Con el pretexto de la seguridad, los responsables han presentado a los legisladores una nueva ley con controles más rígidos para las visitas de médicos, abogados y guías religiosos. Afirman que se han producido violaciones y abusos durante las visitas en las celdas. Las autoridades consideran que los derechos humanos y civiles de los detenidos deben ser “limitados” si es necesario para “proteger la seguridad nacional, la disciplina y el orden”.
En Hong Kong, la ONG que difundía noticias sobre las protestas espontáneas de los trabajadores y los accidentes laborales en China continental también se ha visto obligada a interrumpir sus actividades. Fue fundada en 1994 por el activista Han Dongfang, que en 1989 intentó crear un sindicato independiente en la plaza de Tiananmen. Pocas horas después del anuncio, la página web ya había sido desactivada. Ya son 60 los grupos de la sociedad civil que se han disuelto desde 2020.
El conocido activista prodemocrático ha sido acusado de nuevo de «conspiración en connivencia con fuerzas extranjeras» en virtud de la famosa ley de seguridad nacional. Según los defensores de los derechos humanos, se trata de un intento de las autoridades de Hong Kong de prolongar su encarcelamiento, con el riesgo de una condena a cadena perpetua.
En vísperas del 4 de junio, fecha del 36º aniversario, las autoridades de Hong Kong han vuelto a blindar Victoria Park, donde hasta 2019 se celebraba la vigilia por las víctimas de la masacre de Beijing. Mientras tanto, el CHRD ha difundido una lista de 32 personas destacadas que siguen en la cárcel por no haberse resignado al silencio sobre lo ocurrido; en China continental, seis de ellas son protagonistas directas de aquellos días.
El gobierno local pide a la Asamblea Legislativa (que controla) que apruebe una norma adicional que confiaría a China continental la jurisdicción de «casos complejos» en los que estén implicados países extranjeros. Una medida que parece hecha a medida para el caso de Jimmy Lai. Se aduce como motivo la «situación geopolítica». Precisamente el no a la extradición había sido el primer paso de las protestas prodemocráticas de 2019.
Jesuita de 65 años, lleva más de tres al frente de la comunidad católica de la gran metrópoli, poniendo en primer plano el reto de la unidad y la educación de los jóvenes en un contexto social difícil tras los sucesos de 2019. Conoce bien las diócesis de la República Popular China, donde ya ha realizado tres viajes oficiales a Pekín, Guandong y Shanghái.
