Estambul (AsiaNews)- Los kurdos, las personas de orientación sexual LGBT+ y otros miembros de minorías están unidos por un elemento común: han sido víctimas de un "uso creciente de la tortura" de parte de las autoridades turcas en el pasado reciente. Un informe publicado recientemente por la Fundación de Derechos Humanos de Turquía (Tihv/Hrft) muestra que en 2023 al menos 739 personas - aunque los datos podrían estar subestimados - en Ankara, Diyarbakır, Estambul, Esmirna, Van y Cizre sufrieron personalmente torturas o maltratos. A estos se suman otros 42 casos de personas que denunciaron abusos contra familiares o amigos.
El estudio de 2023, basado en denuncias recogidas en centros de tratamiento y rehabilitación vinculados a Tihv/Hrft, muestra un número "significativo" de casos de tortura, abusos graves y maltratos. Desde que fue creada en 1990, la Fundación ha recibido un total de 21.894 pedidos de ayuda, de los cuales 7.548 desde 2014. Sólo en el último año 781 personas solicitaron ayuda y protección tras haber sufrido violencias. Específicamente, 731 casos se produjeron dentro de las fronteras nacionales y ocho fueron denunciados desde el exterior por agentes o personalidades vinculadas a Turquía. El informe señala que el 72,2% de los casos reportados en 2023 ocurrieron dentro de ese año, mientras que el resto de casos se verificaron en años anteriores, de los cuales el 90% en los últimos seis años. El año pasado al menos seis personas también murieron en prisión o bajo custodia debido a torturas.
Una parte importante de las víctimas fueron mujeres y miembros de la comunidad LGBTI+. En concreto, 240 se identificaron como mujeres, 428 como varones y 63 como no binarios/queer. La distribución de las denuncias entre los meses mostró un pico entre junio y julio, en correlación con el aumento de las intervenciones policiales durante los eventos de la Semana del Orgullo. Las edades de los solicitantes oscilaron entre los 7 y 77 años, casi la mitad de ellos entre los 19 y 35 años.
El informe señala un aumento preocupante de las detenciones no oficiales o secretas: 598 solicitantes declararon que habían sido detenidos oficialmente, mientras que 133 informaron haber sido retenidos de manera extraoficial y no registrada. Esta tendencia está relacionada con las intervenciones policiales durante manifestaciones públicas y los comunicados de prensa, y los expertos la describen como "el cambio de rostro de la tortura". El mayor número de solicitudes se registró en Estambul con 251 casos, seguido de Esmirna, con 172, y Van, con 161. A pesar de la interrupción del servicio durante casi cuatro meses debido al terremoto de febrero de 2023, la oficina de Diyarbakır recibió 125 solicitudes. Cizre y Ankara recibieron 40 y 32 solicitudes.
El Departamento de Policía de Estambul fue identificado como el lugar donde se denunciaron la mayor cantidad de episodios de tortura, seguido de los departamentos de policía de Diyarbakır, Ankara y Van, donde sobre todo estuvo en la mira la minoría kurda. De hecho, el informe muestra que esta población, que desde hace tiempo es blanco de las autoridades y del presidente Recep Tayyip Erdogan, se ve afectada de forma "desproporcionada" por el recurso a la tortura. El análisis de los lugares de nacimiento y las lenguas maternas de los solicitantes de asistencia y protección indica que los de etnia kurda están sujetos a tasas de violaciones más altas que otros grupos étnicos, tendencia que se mantuvo en 2023.
Los abusos y las violaciones también los confirma un estudio de Amnistía Internacional, según el cual el año pasado continuaron las investigaciones, procedimientos judiciales y condenas infundadas contra defensores de los derechos humanos, periodistas, políticos de la oposición y activistas. Además, se han utilizado repetidamente las leyes antiterroristas y de desinformación para reducir la libertad de expresión, así como límites injustificados a la libertad de reunión pacífica. Al mismo tiempo, persiste una violencia "generalizada" contra las mujeres y las niñas, así como una retórica discriminatoria y estigmatizante hacia las personas LGBTI, los refugiados y los inmigrantes en el período anterior a las elecciones presidenciales y legislativas de mayo. Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios públicos siguen sufriendo los efectos de una cultura de impunidad, así como se registran acusaciones graves y creíbles de tortura y otros maltratos.
