Katmandú (AsiaNews/Agencias) – Un año después de las protestas que sacudieron Nepal y provocaron la caída del gobierno encabezado por KP Sharma Oli, las heridas de la revuelta de la "Gen Z", los jóvenes que salieron a las calles a manifestarse, todavía no se han cerrado, mientras el país intenta hacer frente también a las miles de pérdidas ocasionadas por las devastadoras inundaciones que se produjeron hace dos semanas.
Hace un año, toda una generación de jóvenes consiguió provocar un cambio en las más altas esferas del Estado, que condujo primero a la formación de un gobierno interino encabezado por la exjueza Sushila Karki y, pocos meses después, a la elección como primer ministro de Balendra Shah, de 35 años, exalcalde de Katmandú y rostro de la nueva política. Pero para los manifestantes que resultaron heridos, las familias de las personas asesinadas y quienes todavía esperan una indemnización, el cambio prometido todavía no se ha concretado.
Hoy, primer aniversario de las manifestaciones de la Gen Z, decenas de jóvenes se congregaron frente al edificio del antiguo Parlamento de Katmandú, incendiado durante las protestas del año pasado, para conmemorar a las víctimas. Las manifestaciones habían comenzado el 8 de septiembre de 2025 contra el bloqueo impuesto por el Gobierno a varias redes sociales. Pero detrás de la indignación por la censura se acumulaban en realidad años de frustración por la corrupción y el nepotismo de una clase política percibida como alejada de la vida de los jóvenes, que sufrían las consecuencias de las dificultades económicas.
Con la intervención de las fuerzas de seguridad, las manifestaciones se volvieron violentas. Entre el 8 y el 9 de septiembre de 2025 murieron 76 personas y otras 2.638 resultaron heridas. El Parlamento y otros edificios públicos, entre ellos la oficina del primer ministro, fueron incendiados. Ante la presión popular, Oli renunció y el 12 de septiembre se formó un gobierno interino encabezado por Sushila Karki.
Seis meses después, las elecciones parlamentarias dieron la victoria al Rastriya Swatantra Party, una fuerza surgida de las protestas contra la vieja clase dirigente, que obtuvo una mayoría cercana a los dos tercios.
¿Regreso al pasado?
Sin embargo, una revisión independiente constató que solo 38 de los primeros 100 compromisos asumidos por el gobierno de Shah se habían cumplido en los primeros cien días. El Ejecutivo también fue criticado por algunos nombramientos en la conducción de organismos públicos que se consideraron poco transparentes y que seguían vinculados a prácticas clientelares. Es el caso, por ejemplo, de los nombramientos en organismos como el Bagmati Civilisation Committee, Nepal Scouts y la Universidad Tribhuvan, que, según el Kathmandu Post, fueron criticados por no respetar criterios suficientemente inclusivos y meritocráticos. También ha sido cuestionado el manejo del desalojo de los asentamientos informales a orillas de los ríos de Katmandú, porque supuestamente habría eludido las consultas y los procedimientos establecidos por la ley.
A esto se suma una creciente concentración del poder ejecutivo. Algunas políticas se anuncian directamente a través de Facebook antes de que se completen los procedimientos en el Consejo de Ministros o en el Parlamento. Esta forma de comunicación ha contribuido a la popularidad de Shah, pero al mismo tiempo corre el riesgo de debilitar el control parlamentario y el papel de las instituciones.
Esta concentración de autoridad también ha planteado interrogantes sobre el compromiso del Ejecutivo con el federalismo. Una de las promesas era la de no centrar toda la atención en el área de la capital.
La reorganización de la administración pública también se señala como un aspecto problemático: ciertas medidas que se han aplicado a la estructura del servicio civil y se consideran demasiado agresivas podrían provocar una parálisis burocrática en lugar de una reforma duradera. Paralelamente, el gobierno ha mantenido cierta distancia con la prensa y las voces críticas independientes.
A la espera de justicia
El tema más delicado, sin embargo, sigue siendo la responsabilidad por la violencia de septiembre de 2025. El ascenso de algunos comandantes de la policía que dirigieron las operaciones durante las cuales murieron los manifestantes ha alimentado aún más el sentimiento de traición entre las víctimas y sus familias.
Es el caso, por ejemplo, de Rakesh Mahato, de 25 años, originario del distrito de Sarlahi. Estudiante universitario y aspirante a funcionario público, el 8 de septiembre de 2025 salió a la calle junto con su hermano. Durante la manifestación, la policía abrió fuego frente al Parlamento. Otro manifestante, Dipendra Basnet, recibió un disparo en la cabeza. Mahato intentó ayudarlo, pero también fue alcanzado por una bala en el abdomen. Estuvo inconsciente durante tres días, y cuando despertó ya no podía mover las piernas.
Un año después, continúa sometiéndose a fisioterapia y pasa la mayor parte del tiempo en el hospital. Pero lo que le amarga no es solo la discapacidad, sino la sensación de que nadie ha aclarado todavía quién disparó y por qué. "Ni siquiera han investigado quién nos disparó ni por qué", declaró al Kathmandu Post. "A veces parece que este gobierno no es diferente de los anteriores".
Una investigación dirigida por el expresidente de la Corte Suprema, Gauri Bahadur Karki, concluyó que la policía hizo un uso excesivo e indiscriminado de la fuerza. Según el informe, las fuerzas de seguridad estuvieron disparando durante unas cuatro horas y las autoridades políticas tampoco intervinieron para detener la represión.
La investigación condujo al arresto del ex primer ministro Oli y del exministro del Interior, Ramesh Lekhak, quienes fueron acusados de las muertes ocurridas durante la represión. Sin embargo, ambos fueron posteriormente liberados tras una intervención de la Corte Suprema y, un año después, todavía no se ha formalizado un proceso judicial contra ellos. Según el informe de la comisión, 51 de las 76 víctimas murieron por disparos de arma de fuego, muchos de ellos en la cabeza o el pecho.
Y aunque los manifestantes consiguieron cambiar el rostro de la política nepalí, hoy muchos de los que pagaron el precio más alto por las protestas no han encontrado un lugar en el nuevo sistema que contribuyeron a crear. Prakash Bohora, de 29 años, por ejemplo, se había convertido en uno de los símbolos de la revuelta cuando se viralizó una fotografía de sus zapatos blancos ensangrentados. Resultó herido en una pierna, y luego intentó transformar su experiencia como manifestante en una carrera política. Se presentó a las elecciones parlamentarias en las listas del Rastriya Swatantra Party, pero no fue elegido, y posteriormente intentó sin éxito ingresar en el comité central del partido. Hoy camina con muletas y todavía debe someterse a cuatro operaciones.
Pasos para seguir avanzando
El Ejecutivo encabezado actualmente por Shah rechaza las acusaciones de haber abandonado a los manifestantes. La ministra de Justicia, Sobita Gautam, afirma que el gobierno mantiene un contacto regular con los heridos y las familias de las víctimas y que está trabajando en la creación de un Gen Z Council, destinado a convertirse en un canal institucional a través del cual sus demandas puedan llegar a las autoridades. "No es que hayamos dejado de hablar con ellos", declaró. "Pero puede ser difícil hablar con cada uno de ellos individualmente. Por eso queremos que el Gen Z Council sea un canal a través del cual sus preocupaciones puedan llegar al gobierno". Gautam reconoció que los que resultaron directamente afectados se sienten frustrados por la lentitud del proceso, pero explicó que las autoridades necesitan tiempo para establecer los mecanismos necesarios para aplicar los acuerdos.
El desafío para Shah es ahora transformar la popularidad obtenida durante las revueltas en instituciones más sólidas. También hacen falta normas más estrictas sobre la transparencia financiera de los partidos y los conflictos de intereses, investigaciones anticorrupción realizadas con neutralidad política y una genuina transferencia de competencias administrativas y financieras a las provincias para poner plenamente en práctica el federalismo.
