Yangon (AsiaNews) - Por cuarto año consecutivo -desde que los militares volvieron al poder tras el golpe de febrero de 2021- ha aumentado el número de asesinatos masivos en Myanmar, con al menos 435 personas muertas en masacres en los primeros nueve meses de este año. El Instituto de Estrategia y Política de Myanmar ha dado la voz de alarma en un informe publicado en los últimos días, en el que documenta casos en los que al menos 10 o más personas fueron asesinadas al mismo tiempo, sumando varios centenares entre enero y la primera semana de octubre. A esto hay que añadir los incidentes sistemáticos de detenciones, torturas y justicia sumaria contra civiles por parte del ejército, a menudo bajo acusaciones engañosas de apoyar a los rebeldes.
A ello hay que añadir al menos 25 civiles asesinados por la Junta en Budalin, en la región de Sagaing, entre el 9 y el 20 de este mes, y otros seis en un ataque aéreo en la ciudad de Myaung, para un total de 466. Según informa Radio Free Asia (Rfa), el número de civiles muertos en actos masivos en lo que va de 2024 marca el último de un incremento anual desde el golpe, con 379 en 2023, 245 en 2022 y 113 en 2021.
Los investigadores explican que el número de víctimas ha aumentado con el creciente uso por parte de la junta de la artillería y los ataques aéreos contra viviendas, escuelas y edificios religiosos, además de las masacres e incendios provocados por las tropas sobre el terreno. En uno de los sucesos más recientes, el 19 de octubre, unos 100 soldados del batallón 33 asaltaron la aldea de Si Par, en la ciudad de Budalin, y detuvieron y mataron a 22 civiles en el acto, entre ellos dos ancianos. «Las fuerzas de la junta tratan a la gente como animales, no como seres humanos», explica una fuente, que como otros entrevistados en el informe habla con la garantía del anonimato para proteger su seguridad. «Mataron», añade, «a personas de distintas edades, incluidas personas de sesenta y setenta años..... Fue tan cruel que no puedo hablar de ello en detalle».
Kyaw Win, director de la Red de Derechos Humanos de Birmania, afirmó que la junta -que niega los casos documentados de asesinatos masivos- está utilizando el miedo como arma en un intento de erosionar el apoyo público a la oposición armada. «Se trata de una estrategia de la junta para amenazar a la gente... para impedir que se asocie con los [rebeldes]», afirmó. «Es una estrategia de intimidación». El 16 de octubre, Kyaw Moe Tun, embajador de Myanmar ante la ONU, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que presentara un caso contra la junta ante la Corte Penal Internacional (CPI), afirmando que era imposible responsabilizar al régimen militar de sus crímenes de guerra en los tribunales del país, dada la situación de conflicto.
Mientras tanto, al menos un millar de civiles están atrapados en los combates en el estado occidental de Rakhine, mientras grupos rebeldes se acercan a un cuartel general del ejército golpista en la ciudad de Ann, bloqueando las carreteras y sin salida para los residentes. Al frente de la ofensiva está el ejército de Arakan, acusado también en el pasado de ataques y violencia contra la minoría musulmana roinghya, que sigue arrebatando a la Junta grandes porciones de territorio. La mayoría de los 10.000 habitantes de la ciudad huyeron cuando se intensificaron los combates en julio, pero algunas familias, que suman unas mil personas, se quedaron porque no tenían ningún lugar seguro donde refugiarse. Los insurgentes están ahora a un par de kilómetros del cuartel general, y los militares han cerrado todas las carreteras, dejando sin salida a los pocos civiles que quedan en Ann. "No tenemos adónde ir. Todas las carreteras están cerradas", dice un testigo, “y los combates son cada vez más intensos”.
