Milán (AsiaNews/Agencias) - Las protestas de los estudiantes tribales que se extendieron por varias ciudades del estado de Maharashtra, entre ellas Pune, Nagpur y Nashik, concluyeron con una victoria de los manifestantes. El sábado pasado, el gobierno estatal aceptó formalmente las demandas de los estudiantes, que durante 17 días mantuvieron una huelga de hambre iniciada en el barrio de Manjari, en Pune. Las protestas llamaron la atención del Tribunal Superior de Bombay y del líder de la oposición, Rahul Gandhi, quien escribió una carta abierta al jefe de gobierno de Maharashtra, Devendra Fadnavis, para pedirle que interviniera. Posteriormente, el gobierno estatal firmó un acuerdo con los manifestantes, poniendo fin a la movilización. Fadnavis se reunió con siete representantes de las comunidades tribales de Nagpur, Pune y Nandurbar, a quienes prometió aceptar todas sus demandas y elaborar y presentar un plan de acción en un plazo de tres meses.
Las protestas habían comenzado el 13 de agosto, tras la muerte de tres jóvenes tribales que habían sido atacadas por una serpiente en una escuela del distrito de Gadchiroli, en Maharashtra. La tragedia conmocionó a las comunidades tribales, que se movilizaron para reclamar medidas de protección más eficaces y seguridad para sus miembros. Entre las numerosas demandas figuraban la mejora de las condiciones en los internados y las escuelas residenciales (ashram shaalas), que a menudo son poco seguras y no proporcionan alimentos adecuados, servicios de salud y atención médica, así como una indemnización para las familias de los estudiantes fallecidos en estas instituciones. Las demandas también incluían la implementación de sistemas de ayuda e incentivos para que los estudiantes puedan hacer frente a la inflación.
Los estudiantes también se opusieron a las modificaciones en la Government Resolution (GR), que establece nuevas normas para las instalaciones y los servicios de las residencias estudiantiles destinadas a las comunidades tribales. La GR, emitida el 5 de agosto, proponía fijar en 26 años la edad máxima para inscribirse, un límite que hasta entonces no existía y que los manifestantes consideraban discriminatorio. Tras las protestas, el gobierno elevó inicialmente el límite a 30 años y finalmente lo abolió el 25 de agosto. En varias ocasiones, las autoridades han intentado modificar o introducir nuevas normas, pero se han visto obligadas a retirarlas ante la inmediata oposición pública.
La tragedia de las jóvenes de Gadchiroli y las controversias relacionadas con la GR han alimentado un descontento ya extendido entre la población tribal, relacionado también con el escándalo de la contratación para los puestos públicos reservados a estas comunidades. Según las acusaciones, más de 12.500 personas habrían obtenido un empleo utilizando certificados falsos. En la India, en efecto, un porcentaje de los puestos públicos está reservado a los miembros de las tribus reconocidas por la Constitución y clasificadas como Scheduled Tribes (ST). Según las normas estatales, las personas que aprueban el concurso y pertenecen a este grupo deben presentar un certificado que acredite su pertenencia en un plazo de seis meses. Muchos estudiantes acusan al gobierno de no haber supervisado adecuadamente la situación ni realizado los controles necesarios para verificar que los candidatos cumplieran los requisitos. Con respecto a este tema, Fadnavis aseguró a los estudiantes que el gobierno recopilará los datos necesarios y tomará medidas inmediatas contra los responsables, que serán despedidos si se comprueba que no poseen certificados válidos. Mientras tanto, el gobierno se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias para poner en marcha una nueva campaña de contratación a fin de cubrir 12.500 puestos públicos en los próximos seis meses.
El escándalo no es un fenómeno nuevo, sino un problema estructural que existe en India desde la década de 1990. En 2018, según datos estatales, más de 11.700 empleados públicos habían obtenido sus puestos mediante certificados tribales no válidos. En 2017 la Corte Suprema estableció que, en estas circunstancias, la contratación debía considerarse inválida y ordenó el despido de los responsables. A pesar de la sentencia, el fenómeno ha continuado y, ante la falta de controles adecuados por parte de los Estados, una parte de estos empleados continúa en sus puestos sin cumplir los requisitos establecidos por la ley.
