Colombo (AsiaNews) - Los agricultores de Welimada —en el distrito de Badulla, provincia de Uva (en la región de las mesetas centrales)—, que en 2011 perdieron sus tierras a causa del embalse de Puhulpola, han salido a la calle, aunque con un retraso de 15 años, para protestar e intentar obtener una indemnización. En el pasado, en el marco de un proyecto conjunto entre Sri Lanka e Irán, se construyeron dos presas en Mathetilla y Dyraaba, con un coste de 76.300 millones de rupias (algo menos de 199 millones de euros), con el fin de desviar el agua a través de dos túneles. Han pasado más de 15 años, pero los pagos de las indemnizaciones se han retrasado o aplazado sin justificación alguna.
Según denuncian los agricultores de la zona, su situación económica se ha desplomado a causa del proyecto —que para ellos supone más bien un problema de larga data— y, por ello, han decidido unirse y protestar en un intento por obtener una indemnización. La población ya se ha beneficiado de los proyectos, aunque los pagos de las indemnizaciones prometidas se han retrasado hasta la fecha. Sin embargo, a pesar de los aspectos positivos, el proyecto habría provocado importantes desplazamientos de personas y daños a la propiedad, y muchos residentes se enfrentan a cuestiones sin resolver.
La iniciativa de los agricultores de Welimada tiene, por tanto, como objetivo dar una respuesta eficaz a las reclamaciones derivadas de las pérdidas de tierras y propiedades, causadas por la ejecución del proyecto conjunto entre Colombo y Teherán. Sunil Wijedasa (66 años), Kamani Rupasinghe (64) y Neetha Damayanthi (58) han querido explicar a AsiaNews el fundamento de sus quejas. En aquel momento «se presentó un documento al Consejo de Ministros relativo al pago de indemnizaciones por los arrozales expropiados para el proyecto y se prometieron dos acres y medio en Handapanagala, en la provincia de Wellawaya (provincia de Uva), además de un pago de 8.000 rupias por persona (poco menos de 21 euros) durante 12 meses para el cultivo de esas tierras».
«Además, se nos había prometido —continúan los agricultores— el suministro de agua a través del proyecto Uma Oya. Sin embargo, hasta la fecha no se nos han asignado las tierras prometidas. Nuestra economía se ha derrumbado y no podemos garantizar una educación adecuada a nuestros hijos; por lo tanto, pedimos que se nos abone la indemnización. En la actualidad, la mayoría de los agricultores ha abandonado la actividad agrícola. Los jóvenes se han marchado al extranjero en busca de pastos más verdes. Los ancianos siguen esperando la indemnización y aún viven en la zona. En los últimos 15 años se han sucedido varios gobiernos, pero nuestro asunto —concluyen— no se ha resuelto a pesar de las promesas realizadas durante la campaña electoral».
Según T.M.M.P. P. Tennakoon, tesorero de una organización de agricultores cuyas tierras fueron expropiadas, el cultivo ya llevaba tres años en marcha cuando las autoridades se apropiaron por la fuerza de las tierras. «Nos habían prometido dos acres y medio de terreno en Wellawaya y, posteriormente, se nos comunicó que, en lugar del terreno, recibiríamos una indemnización. Según los cálculos, solo pagarán 4.500 rupias por cada percha, lo que equivale al precio de 25 kg de arroz, una suma insuficiente para cubrir la pérdida sufrida. El terreno expropiado a los residentes —advierte el experto y activista— tenía un valor de 100.000 rupias por percha. Aunque las estimaciones del Gobierno son inferiores al valor real del terreno, hasta ahora no se nos ha abonado ninguna cantidad».
Según ha revelado R. M. Dhanapala, secretario de la organización de agricultores, «se han expropiado 18 acres de terreno pertenecientes a 139 familias con la garantía de que se nos asignarían dos acres a cada uno en Handapanagala». Posteriormente, continúa, «se nos comunicó que el terreno no estaba disponible y que se nos pagaría una indemnización de 1,2 millones de rupias (más de 3.100 euros) por acre. Se debería haber creado una comisión de recurso en la Secretaría del distrito de Badulla, pero esto no se llevó a cabo. Hemos planteado —concluye— la cuestión también ante la Comisión de Derechos Humanos, donde los funcionarios del Gobierno reconocieron que se debería haber abonado una indemnización más elevada, pero esto no se ha llevado a la práctica».
Por último, según los funcionarios de la Secretaría de la División de Uva Paranagama, «las personas afectadas presentarán un nuevo recurso ante la subcomisión del Consejo de Ministros creada para resolver la cuestión» . Según altos funcionarios del Ministerio de Agricultura, «el mes que viene se celebrará en Welimada una reunión pública, durante la cual los funcionarios recabarán las reclamaciones y preocupaciones de los afectados. En consecuencia, estos últimos —concluyen— podrían recibir una indemnización antes de que termine el año».
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