Después del enfrentamiento armado del 25 de mayo, la tensión política entre los dos países no ha disminuído, y Tailandia rechaza la "injerencia externa" en sus fronteras. La crisis se entrelaza con el veredicto previsto para el 13 de junio contra el ex primer ministro Thaksin, unido por amistad y negocios con el clan Hun Sen. Y con los conflictos que nunca se superaron realmente en Bangkok entre la esfera política y los militares.
Los agentes pastorales que ejercen su ministerio en las cárceles se reunieron estos días en Bangkok para su encuentro nacional. Las personas privadas de su libertad es uno de los grupos más marginados de la realidad local. Obispo de Chiang Rai, Mons. Wuthilert Haelom: "Estar con ellos no es solo un servicio social, sino una expresión viva de la misericordia de Dios".
Tailandia minimiza el incidente, mientras que Camboya no ha hecho comentarios oficiales. Durante unos diez minutos se produjo un intercambio de disparos, aunque no hubo heridos ni víctimas. Se iniciaron contactos entre los comandos para evitar una escalada. Detrás del incidente está la cuestión no resuelta de las fronteras entre los países de la región, que también incluye a Laos.
El arzobispo emérito de Bangkok condujo la Iglesia católica tailandesa centrándose en la misión y el diálogo interreligioso. Figura central en la fundación de la Thai Missionary Society - del misionero del PIME P. Adriano Pelosin -, ha promovido la cercanía a los pobres y la apertura hacia la mayoría budista. Será uno de los cardenales electores en el próximo Cónclave.
Se está celebrando en Bangkok la cumbre Escap sobre el objetivo del desarrollo sostenible, que se centra precisamente en esas periferias urbanas tan queridas también por el Papa Francisco. La denuncia: la región Asia-Pacífico tiene el mayor déficit de vivienda del mundo y el desarrollo y enriquecimiento de los centros urbanos no está resolviendo el problema. Mientras el cambio climático amenaza con empeorar la situación.
Paul Chambers, profesor de la Universidad Naresuan, ha sido acusado por los militares de haber violado en una de sus publicaciones el controvertido artículo 112 del Código Penal, que establece penas de tres a 15 años para quien difame a la monarquía tailandesa. Hasta ahora raramente se ha imputado a los extranjeros, pero desde 2020 hasta hoy este delito se ha invocado 279 veces para reprimir las protestas de los estudiantes.