Este año el premio fue otorgado a seis activistas por su compromiso con la defensa de los ecosistemas y las comunidades locales. Entre ellas se encuentran la papú Theonila Roka Matbob, protagonista de una larga batalla por la recuperación de la mina de Panguna, y la surcoreana Borim Kim, quien encabezó una demanda climática que culminó en una sentencia constitucional a favor de las nuevas generaciones.
Según un estudio de la Comisión Económica y Social de la ONU para Asia y el Pacífico, la región se encamina hacia un envejecimiento muy rápido: el descenso de la fuerza laboral y la proliferación de la economía informal corren el riesgo de acentuar las desigualdades ya existentes. No obstante, una expansión de las inversiones en los servicios de asistencia podría crear millones de puestos de trabajo y nuevas oportunidades de desarrollo inclusivo.
La derrota electoral del primer ministro húngaro priva a China de su principal aliado en la UE, con repercusiones en las inversiones, la cohesión europea y las relaciones con Taiwán. El nuevo gobierno liderado por Péter Magyar tendrá, sin embargo, un amplio margen para reposicionarse en la línea política europea sin renunciar a los lazos económicos.
En la capital surcoreana los hogares unipersonales son ya el 36% de la población. Ante el aumento del número de personas que manifiestan dificultades, la administración ha decidido ampliar su servicio de ayuda, que ahora incluye asistencia para las mudanzas y apoyo emocional. El objetivo del programa, que ya se utiliza para visitas hospitalarias con altos índices de satisfacción, es ofrecer respuestas para la soledad y las dificultades cotidianas.
El ministro de Justicia, Jung Sung-ho, ha utilizado un lenguaje contundente para describir las adopciones desde Corea del Sur de los años 70 y 80, marcadas por graves irregularidades. El Gobierno ha anunciado un acceso más fácil a las indemnizaciones, afirmando que renunciará a los recursos en los procedimientos iniciados por las víctimas, aunque persisten los retrasos en la aplicación de las medidas de compensación.
El año pasado Japón expulsó a 318 ciudadanos extranjeros, lo que supone un aumento del 30% respecto al año anterior. Ahora, el país busca acelerar los procedimientos de repatriación a pesar de la grave escasez de mano de obra. Las ONG denuncian el riesgo de violaciones del principio de no devolución de refugiados y un creciente clima de temor, incluso entre quienes residen en el país desde hace años.
