Faisalabad (AsiaNews) - Los defensores de los derechos humanos expresaron su preocupación por el caso de una menor de Faisalabad que fue secuestrada, convertida por la fuerza al islam y obligada a contraer matrimonio. Condenan en particular la decisión del tribunal de otorgar la custodia al secuestrador, una decisión profundamente preocupante que expone a la víctima a nuevos episodios de violencia, intimidación y abusos. Exigen una intervención inmediata para garantizar la protección de la niña, hacer respetar el Estado de derecho y llevar ante la justicia a todos los responsables. Se exhorta también al gobierno a tipificar como delito la conversión religiosa forzada.
Joseph Janssen, presidente de Voice for Justice, recordó que la conversión forzada es una práctica de carácter religioso que resulta posible gracias al apoyo o el silencio de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley. Testificó que, en la sala del tribunal, los abogados amenazaron a la víctima con acusarla de apostasía si renegaba del islam, un grave abuso de autoridad jurídica y moral que calificó de "terrorismo islámico". Añadió que existe la creencia generalizada de que las leyes en materia de protección de menores, mujeres y minorías dejan de aplicarse cuando una persona, independientemente de su edad, se convierte al islam. Jansen pidió públicamente a la ministra principal de Punjab, Maryam Nawaz Sharif, para que tome medidas inmediatas contra lo que calificó como una grave injusticia, la violación de una menor y la sustracción de una persona menor de edad de la custodia de sus padres. También prometió llevar el caso ante foros internacionales, entre ellos la ONU y el Parlamento Europeo, si la menor no es devuelta a su familia.
Según la reconstrucción de los hechos, el 12 de junio de 2026 Mohsin Liaquat secuestró a la niña de 13 años en Faisalabad. En la comisaría de policía de Raza Abad se registró la denuncia n.º 838/26 conforme al artículo 365-B del Código Penal de Pakistán. Dos semanas después, la policía arrestó al acusado, rescató a la víctima y la puso bajo la protección de la Unidad contra la Violencia de Género de la Policía de Faisalabad. El 27 de junio de 2026, la víctima declaró que la familia del acusado la había instruido y obligado a afirmar falsamente que era mayor de edad. Los agresores presentaron entonces un certificado de conversión religiosa y un certificado de matrimonio en los que se consignaba falsamente como fecha de nacimiento junio de 2008, a pesar de que sus padres se habían casado en 2012. A la luz de estas contradicciones, el tribunal ordenó un peritaje médico para determinar la edad de la menor y dispuso que fuera alojada provisionalmente en Dar-ul-Aman, un centro de acogida del gobierno, a la espera del resultado. Sin embargo, el 25 de julio de 2026, a pesar de las graves inconsistencias del caso, el tribunal de primera instancia otorgó la custodia de la niña a su secuestrador, es decir, al presunto marido, y concedió la libertad bajo fianza al acusado.
Ashiknaz Khokhar, activista de derechos humanos, afirmó que resulta profundamente preocupante que los tribunales no otorguen la debida importancia a los registros oficiales de nacimiento ni a otras pruebas documentales para determinar la edad de las víctimas menores. Añadió que la protección de los menores nunca debe quedar subordinada a documentos que pueden estar falsificados, declaraciones obtenidas bajo coacción o presuntos consentimientos obtenidos en condiciones de vulnerabilidad y sometimiento. Afirmó que el caso constituye una prueba decisiva del compromiso de Pakistán con la protección de los derechos de las minorías religiosas y la aplicación efectiva de sus propias leyes de protección infantil. Subrayó asimismo que el presunto consentimiento o la declaración de un menor no pueden, por sí solos, determinar cuestiones relativas a la custodia o la tutela, y advirtió de que la orden del tribunal no tiene en cuenta el interés superior de la víctima.
La activista de derechos humanos Lala Robin Daniel afirmó que las investigaciones y los juicios injustos están socavando las leyes progresistas —como la Ley de Prohibición del Matrimonio Infantil de Punjab de 2026—, porque terminan legitimando el matrimonio infantil y los abusos contra menores en abierta violación de las disposiciones de las leyes vigentes. Daniel considera que las autoridades encargadas de la administración de justicia deben reconocer que el matrimonio con un menor y la convivencia derivada del mismo constituyen delitos penales. Observó que las autoridades pakistaníes no han logrado controlar el persistente fenómeno de los secuestros, las conversiones forzadas y los matrimonios infantiles que afectan a niñas menores de edad pertenecientes a minorías religiosas, a pesar de la resolución aprobada por el Parlamento Europeo el 9 de julio de 2026 que instó a Pakistán a investigar de forma independiente todas las denuncias, perseguir a los responsables y cómplices, garantizar la seguridad y protección de las víctimas, fortalecer la capacidad judicial y aplicar plenamente las leyes sobre el matrimonio infantil en todo el país.
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