Bangkok (AsiaNews) - El Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (United Nations Responsible Business and Human Rights Forum), que se celebró del 14 al 17 de septiembre en Bangkok bajo la coordinación de siete organismos de la ONU y con la participación de 220 organizaciones asociadas, en su octava edición anual se confirmó como un espacio fundamental de encuentro y reflexión sobre la situación y la evolución de esta agenda en la región de Asia-Pacífico. En la región viven cerca de 66,9 millones de migrantes, pero también es lugar de origen de 110,3 millones de personas que salen de su país en busca de oportunidades, poco más de un tercio del total mundial.
El tema de este año - "Construir resiliencia, promover los derechos" - propició el análisis de múltiples aspectos, desde la respuesta de las empresas a la incertidumbre económica y geopolítica hasta la adaptación de las cadenas de suministro y los cambios climáticos y tecnológicos. Pero, sobre todo, se habló de cómo los gobiernos y las empresas convierten sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos en prácticas sostenibles, y de cómo los trabajadores y las comunidades involucradas pueden hacer oír mejor su voz y ser protegidos en el contexto del cambio.
La región de Asia-Pacífico no carece de marcos normativos y compromisos formales en materia de empresas y derechos humanos. El principal reto, sin embargo, sigue siendo traducirlos en beneficios concretos para los trabajadores y las comunidades. Y el fenómeno mismo de las migraciones ocupa hoy un lugar central en esta reflexión. No por casualidad, el año pasado se presentó ante la Asamblea General de la ONU el informe "Migraciones laborales, empresas y derechos humanos", que contribuyó a dar un nuevo impulso al tema de los derechos de los trabajadores migrantes dentro de esa agenda. Ahora el objetivo consiste en trasladar este debate a los sistemas de contratación, los lugares de trabajo y las cadenas de suministro.
Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y su programa Migración, Empresas y Derechos Humanos en Asia, esto significa "seguir colaborando con los gobiernos para fortalecer e implementar políticas que protejan los derechos de los trabajadores migrantes; con las empresas, para que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en las prácticas de contratación y empleo; y con los trabajadores migrantes, sus comunidades y la sociedad civil, para garantizar que sus experiencias contribuyan a definir las soluciones".
Como señala también la OIM, "los trabajadores migrantes y sus comunidades han demostrado desde hace tiempo su resiliencia. Cada año, millones de personas deciden dejar sus hogares y familias en busca de oportunidades en el extranjero, contribuyendo al desarrollo sostenible de las economías y las comunidades tanto en los países de origen como en los de destino. A lo largo de este camino, deben enfrentarse a sistemas y procedimientos burocráticos complejos, entornos laborales y mercados de trabajo desconocidos, barreras lingüísticas y problemas que van desde los costos de contratación hasta las dificultades para acceder a mecanismos de reclamo y protección".
El proceso de adaptación de los trabajadores -sobre todo cuando reciben el apoyo adecuado- es continuo, pero sigue habiendo numerosos problemas. Los principales son los marcos normativos y políticos en constante evolución, las políticas empresariales en materia de derechos humanos que no siempre reflejan adecuadamente las experiencias de los trabajadores migrantes empleados y los obstáculos para acceder a mecanismos de protección. Las iniciativas -destaca el organismo de la ONU- todavía se conciben con demasiada frecuencia "para" los trabajadores migrantes en lugar de "con" ellos. Por eso "la resiliencia de los trabajadores migrantes debe ser reconocida y valorada, pero no puede ni debe sustituir a sistemas y mecanismos de protección más equitativos que los apoyen".
