Kuala Lumpur (AsiaNews) – Malasia ha eliminado el requisito que obligaba a determinadas instituciones educativas privadas a que al menos el 30% del capital estuviera en manos de socios bumiputera, categoría que incluye a las personas pertenecientes a la etnia malaya y a los pueblos indígenas del país. La decisión fue anunciada el 21 de septiembre por el Ministerio de Educación y no afecta el porcentaje de estudiantes admitidos, sino a las instituciones educativas privadas gestionadas por sociedades privadas de responsabilidad limitada que se encuentran bajo la jurisdicción del ministerio.
El principio de protección de los bumiputera
Las políticas de protección de los bumiputera tienen su origen en un principio consagrado en la Constitución, adoptada en vísperas de la independencia en 1957. El artículo 153 asigna al rey de Malasia el deber de proteger la "posición especial" de los malayos y de los nativos de Sabah y Sarawak, reservándoles una proporción "razonable", a juicio del soberano, de puestos en la administración pública, becas, oportunidades de formación y determinadas licencias o permisos comerciales. El mismo artículo establece también la protección de los intereses legítimos de las demás comunidades, con el objetivo de superar los desequilibrios socioeconómicos heredados del período colonial británico.
La asignación de cuotas ha sido, por tanto, fundamental en Malasia, donde condiciona el acceso a la educación, al empleo público y a numerosas oportunidades económicas. Pero ¿quiénes son los bumiputera? El término significa literalmente "hijos de la tierra" y designa principalmente a los malayos y otros grupos indígenas de la península de Malasia, así como a los pueblos nativos de los estados de Sabah y Sarawak, en el Borneo malasio. Según la OCDE, los malayos constituyen alrededor del 64% de los ciudadanos malasios, mientras que chinos e indios representan respectivamente el 23% y el 7%; el 6% restante incluye a otros pueblos indígenas y a ciudadanos de origen mixto.
Cómo nació y evolucionó el sistema de cuotas en Malasia
El sistema de cuotas se amplió considerablemente después de las tensiones y enfrentamientos interétnicos de 1969, con la introducción de la Nueva Política Económica (New Economic Policy, NEP) en 1970-1971. Esta tenía dos objetivos: reducir la pobreza independientemente de la pertenencia étnica y reestructurar los componentes de la sociedad, reduciendo la fuerte asociación entre origen étnico y función económica. Uno de los objetivos de la NEP era aumentar la participación de los bumiputera en la propiedad del capital societario, con la meta de elevarla del 2,4% en 1970 a al menos el 30% para 1990, además de favorecer su participación en el comercio y en las profesiones cualificadas.
Para los distintos gobiernos que se han sucedido en Malasia, el tema de las cuotas siempre ha sido sensible. Por un lado, sus defensores consideran que las políticas de discriminación positiva son necesarias para hacer frente a desigualdades socioeconómicas históricas. Por otro, hay quienes consideran que favorecen el acceso basado en la pertenencia étnica en detrimento de las necesidades o el mérito. Incluso después de la conclusión de la NEP, el 30% siguió siendo durante mucho tiempo una cifra de referencia en las políticas públicas. El requisito abolido en los últimos días, por ejemplo, había sido incorporado a algunas directrices publicadas en 2006.
El gobierno malasio también sigue desempeñando un papel importante en la financiación y regulación de las instituciones, y las preferencias a favor de los bumiputera han formado históricamente parte de las políticas de acceso a determinadas oportunidades educativas. Sin embargo, Malasia también cuenta con un importante sector de educación privada, que funciona con normas diferentes en cuanto a la regulación y la titularidad. Estas instituciones reciben a estudiantes malasios e internacionales e incluyen entidades fundadas por empresas, fundaciones y otros operadores privados.
La eliminación del requisito del 30% de participación accionaria no modifica, por tanto, automáticamente las políticas de admisión en las universidades públicas, las becas públicas ni otras formas de discriminación positiva relacionadas con el acceso a la educación superior, donde las cuotas siguen desempeñando un papel fundamental a pesar de haber sido abolidas oficialmente en 2002.
Las cuotas para el acceso al sistema educativo
Según un informe de la OCDE publicado en julio de 2026, los estudiantes de etnia bumiputera representan actualmente el 82% de los matriculados en las universidades públicas, incluso sin contar la Universiti Teknologi MARA (UiTM), la mayor universidad pública del país, con unos 190.000 estudiantes, reservada exclusivamente a los bumiputera. Se trata de la composición efectiva del alumnado, no de una cuota fijada en el 82%.
Otro elemento fundamental es el sistema de los "matriculation colleges", programas preuniversitarios de un año que constituyen una de las vías de acceso a las universidades públicas. En ellos, el 90% de las plazas está reservado a los bumiputera, y el 10% restante está disponible para otros ciudadanos. En 2026, el Ministerio de Educación confirmó que esta proporción se mantendría sin cambios, pero al mismo tiempo garantizó que todos los candidatos que hubieran obtenido al menos 10 A (una calificación muy alta) en el Sijil Pelajaran Malaysia (el examen que se realiza al finalizar la educación secundaria) serían admitidos, independientemente de su pertenencia étnica.
El equilibrio de Anwar Ibrahim
El gobierno del primer ministro Anwar Ibrahim heredó este complejo entramado de políticas. Anwar está desde hace tiempo asociado al concepto de reformasi, pero también encabeza un gobierno que reúne a partidos y bases electorales con posiciones diferentes sobre el futuro de las políticas a favor de los bumiputera. Por eso su administración se ha visto obligada a conciliar las demandas de reforma institucional y económica con la importancia política de mantener las medidas de protección para la mayoría malaya. La reciente decisión en materia de educación puede inscribirse en este debate más amplio sobre las políticas públicas, pero sería prematuro describirlo como un desmantelamiento de las políticas de discriminación positiva.
El propio ministerio explicó que las normas sobre la estructura de titularidad de ciertas instituciones educativas privadas deberían reflejar las necesidades actuales del sector y permitir la participación de actores capaces de contribuir al desarrollo nacional. La modificación aprobada en los últimos días ofrece a los operadores de la educación privada mayor flexibilidad para elegir su régimen de titularidad.
La decisión sobre la educación privada puede entenderse, por tanto, como un ajuste específico más que como un cambio de rumbo general de la política. Y refleja una cuestión que Malasia seguirá afrontando: ¿cómo deberían evolucionar unas políticas concebidas originalmente para hacer frente a las desigualdades socioeconómicas durante las primeras décadas posteriores a la independencia, mientras la economía se vuelve cada vez más compleja?
