El movimiento islámico moderado más importante de Indonesia celebró su centenario. El presidente Prabowo Subianto también estuvo presente. Compromiso con la paz y la convivencia entre las religiones en el país con el mayor número de musulmanes del mundo, construido y fundado sobre los principios de "la compasión y la fraternidad”.
Una delegación de UNIAPAC - asociación que reúne a 45 mil empresarios de todo el mundo en nombre del magisterio social de la Iglesia - se está reuniendo con sus colegas católicos de Tailandia, Indonesia, Filipinas, Singapur y Vietnam para establecer nuevos contactos. El objetivo es promover actividades que pongan en el centro a la persona y no las ganancias, en un contexto donde el aumento del PIB con demasiada frecuencia no reduce las desigualdades.
Oraciones, agradecimientos y un espectáculo tradicional de kethoprak caracterizaron las celebraciones del medio siglo de sacerdocio del arzobispo. Un homenaje a la cultura local y una profunda reflexión sobre la misión del pastor. Junto a cientos de fieles, también estuvo presente el ministro indonesio de Asuntos Religiosos.
La masa de lodo y escombros golpeó por la noche unas treinta viviendas en Pasirlangu. El desastre habría sido provocado por el colapso de una presa natural, lo que plantea la cuestión de las escasas medidas de control de los cursos de agua y las violaciones de las normas de planificación territorial. En los últimos días, Prabowo había revocado las licencias de explotación forestal a 28 empresas tras las inundaciones en el norte de Sumatra.
Yaqut Cholil Qoumas y un colaborador están siendo investigados por la gestión de las cuotas adicionales concedidas a Indonesia para el Hajj 2024. Habrían favorecido a peregrinos especiales en detrimento de los regulares, lo que causó pérdidas al Estado de aproximadamente 64 millones de dólares. Incautaron bienes y se analizan potenciales flujos ilícitos.
Tras décadas de debates ha entrado en vigor la reforma del sistema penal que sustituye las leyes de la época colonial holandesa. El gobierno habla de una justicia “más humana y moderna”, con medidas alternativas a la cárcel. Sin embargo, algunas organizaciones de derechos humanos y juristas, denuncian disposiciones antidemocráticas como la criminalización del insulto al presidente y la ampliación de los poderes policiales.
