10/11/2016, 10.49
TURQUIA - ONU
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Ankara arresta a un juez turco de la ONU, en una clara violación de la inmunidad diplomática

Aydin Sedaf Akay fue detenido el 21 de septiembre pasado, por presuntos vínculos con el intento de golpe de Estado ocurrido en julio. Él es miembro del tribunal internacional de crímenes de guerra en la ex Yugoeslavia y Ruanda. Las autoridades turcas han negado las visitas a la cárcel. Su arresto ha causado el bloqueo del proceso de apelación contra un criminal de guerra. 

Estambul (AsiaNews/Agencias) – Las fuerzas de Seguridad de Ankara arrestaron a un magistrado turco que es miembro del consejo de enjuiciamiento del Tribunal penal internacional, el organismo jurisdiccional de las Naciones Unidas para los crímenes de guerra y genocidios. Activistas y expertos en derecho denuncian el arresto, ocurrido en septiembre – si bien la noticia circuló recién en las últimas horas- en una patente violación de la inmunidad diplomática de la cual goza el juez. 

En el pasado, el magistrado Aydin Sedaf Akay formó parte del colegio de enjuiciamiento llamado a pronunciarse sobre los crímenes de guerra cometidos en la ex Yugoeslavia y en Ruanda, los únicos dos casos en los que, hasta ahora, ha sido involucrado un tribunal internacional de la ONU.  El juez fue detenido por mantener (presuntos) vínculos con los autores del (fallido) golpe de Estado ocurrido en Turquía  en julio pasado.

Según lo referido por Theodor Meron, presidente del órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, la policía turca lo arrestó el 21 de septiembre pasado “en violación de la inmunidad diplomática” y de la “independencia de la magistratura”. La oficina de la ONU para los Asuntos legales, agrega Meron, “ya ha solicitado su liberación” y comunicado “el deterioro de todos los procesos pendientes que le competen”.

Mientras tanto, las autoridades turcas le han negado a Meron el permiso para visitar al colega en la cárcel.

El de Aydin Sedaf Akay sería el primer caso en el mundo de un arresto en violación a la inmunidad diplomática garantizada por la ONU. Además, la detención del juez turco habría causado la interrupción del proceso de apelación por los crímenes de guerra de los cuales es acusado  Augustin Ngirabatware, un político de Ruanda que en el 2012 fue condenado, en primera instancia, a 35 años de prisión por genocidio.  

Este arresto también debe ser encuadrado en la política de represión lanzada por el gobierno y por el presidente Recep Tayyip Erdogan contra los (presuntos) autores del golpe fallido, entre cuyos sostenedores considera al predicador islámico  Fethullah Gülen como el cerebro del mismo. Desde el exilio en los Estados Unidos, él continúa negando toda implicación en el caso, a raíz del cual han muerto 270 personas y miles más resultaron heridas.

Hasta ahora, las autoridades turcas han arrestado a decenas de miles de personas, entre ellas a docentes, miembros de las fuerzas armadas, intelectuales, opositores, políticos, empresarios, periodistas, activistas y simples ciudadanos. Según los críticos, Erdogan se aprovechó del intento de golpe de Estado para silenciar a la oposición, marginar al Parlamento e instaurar una República presidencial.

    

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