Pocos días después del gran evento de Tor Vergata, la Comisión de Justicia y Paz de la arquidiócesis celebró su Jornada de la Juventud. Kashif Anthony: "Quiero ver que su situación mejora y ayudarlos a trabajar para contribuir a mejorar la sociedad y nuestro país". En estos días se cumplen dos años de los ataques en Jaranwala; denuncia de las víctimas: "No se hizo justicia".
Islamabad ha reanudado las repatriaciones forzadas, fijando el 1 de septiembre como fecha límite para salir de su territorio a 1,4 millones de afganos. La decisión se tomó a pesar del desastre humanitario en su país de origen, donde, según un reciente informe del Departamento de Estado de EE. UU., los talibanes imponen un “sistema institucionalizado de represión”.
Una jirga por la paz, compuesta por jefes de aldea y representantes de los talibanes, ha iniciado un diálogo entre Islamabad y Tehreek-i-Taliban Pakistan, que, sin embargo, exige el control de las zonas tribales fronterizas con Afganistán sin abandonar el país. El acuerdo de alto el fuego alcanzado hasta ahora es limitado y carece de garantías oficiales, pero, sobre todo, sigue siendo alta la desconfianza de la población local hacia el Gobierno.
Él procedía de una familia cristiana y ella era musulmana; acababan de casarse por civil. Fueron secuestrados, golpeados y asesinados a tiros. La denuncia del padre del hombre: «El amor no debería ser una sentencia de muerte». Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en 2024 se produjeron 405 asesinatos de este tipo en el país.
Hoy se ha publicado un informe detallado sobre este fenómeno tan antiguo: un trabajo «impuro» reservado a los no musulmanes. A pesar de que solo representan el 2 % de la población, el 80 % de los basureros son cristianos, y el resto, hindúes. Al menos 84 han muerto en los últimos cinco años debido al retraso de las infraestructuras y las técnicas utilizadas: sus vidas no valen lo que cuesta la modernización. Amnistía: «Pakistán debe reconocer la discriminación de casta como una forma de racismo».
La organización denunció como "inconstitucional" el nuevo impuesto sobre los ingresos agrícolas que exige el Fondo Monetario Internacional. El sector ya se encuentra afectado por el colapso de la producción de algodón, el aumento de los costos y la caída de los precios de mercado, y los agricultores piden exenciones fiscales equivalentes a las de otros sectores y cultivos alternativos.
