Colombo (AsiaNews) - Debido a los retrasos en la aplicación de algunas normas, la creciente crisis de la deuda rural en Sri Lanka está adquiriendo un carácter abusivo, con aplicaciones ilegales de préstamos para smartphones que siguen propagándose de forma agresiva por toda la isla.
La mayoría de los estafadores utiliza promociones y anuncios en las redes sociales para atraer clientes, centrándose especialmente en quienes residen en pueblos remotos. Esto sigue siendo posible porque aún no se ha promulgado una orden ministerial —que debe publicarse en el Boletín Oficial— necesaria para activar los mecanismos de aplicación de la Ley de la Autoridad Reguladora de las Microfinanzas y el Crédito, por lo que el organismo regulador recién constituido carece de cualquier autoridad efectiva.
Las aplicaciones ilegales para teléfonos inteligentes se centran sobre todo en las zonas rurales y en las personas más vulnerables, con comisiones ocultas, tipos de interés elevados y plazos de amortización cortos. Los prestamistas en línea recopilan habitualmente información personal sensible de las agendas de los teléfonos móviles para presionar, o incluso insultar y avergonzar, a los prestatarios que no cumplen con los pagos.
Precisamente para hacer frente a este problema, el pasado 4 de marzo el Parlamento promulgó la ley sobre la autoridad reguladora del microcrédito, que, sin embargo, sigue paralizada. Los abogados Seetha Amarasinghe y Ruchira Almeida explican a AsiaNews que «este estancamiento legislativo salió a la luz durante los debates de control dirigidos por los miembros de la Comisión Parlamentaria de Supervisión Sectorial sobre Desarrollo Económico, junto con grupos de defensa de base como el “Yukthi Collective”, una conocida organización de defensa de los consumidores de base de Colombo, y el Centre for Equality and Justice (CEJ)». Estas comisiones han solicitado una rápida aceleración administrativa. Según ha informado un responsable del «Yukthi Collective», se está produciendo una evolución alarmante de los problemas financieros, en la que el smartphone se ha convertido en un arma contra los pobres».
«A diferencia de las instituciones de microfinanzas tradicionales (IMF), los prestamistas virtuales no requieren ninguna infraestructura física, ya que operan exclusivamente a través de ecosistemas de aplicaciones móviles. Atraen a prestatarios en situación de desesperación económica con la promesa de dinero en efectivo inmediato. Las aplicaciones prometen plazos de devolución cortos y asequibles, pero cambian rápidamente de actitud tras la descarga, imponiendo renovaciones ocultas y comisiones de gestión exorbitantes, incluidas tasas anuales efectivas globales (TAEG) que a menudo superan varios cientos de puntos porcentuales».
Según altos cargos del Banco Central de Sri Lanka (CBSL), «el CBSL tomó medidas decisivas el 5 de agosto de 2026, ampliando su lista negra oficial para prohibir 26 importantes redes y aplicaciones financieras ilegales (entre ellas, «TM App», variantes de MTFE y OnmaxDT)». Sin embargo, los desarrolladores eluden fácilmente estas prohibiciones renombrando o clonando sus aplicaciones de un día para otro. Estas aplicaciones se centran principalmente en los microempresarios, los jornaleros y las mujeres del medio rural que no tienen acceso a los servicios bancarios comerciales formales. Según la nueva ley, las sanciones pueden incluir multas de hasta 5 millones de rupias y 5 años de prisión. No obstante, no podrán entrar en vigor hasta que el ministro publique la ordenanza en el Boletín Oficial. En este vacío transitorio, el CBSL es el único supervisor activo, que se basa en antiguos estatutos bancarios para incluir entidades en la lista negra, en lugar de aprovechar los mecanismos especializados y rigurosos de defensa del consumidor que ofrece la nueva ley».
La Asociación de Servicios de Desarrollo Crediticio (ALDS) sostiene que «dado que estas operaciones de préstamo en línea son ilegales y no están registradas, los prestatarios no tienen ninguna obligación de reembolsar reclamaciones ilegítimas». Según han informado algunas víctimas de la estafa —Sumanawathie Appuhamy, Wijepala Ratnayaka y D. M. Jayasinghe, de Nochchiyagama, en Anuradhapura (provincia del Noroeste)—, «a pesar de las diversas denuncias presentadas ante el CBSL, no ha habido respuesta alguna».
