Después de cinco años, la cuantificación de la pena cerró el proceso símbolo que se entabló en base a la Ley sobre la seguridad nacional. El fundador del Apple Daily ha sido juzgado por conspiración y sedición. El gobernador Lee aplaudió la sentencia “severa” que es un “alivio para todos”. El card. Zen estuvo presente en la sala junto con su esposa. También fueron condenados otros ocho imputados. Ahora la atención se centra en los juicios contra Chow Hang-tung, Lee Cheuk-yan y Albert Ho.

Con la victoria aplastante de ayer, la primera ministra Sanae Takaichi podrá llevar adelante incluso en solitario su propio programa electoral, y podrá iniciar el procedimiento para la modificación constitucional. La primera ministra ha propuesto recortar los impuestos sobre el consumo y reforzar las fuerzas de defensa. Según los analistas, el resultado se ha visto favorecido por las tensiones de los últimos meses con Beijing.

En algunos condados, los residentes locales están organizando campañas para presentarse como candidatos a albergar nuevos reactores nucleares, en un intento por hacer frente al declive económico y demográfico. A cambio, los municipios reciben subvenciones y fondos para el desarrollo de infraestructuras. Sin embargo, algunas asociaciones temen que la concentración de centrales aumente el riesgo de accidentes.

Bangladés ha firmado con China un acuerdo para la fabricación de vehículos aéreos ligeros que incluye la transferencia de tecnología y la construcción de infraestructuras militares. Aunque Daca insiste en el uso civil, en la India el pacto se interpreta como un fortalecimiento de la presencia militar de Beijing en un país vecino.

Organizaciones religiosas y de derechos humanos denuncian el aumento de discursos xenófobos en vísperas de las elecciones del 8 de febrero. En una declaración conjunta piden a los partidos, candidatos y medios de comunicación que condenen la incitación al odio. Críticas a las políticas del gobierno de Takaichi: "Queremos una sociedad en la que se garantice la dignidad humana de todos".

Los expertos de las Naciones Unidas han hablado de un modelo persistente de trabajo forzado impuesto por el Estado chino en perjuicio de uigures, tibetanos, kazajos y kirguises en Xinjiang y en otras provincias. Bajo la cobertura de programas de “alivio de la pobreza”, millones de personas estarían siendo sometidas a traslados coercitivos, con graves consecuencias para los derechos fundamentales, la identidad cultural y la libertad religiosa. Beijing rechaza las acusaciones calificándolas de infundadas.