Un memorándum del Ministerio de Medio Ambiente ha eximido a los proyectos mineros de las consultas públicas, reavivando las tensiones en un estado que alberga el 16 % de las reservas nacionales de uranio. Desde hace décadas, la Unión de Estudiantes Khasi lidera la movilización contra la explotación minera, denunciando los riesgos para la salud y el medio ambiente, y las comunidades piden una moratoria permanente, mientras que el Gobierno de Delhi quiere seguir adelante con sus planes nucleares.
El gobierno de Modi quiere reactivar la energía atómica con un nuevo Fondo de Responsabilidad Nuclear para atraer inversiones. El objetivo es llevar la capacidad de producción de los 8,18 gigavatios actuales a 100 gigavatios para 2047. Delhi ya ha abierto el suministro y el procesamiento de uranio al sector privado, pero persisten problemas críticos: altos costos, la falta de una autoridad reguladora independiente y las incógnitas vinculadas a los reactores modulares de nueva generación.
Cuatro civiles murieron en Leh en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad durante las protestas por su reconocimiento como Estado y más protección para las comunidades tribales. Se impuso el toque de queda y se prohibieron las asambleas, marchas y mítines. El gobierno acusa al activista climático Sonam Wangchuk, conocido por sus formas de protesta no violenta, de haber incitado a la multitud con consignas “provocadoras”. La oposición denuncia promesas incumplidas y alienta a gestionar la crisis con sensibilidad en una región crucial para las relaciones con China.
La religiosa estaba acompañando algunos adolescentes a un seminario de formación organizado por el Centro de Servicios Sociales de la diócesis de Jamshedpur. Fue acusada de "trata de personas y conversiones forzadas" y retenida durante horas en una estación de policía hasta altas horas de la noche. Cuando se comprobó que la acusación era infundada, la actividad pudo llevarse a cabo con normalidad. Sin embargo, el episodio confirma una preocupante tendencia de los fundamentalistas a atacar las actividades educativas organizadas por los cristianos al servicio de toda la comunidad.
Tras la aprobación del proyecto de ley contra la conversión en Rajastán y del proyecto de ley de seguridad pública de Maharashtra, se han producido algunas protestas en la India. En Rajastán, la ley afecta incluso a las conversiones voluntarias y a los matrimonios interreligiosos, mientras que en Maharashtra el ejecutivo podrá declarar «ilegales» organizaciones enteras sin pruebas concretas. Mientras tanto, la Corte Suprema ha solicitado a los estados aclaraciones sobre la constitucionalidad de estas normas.
En el formulario para el censo que comenzará el 22 de septiembre aparece una lista con nombres de castas asociados al adjetivo «cristiano». El BJP se opone al gobierno local liderado por el Congreso: «Esto abre la puerta a la admisión de los cristianos entre los grupos desfavorecidos». El arzobispo Machado: «Hemos dicho a los fieles que elijan libremente si se identifican con uno de estos grupos o si se declaran simplemente cristianos. Pero es fundamental colaborar en el censo».
