El Líder Supremo del Emirato Islámico, Hibatullah Akhundzada, ha reasignado a nueve funcionarios en un esfuerzo por consolidar su autoridad frente a otras facciones talibanes, sobre todo la Red Haqqani. Pero las tensiones internas también alimentan divisiones étnicas y territoriales. Mientras tanto, el retorno forzado de decenas de miles de refugiados de Irán está agravando la situación humanitaria en el país.
Moscú se ha convertido en el primer gobierno en completar la normalización de las relaciones con el Emirato Islámico de Afganistán. Ya en 2018, la política rusa hacia los talibanes había comenzado a cambiar, pasando de una oposición formal a una búsqueda evidente de colaboración. Pero la nueva amistad con Kabul se desarrollará al estilo habitual de sospechas mutuas y controles cruzados.
Maryam Marof Arwin, fundadora del Purple Saturdays Movement, denuncia en AsiaNews las condiciones a menudo inhumanas de los refugiados afganos en Irán, agravadas por los recientes bombardeos israelíes, que ya han dejado al menos una víctima afgana. Las vidas de mujeres, niños, disidentes y activistas están en peligro si son repatriados, pero en el exilio también sufren hambre, precariedad y discriminación. "Es necesario que haya colaboración entre los defensores de los derechos humanos y se respete el derecho humanitario", afirma la activista.
Refugiados afganos que se encuentran en Pakistán necesitan urgentemente protección internacional y cumplirían los criterios para ser reasentados en terceros países. Sin embargo, las expulsiones hacia Afganistán talibán continúan: solo en abril, más de 300.000 personas regresaron desde Pakistán e Irán, agravando una crisis humanitaria ya fuera de control debido a los altos niveles de pobreza. Mientras tanto, Kabul, Beijing e Islamabad tejen nuevos equilibrios geopolíticos.
El objetivo del programa es devolver a los reclusos a una «vida digna» en la sociedad. El Estado está dispuesto a destinar cerca de 3,6 millones de dólares para un plan quinquenal. La verdadera amenaza de radicalización se crea dentro de los centros penitenciarios. El crecimiento exponencial de reclusos está ligado a la represión de la disidencia de la clase política.
Es la segunda fase de las expulsiones forzadas de refugiados que comenzaron en 2023 a pesar de las críticas de diversas organizaciones internacionales. La vida de activistas por los derechos humanos y ex colaboradores de la coalición occidental en Afganistán se encuentra en peligro. El gobierno de Islamabad lo utiliza como instrumento de presión contra las autoridades talibanes de Kabul, acusadas de apoyar a los grupos terroristas que operan en Pakistán.
