Karachi (AsiaNews) - Evitar que una presunta acusación de blasfemia degenere en violencia contra la minoría cristiana, como lamentablemente ya ha ocurrido varias veces en Pakistán, realmente es posible. Así quedó demostrado el 8 de julio en Karachi, cuando miles de personas se concentraron en la zona de Kazafi Colony, en Baldia Town, al difundirse la noticia de que una madre cristiana y su hijo habrían profanado algunas páginas del Corán. Gracias a los esfuerzos conjuntos de las autoridades civiles, las fuerzas de seguridad y referentes musulmanes pertenecientes a diferentes escuelas de pensamiento islámico, la situación se pudo controlar, evitando el riesgo de que se produjera un nuevo episodio de violencia sectaria.
Kashif Anthony, coordinador de la Comisión Católica de Justicia y Paz (CCJP) y secretario de la Comisión Católica para el Diálogo Interreligioso y el Ecumenismo de la arquidiócesis de Karachi, informó que una madre cristiana y su hijo fueron acusados de haber profanado algunas páginas del Corán y de enviarlas, a través el servicio postal pakistaní, a cinco destinos diferentes desde Saddar, un barrio de la ciudad. Al parecer, uno de los paquetes fue recibido por un comerciante que, al sospechar de su contenido, alertó a los vecinos y posteriormente a la policía para que verificara lo ocurrido.
La noticia de la presunta profanación se difundió rápidamente y provocó la concentración de miles de personas en la zona. Según Anthony, algunos participantes habrían incitado a la violencia contra los acusados, alimentando un clima de fuerte hostilidad. Varias familias cristianas, temiendo posibles agresiones, se refugiaron en sus viviendas, mientras que se registraron daños en algunas propiedades e intentos de ataques por parte de la multitud. Desde el primer momento quedó claro que la situación era extremadamente delicada y que podía derivar en un episodio de violencia a gran escala.
Según los responsables de la Iglesia católica local, la escalada se pudo evitar gracias a la rápida intervención de representantes políticos, estudiosos islámicos y líderes de las comunidades locales, que trabajaron conjuntamente para restablecer la calma. También fue decisivo el despliegue de un imponente dispositivo de seguridad por parte de la policía y de los Rangers, el cuerpo paramilitar encargado de mantener el orden público. Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona para proteger a las familias cristianas y sus viviendas, y protegieron tanto la seguridad de la familia acusada como de los demás residentes cristianos del barrio.
Uno de los aspectos más significativos de lo ocurrido fue la manifestación de una verdadera solidaridad interreligiosa. Anthony explicó que estudiantes pertenecientes a distintos seminarios islámicos, junto con figuras políticas y numerosos miembros de la comunidad musulmana local, se apostaron frente a las casas de las familias cristianas para disuadir cualquier agresión. Al mismo tiempo, invitaron a la multitud a actuar con moderación y recordaron que personas aún no identificadas podrían haber orquestado deliberadamente el incidente con el propósito de provocar un enfrentamiento entre musulmanes y cristianos. Por eso insistieron en que las acusaciones que todavía no han sido verificadas no pueden justificar actos de violencia contra ciudadanos inocentes.
Destacados eruditos pertenecientes a diferentes escuelas de pensamiento islámico y numerosos dirigentes políticos también se dirigieron a los manifestantes, instándolos a no hacer justicia por su mano. En sus intervenciones reiteraron que la violencia, los actos justicieron y los ataques contra inocentes son contrarios a las enseñanzas del Islam y constituyen una amenaza para la convivencia pacífica entre las diferentes comunidades religiosas del país.
El director de la Comisión Católica de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Karachi, el P. Shahzad Arshad, había hecho un llamamiento a las autoridades civiles y a las fuerzas del orden para que garantizaran la plena protección de las personas inocentes y de sus bienes. Posteriormente expresó su agradecimiento por la labor de la policía, los Rangers y los demás organismos de seguridad. Asimismo, reconoció el papel positivo desempeñado por numerosos representantes políticos y religiosos de Baldia Town, entre ellos el vicepresidente de la Asamblea de Sindh, Naveed Anthony, dirigentes políticos locales, líderes musulmanes, el muftí Abdullah Noori, el muftí Zubair, miembro del Consejo de Ideología Islámica, Allama Bilal Saleem Qadri, estudiantes de seminarios islámicos y representantes de la comunidad cristiana, se unieron a fin de proteger a los residentes más vulnerables y promover la justicia y la paz.
En el plano judicial, tras una consulta entre eruditos islámicos pertenecientes a diferentes corrientes, se registró formalmente una denuncia por el presunto episodio de blasfemia sobre la base de la denuncia presentada por el muftí Abdullah Noori, del Tahaffuz-e-Khatm-e-Nabuwwat Front. La policía abrió una investigación para identificar y arrestar a los responsables del presunto acto de blasfemia.
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Por último, líderes cristianos y musulmanes emitieron un llamamiento conjunto en el que reclamaron una investigación exhaustiva, imparcial y conforme a la ley, para que todas las responsabilidades se determinen exclusivamente a través de los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico pakistaní. El muftí Zubair y Allama Bilal Saleem Qadri también exhortaron a la población a mantener la calma y rechazar cualquier intento de alimentar la hostilidad entre musulmanes y cristianos, recordando que el Islam obliga a proteger la vida, la dignidad, los bienes y los derechos de las minorías religiosas.
Los estudiosos islámicos también alentaron a los imanes de Baldia Town a dedicar los sermones del viernes a la armonía religiosa, la fraternidad, la convivencia pacífica y el respeto del estado de derecho, advirtiendo contra aquellos que buscan deteriorar las relaciones entre las diferentes comunidades. El llamamiento concluye invitando a todos los ciudadanos a no dejarse influir por rumores infundados, a no recurrir jamás a la violencia o a la justicia por mano propia y a preservar la paz, el respeto mutuo y la protección de los derechos de la comunidad cristiana. Reiteraron también que cualquier presunta violación de la ley debe afrontarse exclusivamente mediante los procedimientos ordinarios de investigación y judiciales.
