Yakarta (AsiaNews) – Los bosques destruidos por los incendios en Indonesia deben ser restaurados y no transformados en plantaciones, zonas mineras u otros emprendimientos comerciales, reclamó la Comisión para la Justicia y la Paz, los Migrantes y los Itinerantes de la Conferencia Episcopal de Indonesia (KKP PMP-KWI), que pide al gobierno que aplique la ley de manera rigurosa, equitativa y transparente contra los responsables de los incendios y la destrucción ambiental.
Este reclamo está recogido en una declaración titulada "Escuchar el grito de la Tierra, defender la vida en la crisis de los incendios forestales y terrestres en Indonesia", que se publicó en Yakarta el 26 de octubre y está firmada por el P. Mathen Jenarut, secretario de la Comisión. El documento expresa preocupación por los incendios que afectan a distintas regiones del archipiélago, en particular Sumatra, Kalimantan, Papúa, las Molucas y Célebes.
La Comisión considera que no se trata solo de una emergencia ambiental, sino también de una cuestión que atañe a la dignidad humana, la justicia social y la posibilidad de garantizar condiciones de vida sostenibles a las generaciones futuras.
Las cifras que se reportan en la declaración muestran la magnitud del problema. Según el Ministerio de Bosques, hasta el 10 de octubre se habían registrado en Indonesia 11.772 anomalías térmicas detectadas por satélite. Por su parte, el Ministerio de Salud informó que en agosto más de tres millones de personas de siete provincias habían estado expuestas al humo provocado por los incendios. Hasta el 17 de octubre, en las zonas afectadas de Sumatra y Kalimantan se habían registrado 311.363 casos de infecciones respiratorias agudas.
La Comisión aclara que no todas las anomalías térmicas corresponden necesariamente a incendios y que tampoco todas las infecciones respiratorias pueden atribuirse directamente a la exposición a la neblina de humo. Sin embargo, subraya el documento, los datos muestran la gravedad de los riesgos para la salud pública, sobre todo para quienes disponen de menos recursos para protegerse.
Además de deteriorar la calidad del aire, los incendios destruyen los ecosistemas y amenazan las actividades de las que dependen muchas comunidades locales. Las poblaciones indígenas son especialmente vulnerables, porque su subsistencia material y cultural suele estar estrechamente vinculada a los bosques y a la tierra.
Por eso, la Comisión pide que los intereses económicos no prevalezcan sobre la seguridad de las personas, la protección del medioambiente y el derecho fundamental a vivir en un entorno saludable. También reclama al gobierno y a las empresas una gestión del territorio más transparente y responsable, junto con mayores inversiones en la prevención de incendios, la revisión de las políticas de uso del suelo y la recuperación de los ecosistemas dañados.
Uno de los puntos centrales de la declaración es precisamente el destino de las zonas quemadas. La Comisión rechaza que se destinen a nuevas plantaciones, actividades mineras u otros usos comerciales. Sostiene que restaurar los bosques no es solo una tarea técnica, sino también una obligación moral y jurídica para preservar el equilibrio ecológico. Los bosques no pueden considerarse únicamente recursos económicos, porque sustentan la vida de las comunidades y de todo el medio ambiente natural.
El documento plantea el llamamiento en siete demandas dirigidas a las instituciones, el sector empresarial y la sociedad civil: dar prioridad a la salud y la seguridad de las personas; llevar ante la justicia a los responsables de los incendios; proteger los derechos de las poblaciones indígenas y las comunidades locales; promover una gestión sostenible del territorio; reforzar la solidaridad con las personas afectadas; restaurar los bosques dañados; y traducir la conversión ecológica en comportamientos concretos, educación ambiental y políticas públicas más justas.
La Comisión también cita la encíclica Laudato si’ del papa Francisco y su enseñanza sobre la conexión entre el grito de la Tierra y el de los pobres. El deterioro ambiental, subraya, no se puede separar del sufrimiento de las personas que padecen sus consecuencias más graves. Por eso invita a los católicos y a todas las personas de buena voluntad a reforzar la solidaridad y transformar la preocupación por la crisis ecológica en acciones concretas.
La protección de las comunidades vulnerables también incluye a los migrantes. La misión pastoral de la Comisión comprende, en efecto, la ayuda a los trabajadores migrantes indonesios y sus familias. En este sentido, la religiosa pasionista Fransiska Kristina, originaria de Kalimantan Occidental, contó a AsiaNews que, durante un programa de capacitación de formadores, las diócesis de la región eclesiástica de Java acordaron dos iniciativas para reforzar el acompañamiento pastoral.
La primera contempla la creación de una base de datos de trabajadores migrantes, desde las comunidades eclesiales de base hasta las parroquias. La segunda consiste en utilizar herramientas de elaboración de perfiles para conocer mejor las condiciones económicas, laborales y educativas de los migrantes y sus familiares. La información recopilada debería ayudar a las parroquias a desarrollar intervenciones más específicas, detectar situaciones de riesgo y apoyar a quienes afrontan dificultades en sus lugares de trabajo, incluyendo protección y asistencia legal.
Para quienes regresan a Indonesia, el acompañamiento debería incluir asimismo la reinserción psicosocial, económica y sanitaria.
Tanto en la declaración sobre los incendios como en las iniciativas de apoyo a los migrantes se manifiesta la misma preocupación por las personas más expuestas a las crisis ambientales y sociales. Defender la casa común, concluye la Comisión, significa también proteger la vida y la dignidad de quienes corren el riesgo de pagar el precio más alto.
