Human Rights Watch denuncia expulsiones arbitrarias de musulmanes de etnia bengalí con ciudadanía india

En un informe publicado ayer, la organización humanitaria acusa al gobierno indio de haber expulsado a más de 1.500 musulmanes a Bangladés entre mayo y junio sin ningún proceso legal, alimentando la discriminación religiosa y étnica. Según varios testimonios, entre las personas rechazadas hay ciudadanos indios con documentos válidos. En Assam, donde la situación es más crítica, los desalojos y demoliciones de viviendas han afectado a miles de familias desde hace meses, expulsadas o detenidas, en algunos casos incluso para favorecer intereses económicos.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) acusó ayer a la India de haber expulsado a Bangladés a cientos de musulmanes de etnia bengalí sin que estos hayan sido sometidos a un proceso legal para determinar si se encontraban en situación irregular. Según las autoridades de Bangladés, sólo entre el 7 de mayo y el 15 de junio, la India expulsó a más de 1.500 hombres, mujeres y niños musulmanes hacia su territorio, y HRW afirma que Delhi está fomentando los prejuicios religiosos contra los musulmanes.

Elaine Pearson, directora para Asia de HRW, declaró que el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido ultranacionalista hindú del que proviene el primer ministro Narendra Modi, está "favoreciendo la discriminación al expulsar arbitrariamente del país a musulmanes bengalíes, incluyendo algunos que son ciudadanos indios". Para HRW, las afirmaciones de las autoridades de que las expulsiones tienen como objetivo el control de la inmigración ilegal son "poco convincentes".

Khairul Islam, de 51 años y exmaestro del Estado de Assam, declaró a la organización humanitaria que el 26 de mayo agentes indios de la policía fronteriza le ataron las manos, lo amordazaron y lo obligaron a entrar en Bangladés, junto con otras 14 personas. "El agente de la Border Security Force me golpeó cuando me negué a cruzar la frontera con Bangladés y disparó cuatro balas de goma al aire", dijo el hombre, quien pudo regresar a India dos semanas después tras demostrar que era ciudadano indio.

Estas expulsiones forman parte de una campaña nacional contra supuestos extranjeros. El Ministerio del Interior emitió en mayo una directiva en la que pedía a los Estados y territorios de la Unión que identificaran, detuvieran en centros especiales creados a nivel de distrito y luego expulsaran a los inmigrantes indocumentados, fijando un plazo de 30 días para verificar la documentación e iniciar el proceso de expulsión.

En los últimos días la prensa local de la India se ha centrado en las violaciones de derechos humanos que se producen en Gurugram, en el Estado de Haryana. El 19 de julio la policía detuvo y trasladó a un centro de detención a 74 trabajadores migrantes, 11 de Bengala Occidental y 63 de Assam, sospechosos de ser inmigrantes indocumentados de Bangladés. Trabajaban como personal de limpieza, recolectores de trapos, operadores ecológicos y repartidores. Uno de ellos, llamado Hafizur Sheikh, de Bengala Occidental, fue detenido a pesar de tener una tarjeta Aadhaar y una tarjeta de votante. Pero los documentos estaban en su teléfono y la policía exigió una copia física.

Algunos activistas afirman que en estos centros hay más de 200 personas. Algunos detenidos han denunciado torturas y acusan a la policía de conceder la liberación a cambio de dinero. Algunas mujeres han informado que se llevaron a sus maridos sin haber verificado realmente los documentos. En respuesta a las críticas, el portavoz de la policía de Gurugram, Sandeep Kumar, declaró: "No están detenidos. De conformidad con las instrucciones del Ministerio del Interior, se han creado algunos centros donde se retiene a los presuntos ciudadanos bengalíes. En los centros se les proporcionan todos los bienes de primera necesidad, incluso atención médica". Sin embargo, Kumar no hizo comentarios sobre el número de detenidos.

La situación ha obligado a muchas familias a trasladarse o a convencerse de que deben abandonar Assam cuando sus familiares sean liberados.

La situación en Assam se agrava aún más por la demolición de viviendas. En los últimos meses las excavadoras del gobierno local han arrasado casas, escuelas y centros médicos en los distritos de Dhubri, Lakhimpur, Nalbari y Goalpara. Según las estimaciones, cerca de 3.500 familias musulmanas han sido desplazadas solo entre junio y julio de 2025. Aunque las autoridades justifican los desalojos afirmando que ocupan en forma ilegal terrenos fiscales o forestales, el Grupo Adani, el empresario multimillonario cercano al primer ministro Modi, ha propuesto construir una central termoeléctrica de 3.000 megavatios precisamente en esos terrenos.

La cuestión también está relacionada con una serie de instituciones burocráticas, como el National Register of Citizens, que se creó para distinguir a los bengalíes indios de los ciudadanos de Bangladés, quienes durante décadas han cruzado la frontera como migrantes económicos y en el pasado también como refugiados. La carga de demostrar la ciudadanía india (que se determina por haber tenido al menos un familiar en Assam a la medianoche del 24 de marzo de 1971, antes de que Bangladés se independizara) recae completamente sobre el individuo, lo que complica el proceso de identificación. En 2013 la Corte Suprema de la India ordenó una revisión del registro y en 2019 se publicó una lista definitiva que excluyó a 1,9 millones de personas entre más de 33 millones de solicitantes. Estas personas, en su mayoría musulmanes de habla bengalí y pertenecientes a familias de bajos ingresos, se encontraron en un limbo legal.

Por esa razón existen en Assam tribunales para extranjeros, una institución única en este Estado, encargada de determinar la ciudadanía. Sin embargo, numerosos informes denuncian arbitrariedades y prejuicios en esos tribunales. E incluso el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, miembro del BJP, expresó recientemente su intención de reducir la dependencia de las expulsiones de los tribunales para extranjeros, recurriendo a leyes de 1950 que permitirían expulsiones inmediatas.

La oposición y las críticas han sido muy fuertes. La ministra principal de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, condenó enérgicamente las recientes medidas adoptadas por el BJP, y acusó también al partido de "terrorismo lingüístico" contra los bengalíes, a quienes a menudo se los identifica porque no hablan hindi. El bengalí es la segunda lengua más hablada en la India y en Assam. Banerjee encabezó una gran manifestación en Calcuta el 16 de julio, desafiando al BJP a que la recluyera en un centro de detención.

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