de los actos de violencia cometidos en Jaranwala rindan cuentas por estos delitos.
El P. Shakeel Gulzar, director de la Comisión Católica para el Diálogo Interreligioso y Ecuménico de la archidiócesis de Karachi, señaló que los daños materiales pueden repararse, pero que será mucho más difícil reconstruir la confianza. Según Gulzar, el suceso demuestra cómo una acusación puede transformarse rápidamente en violencia colectiva y plantea interrogantes sobre la difusión de la desinformación y la incitación al odio, así como sobre la eficacia de la respuesta de las fuerzas del orden.
En el ámbito judicial, el mes pasado se produjo una primera señal. Un tribunal antiterrorista de Faisalabad condenó a 10 años de prisión a Irfan Yousaf, un operador de grúa, por su participación en la demolición de iglesias durante los ataques. La acusación también utilizó imágenes de vídeo sometidas a autenticación forense. La sentencia fue acogida positivamente por líderes cristianos y activistas de derechos humanos.
Sin embargo, precisamente esta condena pone de manifiesto lo amplia que sigue siendo la brecha entre el alcance de la violencia y las responsabilidades constatadas. Safina Javed, activista por los derechos humanos de Karachi, calificó la condena de «un motivo de esperanza», pero advirtió que la confianza solo podrá restablecerse si los demás procesos se llevan a cabo de manera justa y si se garantiza a las víctimas las indemnizaciones y la protección prometidas.
Las críticas a la lentitud de la justicia ya habían surgido el año pasado: Amnistía Internacional denunció que más del 90 % de los sospechosos seguían en libertad. En 2026, según informan los líderes cristianos, persisten las dudas sobre la aplicación por parte de la policía de las directrices del Tribunal Supremo relativas a las detenciones.
Lala Robin Daniel, activista por los derechos humanos de Faisalabad, ha destacado la gravedad de las consecuencias que han sufrido los supervivientes: la pérdida de sus hogares, sus bienes, sus actividades económicas y su trabajo, pero sobre todo la pérdida de la sensación de seguridad. Para Safina Javed, este caso pone de relieve problemas más generales del país: el uso indebido de las acusaciones de blasfemia, la rapidez con la que puede difundirse información incendiaria, la protección de las minorías religiosas y la capacidad del sistema judicial para perseguir a los responsables. La sentencia de julio supone, por tanto, un paso adelante, pero también la confirmación de lo mucho que aún queda por hacer.
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