Malé (AsiaNews) - El 2 de noviembre, el Consejo Nacional del Partido Democrático de Maldivas (MDP), principal fuerza opositora del país, aprobó una resolución para pedir al gobierno que convoque un referéndum sobre el proyecto del paseo marítimo y puerto deportivo de Maldivas en Rasmalé. El partido también lanzó un ultimátum: si el gobierno no fija una fecha para la consulta antes de mañana, 15 de noviembre de 2026, la oposición organizará protestas masivas y saldrá a las calles. Pero el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, ya rechazó la petición y descartó la posibilidad de convocar una consulta popular sobre el proyecto.
El proyecto Maldives Waterfront and Marina, comenzó en septiembre de 2026 y está en manos de Eagle Hills, una empresa de desarrollo e inversión inmobiliaria con sede en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo entre la empresa y el gobierno de Maldivas contempla la construcción de un vasto conjunto de infraestructuras en una nueva isla artificial, creada mediante el relleno de la laguna de Fushi Dhiggaru, a pocos kilómetros de la capital, Malé. Con una inversión prevista de 20.000 millones de dólares, el proyecto incluye hoteles y resorts internacionales, apartamentos privados, un puerto deportivo para yates, paseos a lo largo de la costa, tiendas, restaurantes, centros de bienestar y también instalaciones educativas y sanitarias. El objetivo de Eagle Hills es reproducir en el archipiélago el modelo de desarrollo de Dubái en el archipiélago y convertir Rasmalé en el "segundo motor económico" de Maldivas. Según las previsiones, el proyecto atraerá más de 30.000 millones de dólares en inversiones, creará 60.000 puestos de trabajo y generará 11.000 millones de dólares de ingresos para las arcas del Estado.
Las propiedades inmobiliarias se comercializarán antes de que comience la construcción y se ofrecerán contratos de arrendamiento de hasta 99 años. Este último aspecto ha provocado muchas críticas de la oposición, preocupada por la concesión de terrenos a largo plazo a inversores extranjeros. Abdulla Shahid, exministro de Asuntos Exteriores y miembro del MDP, que ha manifestado su interés en presentarse a las primarias del partido de cara a las elecciones presidenciales de 2028, afirmó que el proyecto de Rasmalé era un "fraude". Shahid acusó al gobierno de haber engañado a la opinión pública sobre el destino de los terrenos ganados al mar en la laguna de Fushi Dhiggaru, rebautizada ahora como Rasmalé. El exministro afirmó que el relleno de la laguna, que costó 800 millones de dólares, se había llevado a cabo inicialmente para proporcionar nuevas viviendas a los ciudadanos maldivos. Sin embargo, el acuerdo con Eagle Hills parece contemplar la transferencia de esos terrenos a inversores extranjeros.
La resolución del MDP, presentada por Mahfooz Saeed, abogado especializado en derechos humanos y miembro del partido, contiene nueve demandas. Entre ellas figuran la publicación de los términos comerciales del acuerdo sobre Rasmalé, que, según la oposición, nunca han sido transparentes; la convocatoria de un referéndum sobre la adjudicación del proyecto a Eagle Hills, y la suspensión de la transferencia de los derechos sobre los terrenos hasta que se conozcan los resultados de la consulta.
El MDP también reclama que se respete la voluntad popular, una mayor transparencia y un mayor control parlamentario. Además, anunció campañas de sensibilización, posibles acciones directas y colaboración con otras fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil si el gobierno no atiende sus demandas. Pese a la oposición de Mohamed Nasheed, expresidente de Maldivas y exlíder del MDP, que se declaró favorable al proyecto, el Consejo Nacional del partido aprobó la resolución por una amplísima mayoría: 57 de los 58 miembros presentes votaron a favor.
Durante una conferencia de prensa el 9 de noviembre, el presidente de Maldivas, Mohamed Muizzu, rechazó las críticas y el ultimátum del MDP y declaró que el gobierno no tiene intención de convocar ningún referéndum sobre el proyecto Rasmalé. Por el contrario, confirmó que las obras seguirán adelante según lo previsto y que el proyecto quedará definitivamente habilitado en cuanto el Parlamento apruebe el proyecto de ley sobre el sector inmobiliario, que actualmente se está debatiendo.
