03/02/2021, 13.13
PAKISTÁN
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Ley de blasfemia: 2020, el año de mayores abusos

de Shafique Khokhar

El año pasado hubo 200 víctimas acusadas de blasfemia. Cabe señalar que en el 75% de los casos, los acusados son musulmanes. De ellos; el 70% es chiíta y el 20% ahmadí. Los cristianos representan el 3,5%. Al principio, lo habitual era que los musulmanes acusaran a personas ajenas al credo musulmán. Ahora, en la mayoría de los casos, se trata de musulmanes de grupos mayoritarios que acusan a otros musulmanes. Al menos 78 personas murieron asesinadas en ejecuciones extra-judiciales, tras de ser acusadas de blasfemia o apostasía. Peter Jacob: el gobierno debe prestar mucha atención a quienes  conducen el aparato de la intolerancia religiosa.

Lahore (AsiaNews) –  Los datos recientemente publicados por el Centre for Social Justice (CSJ, Centro para la Justicia Social), muestran que las leyes de blasfemia están generando cada vez más víctimas. Desde 1987 hasta diciembre de 2020, al menos 1855 personas fueron acusadas de delitos relacionados con la religión, especialmente en virtud de los artículos 295 B, C - 298 C, conocidos como "leyes sobre la blasfemia". El año 2020 fue el que tuvo más acusados: 200 (foto 2). Cabe destacar que el 75% de los acusados son musulmanes y el mayor número de víctimas son chiitas (70%). En cuanto a los demás afectados, ellos son ahmadíes (20%); sunitas (5%); cristianos (3,5%), hindúes (15) y de otras religiones, o de religiones no confirmadas (0,5%) (ver foto 3). 

Entre las víctimas más conocidas por la opinión pública mundial está Asia Bibi, la mujer cristiana acusada de blasfemia por algunas mujeres y el imán del pueblo. Asia fue condenada a muerte. Después de permanecer 10 años en prisión y tras un proceso de apelación, recuperó la libertad.  

Si se tiene en cuenta que en 1987 solo hubo 19 acusaciones, salta a la vista que la ley es utilizada para deshacerse de adversarios políticos, económicos o religiosos. Al principio, en la mayoría de los casos, se trataba de musulmanes que acusaban a personas ajenas al credo islámico. Sin embargo, la tendencia ha cambiado: en general, ahora se trata de musulmanes que acusan a otros musulmanes, pero esto no debe inducirnos al error de pensar que los distintos grupos minoritarios se han vuelto inmunes a las acusaciones de blasfemia.

El recorrido de todos estos años también pone de manifiesto la división sectaria entre grupos (especialmente entre suníes y chiíes) y los crecientes casos de abuso de una ley religiosa que sigue siendo una espada de Damocles suspendida sobre la cabeza de todos los ciudadanos pakistaníes.

Otro dato interesante es que, desde 1987, Punjab es la región con mayor índice de denuncias por blasfemia (76%), seguida de Sindh (19%) (ver foto 4).

En diciembre de 2020, las cárceles de Punjab alojaban a 337 presos por blasfemia. Entre ellos había condenados y otros que aguardaban ser enjuiciados. El mayor número de presos se encuentra en la prisión del distrito de Lahore (60).

Por otro lado, cuando menos 78 personas fueron asesinadas en ejecuciones extrajudiciales, tras ser acusadas de blasfemia o apostasía. De ellas, 42 eran musulmanes; 23, cristianos; 9, ahmadíes; 2, hindúes; en 2 casos no se pudo verificar la identidad religiosa de las víctimas. 

Estos datos no incluyen las ejecuciones o los ataques contra sectas consideradas heréticas y blasfemas, cuyo número supera con creces los casos mencionados anteriormente. Los asesinatos de grupos hazaras, áhmadis y chiíes suelen atribuirse a acciones terroristas. Sin embargo, la cuestión de la blasfemia suele ser utilizada en campañas de opinión, para recaudar fondos y adoctrinar a los cuadros para que se vuelquen a la violencia.

Peter Jacob, director ejecutivo del CJS, comenta: "Estas estadísticas muestran que Pakistán es el lugar donde más se abusa de la blasfemia. La ley se utiliza con frecuencia para infligir miserables violaciones de los derechos humanos, como la violencia física, la pérdida de bienes y medios de subsistencia, las deportaciones e incluso la pérdida de la vida. Esto no solo afecta al acusado, sino también a sus familiares y a la comunidad de pertenencia.

"Es hora de que el gobierno preste mucha atención a quienes guían el aparato de la intolerancia religiosa", concluyó.

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