Hanoi. Protestas contra el megaproyecto del río Rojo

Cerca de un centenar de habitantes del barrio de Hồng Hà protestaron contra la intervención de la policía durante una asamblea para debatir el plan urbanístico de 28.000 millones de dólares. En el área afectada viven 247.000 personas y el reasentamiento de una parte de ellas sigue siendo el tema central de la consulta pública.

Hanoi (AsiaNews) - Casi un centenar de habitantes del barrio de Hồng Hà, en Hanoi, se reunieron la noche del 20 de septiembre para debatir el proyecto de una gran avenida paisajística a lo largo del río Rojo. Cuando llegaron agentes de policía y pidieron a los residentes que disolvieran la reunión, estos se opusieron, afirmando que se trataba de una reunión legal. Los agentes se retiraron y la asamblea continuó, informó el diario vietnamita Luật Khoa, que recogió testimonios de los participantes y examinó videos difundidos por los propios habitantes.

La protesta se llevó a cabo mientras también se desarrolla la consulta pública –que inició Hanoi el 7 de septiembre y cuya conclusión está prevista para el 27 de septiembre– sobre el plan urbanístico del río Rojo y el trazado del proyecto, un amplio y ambicioso programa de transformación urbana para la capital vietnamita. Denominado "Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng", es decir, "Eje de la gran avenida paisajística del río Rojo", el proyecto transformará ambas orillas del río en un corredor verde moderno que incluirá actividades comerciales y culturales.

El proyecto abarca una superficie de 11.418 hectáreas (mayor que la de París) a lo largo de 40 kilómetros, entre los puentes Hồng Hà y Mễ Sở, y atraviesa 16 barrios y comunas. La inversión preliminar se ha estimado en 736.963 mil millones de dongs, unos 28.000 millones de dólares, y su ejecución está entre 2026 y 2038.

Según los datos proporcionados por la administración municipal, en el área afectada por el proyecto viven actualmente unas 70.474 familias, equivalentes a 247.431 personas. Hanói afirma que tiene la intención de reubicar a algunas de estas familias, y ha calculado que se necesitarán entre 79.000 y 85.000 viviendas y terrenos en las zonas de Long Biên, Lĩnh Nam y Đông Anh para trasladar a la población.

El destino de barrios enteros es uno de los aspectos más controvertidos del proyecto. El plan urbanístico divide los asentamientos a lo largo del río Rojo en tres categorías: los destinados a la reubicación, los que serán reconstruidos y los que deberían conservarse y rehabilitarse. Durante la reunión del 20 de septiembre, algunos residentes recordaron que ya habían sido trasladados en 1997 desde otras zonas de la capital. Un anciano explicó que no quiere aceptar un segundo traslado, argumentando que las infraestructuras del barrio ya funcionan y que las indemnizaciones previstas no permitirían a las familias comprar una nueva vivienda. Otros residentes pidieron, en cambio, que se mantenga la zona donde viven actualmente para preservar la estabilidad de las comunidades.

Las preocupaciones no se limitan a Hồng Hà. El 17 de septiembre, durante una reunión organizada por el Departamento de Construcción de Hanoi, más de 30 representantes de las comunidades locales presentaron más de 100 observaciones sobre el proyecto y expresaron su preocupación por diversos aspectos, entre ellos la seguridad frente a las inundaciones, la protección de monumentos y del patrimonio cultural, los plazos de ejecución, el uso del suelo y, sobre todo, las garantías ofrecidas a la población durante los traslados.

Las autoridades respondieron asegurando que el principio será garantizar condiciones de vida "iguales o mejores" que las anteriores y, en la medida de lo posible, priorizar el reasentamiento en el mismo barrio o comuna. El plan contempla unas 265 hectáreas de terrenos destinados al reasentamiento en las zonas afectadas por el proyecto. Para los terrenos que cumplen los requisitos establecidos, Hanoi también ha previsto compensaciones monetarias equivalentes al doble de los valores ordinarios para terrenos residenciales, agrícolas y no agrícolas.

En las últimas semanas ha surgido un nuevo foco de preocupación en torno a las modalidades y los plazos del traslado. El 16 de septiembre, la administración de Hanoi aprobó la Decisión 127/2026, que, tras su entrada en vigor el 26 de septiembre, regulará la recuperación de terrenos incluso en los casos en que todavía no se haya completado el reasentamiento definitivo de la población. Algunos residentes temen, por tanto, tener que vivir durante un período prolongado en instalaciones temporales. Y consideran que la nueva disposición contradice las garantías ofrecidas anteriormente por las autoridades. En junio, el presidente del Comité Popular de Hanoi, Vũ Đại Thắng, había afirmado que el traslado de los habitantes solo debería realizarse después de completar los nuevos barrios, dotados de toda la infraestructura necesaria.

Hasta ahora, las autoridades vietnamitas han intentado contener las protestas. Ya el 30 de junio, la policía de Hanoi había advertido a la ciudadanía que evitara aprovechar las controversias sobre las expropiaciones para difundir información falsa y organizar concentraciones. El 20 de septiembre, el mismo día de la reunión espontánea en Hồng Hà, el diario del Ministerio de Seguridad Pública, Công an Nhân dân, publicó un artículo titulado "Cuidado con las tácticas de desinformación y de incitación al conflicto", en el que atribuye a "fuerzas hostiles" el intento de aprovechar las preocupaciones de los ciudadanos sobre el proyecto para alimentar la confrontación con las autoridades.

Según la revista digital independiente Luật Khoa, después de las primeras manifestaciones de los residentes en mayo de este año, el Departamento de Defensa Civil retiró algunas pancartas y el sitio web creado para informar al público sobre el proceso de consulta ya no es accesible desde Vietnam. Mientras la consulta pública entra en su fase final y está a punto de entrar en vigor un nuevo procedimiento sobre las expropiaciones, los habitantes de las orillas del río Rojo piden sobre todo que las promesas de reasentamiento se traduzcan en garantías concretas, antes de que el megaproyecto urbano empiece a modificar los barrios donde viven.


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