Aunque sin llegar al reconocimiento político completo por parte de Moscú, Kazajistán ha firmado un acuerdo con los talibanes para una importante línea ferroviaria. También Uzbekistán, Kirguistán y Turkmenistán están promoviendo acuerdos con el beneplácito de Pekín. La única excepción sigue siendo Tayikistán, donde aún pesa la cuestión de la discriminación de la minoría tayika en Afganistán.
El Líder Supremo del Emirato Islámico, Hibatullah Akhundzada, ha reasignado a nueve funcionarios en un esfuerzo por consolidar su autoridad frente a otras facciones talibanes, sobre todo la Red Haqqani. Pero las tensiones internas también alimentan divisiones étnicas y territoriales. Mientras tanto, el retorno forzado de decenas de miles de refugiados de Irán está agravando la situación humanitaria en el país.
Moscú se ha convertido en el primer gobierno en completar la normalización de las relaciones con el Emirato Islámico de Afganistán. Ya en 2018, la política rusa hacia los talibanes había comenzado a cambiar, pasando de una oposición formal a una búsqueda evidente de colaboración. Pero la nueva amistad con Kabul se desarrollará al estilo habitual de sospechas mutuas y controles cruzados.
Maryam Marof Arwin, fundadora del Purple Saturdays Movement, denuncia en AsiaNews las condiciones a menudo inhumanas de los refugiados afganos en Irán, agravadas por los recientes bombardeos israelíes, que ya han dejado al menos una víctima afgana. Las vidas de mujeres, niños, disidentes y activistas están en peligro si son repatriados, pero en el exilio también sufren hambre, precariedad y discriminación. "Es necesario que haya colaboración entre los defensores de los derechos humanos y se respete el derecho humanitario", afirma la activista.
Refugiados afganos que se encuentran en Pakistán necesitan urgentemente protección internacional y cumplirían los criterios para ser reasentados en terceros países. Sin embargo, las expulsiones hacia Afganistán talibán continúan: solo en abril, más de 300.000 personas regresaron desde Pakistán e Irán, agravando una crisis humanitaria ya fuera de control debido a los altos niveles de pobreza. Mientras tanto, Kabul, Beijing e Islamabad tejen nuevos equilibrios geopolíticos.
El objetivo del programa es devolver a los reclusos a una «vida digna» en la sociedad. El Estado está dispuesto a destinar cerca de 3,6 millones de dólares para un plan quinquenal. La verdadera amenaza de radicalización se crea dentro de los centros penitenciarios. El crecimiento exponencial de reclusos está ligado a la represión de la disidencia de la clase política.
