Damasco (AsiaNews) - Muath no podía oír la orden que podría haberlo salvado. Los soldados lo llamaron, pero él no se detuvo. Entonces le dispararon. En su aldea, Jamla, ni el hecho de que los habitantes lo conocieran, ni su sordera ni el síndrome de Down lo salvaron. Su vida terminó en un puesto de control de un ejército extranjero, en el lugar donde debería haber estado a salvo: su propia tierra.
Así relató un habitante el asesinato de Muath Salama al-Baeer ocurrido al amanecer del pasado 22 de octubre de 2026. En un testimonio filmado, Ahmed Moussa Sbeihi contó que una fuerza israelí entró en Jamla, en la cuenca del Yarmuk, al oeste de Daraa, registró viviendas y estableció un puesto de control. Los soldados dispararon contra Muath, quien, debido a su sordera, no había respondido a la orden de detenerse. Los habitantes dijeron que estaba desarmado y que vivía con sus hermanas desde la muerte de sus padres.
Ese mismo día los habitantes de la aldea y personas de otras localidades de Daraa lo acompañaron hasta el lugar de sepultura. Al día siguiente, las protestas llegaron a Damasco, Homs, Hasakah, Quneitra y distintas zonas de la provincia de Damasco. Su muerte planteó una pregunta que va más allá de las circunstancias del tiroteo: ¿cuánto debe demostrar un sirio que es un civil para poder recorrer su propia aldea sin miedo?
Frente a las oficinas de la ONU en Mazzeh, entre los manifestantes había familias que esperaban noticias de sus parientes detenidos por Israel. En Khan Arnaba, Quneitra, reclamaban el fin de las incursiones y la liberación de los detenidos. Distintos sufrimientos se encontraban en las calles y tenían un denominador común: las fronteras ya no protegen a los habitantes de la llegada de militares a sus casas.
La casa que ya no espera el regreso de sus habitantes
El miedo había comenzado antes de la muerte de Muath. En un testimonio recogido por Amnistía Internacional, una mujer que había enviudado durante la guerra contó que había perdido la casa construida por su marido y el pequeño terreno contiguo que sustentaba a la familia. Cuando llegaron las fuerzas israelíes, la vivienda fue demolida y el terreno quedó arrasado. Había perdido mucho más que un techo: lo que quedaba del esfuerzo de su marido y el sustento familiar.
En Rassim al-Rawadi, un hombre contó que los soldados lo habían retenido junto con su esposa y sus tres hijos durante seis horas, antes de ordenarles que se marcharan. Cuarenta días después pudieron regresar. La casa era un montón de escombros. Entre la partida y el regreso había desaparecido el lugar donde deberían haber podido retomar su vida.
La investigación publicada por Amnistía Internacional, que data de mayo pasado, enumera al menos 23 estructuras civiles dañadas o destruidas en tres aldeas y nueve bases israelíes construidas en Quneitra y Daraa desde diciembre de 2024. La organización consideró que las demoliciones investigadas no respondían a una necesidad militar imperiosa y pidió que se investigaran como crímenes de guerra.
Son daños que dan otro significado a la palabra "temporal". Cuando una presencia militar se convierte en una base y una casa desaparece bajo una excavadora, ya no se trata de una patrulla que entra y sale. La pregunta es qué quedará después de la retirada y si los propietarios encontrarán una vida a la que puedan regresar.
Los efectos de las incursiones van más allá de las familias cuyas casas fueron demolidas o cuyos familiares están detenidos. Los vecinos reconsideran sus recorridos y horarios; los padres se preguntan si es seguro el camino a la escuela; un pastor teme acercarse a las tierras de su familia. Ir a la escuela o a los campos se ha convertido en un riesgo que hay que calcular según los horarios de las patrullas ¿Desde cuándo una calle pública se ha convertido en un paso donde un puesto de control decide quién puede transitar?
En los campos, la pregunta ya no es solo hipotética. Sbeihi, quien relató el asesinato de Muath, también habló de la cosecha de aceitunas y de las dificultades para acceder a los árboles. Contó que se exigen documentos y fotografías para obtener permisos de recolección cerca de los puestos militares. Una cosecha que se espera durante todo el año depende ahora de una autorización.
La relación con la tierra cambia antes de que cambie el mapa oficial. El campo sigue perteneciendo legalmente a su dueño, pero el acceso ya no depende solo de él. La soberanía significa ahora poder recoger una cosecha, regresar a una casa y saber dónde está detenido un hijo.
El Golán que se extiende a la vida de las personas
Jamla es una aldea de Daraa, no forma parte del Golán ocupado. La distinción permite entender hasta dónde se extiende el problema. Israel, que ocupa gran parte del Golán desde 1967 y lo anexó en 1981 mediante una decisión rechazada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, avanzó hacia la zona de separación y otras áreas sirias tras la caída de Assad, el 8 de diciembre de 2024. Los efectos de su presencia militar se sufren incluso más allá de las antiguas líneas de ocupación..
En septiembre de 2026 la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU sobre Siria advirtió que esa presencia se había consolidado mediante incursiones, registros, puestos de control e infraestructuras fijas. Identificó a 49 personas, entre ellas dos menores, detenidas en Siria y presuntamente trasladadas a Israel, y advirtió que algunos de estos actos podrían constituir crímenes de guerra.
Damasco condenó el asesinato de Muath a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores y responsabilizó a Israel. El ministro de Justicia, Mazhar al-Wais, elogió las protestas del 23 de octubre como una respuesta popular y legal a los ataques. Sin embargo, la reacción anunciada se limitó a la condena y a declaraciones generales, sin un plan concreto, plazos ni medidas cuyos resultados pudieran comprobar los habitantes.
El lenguaje oficial parece insuficiente frente a la gravedad de los hechos. Las condenas se repiten como las incursiones; se elogia el patriotismo de los manifestantes mientras su protección sigue pendiente. Sin explicar qué cambiará después de un comunicado, la condena corre el riesgo de convertirse en un mero gesto formal, por enérgico que sea. Las familias quieren saber qué hará el gobierno con su indignación, más allá de compartirla.
La pregunta no implica exigir otra guerra a un país exhausto. Se puede rechazar el enfrentamiento militar y pedir una diplomacia responsable que ofrezca resultados concretos: conocer el destino de los detenidos, acceder a los terrenos, detener los ataques y obtener una retirada verificable. El temor es que las negociaciones continúen mientras una presencia que se presenta como medida de seguridad se vuelve permanente.
Las palabras ante la ONU y la prueba de los hechos
Hace poco más de un mes, Ahmed al-Sharaa había afirmado ante la Asamblea General de la ONU que el Golán seguiría siendo sirio y había reclamado el regreso de las fuerzas israelíes a las posiciones anteriores al 8 de diciembre de 2024. En el Atlantic Council había contado que, en tono de broma, le preguntó a Donald Trump por qué no le regalaba Nueva Jersey a Israel: Estados Unidos no es dueño de la tierra siria para disponer de ella.
El rechazo a cualquier cesión era claro, pero persistía la distancia entre proclamar un derecho y proteger a quienes lo ejercen. La muerte de Muath y las protestas en el sur volvieron a plantear esa cuestión a la presidencia: ¿qué resultados han dado las reuniones y cómo perciben los ciudadanos la presencia de su país en los foros internacionales?
En el libro de visitas del secretario general de la ONU en Nueva York, Sharaa escribió de su puño y letra un versículo de la sura 9 del Corán: "Di: ¡Actúen! Dios verá sus obras, y también su Mensajero y los creyentes".
El presidente de transición eligió la palabra "Actúen". En el sur esperan algo concreto: una casa a la que regresar, un camino seguro para ir a la escuela, una cosecha sin permisos. Entre el versículo escrito en el libro de visitas y estas vidas en suspenso, queda pendiente una pregunta: ¿qué verán los sirios?
