01/11/2019, 09.06
CHINA
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Xinjiang: violaciones, abusos y esterilizaciones en los ‘centros de formación’ para uigures

La denuncia de una ex-detenida: “Los gritos, las súplicas, los llantos, todavía resuenan en mi cabeza”. Según la ONU, en las instalaciones construidas por Beijing en la región se encuentran recluidas casi 1 millón de personas pertenecientes a las minorías islámicas. Para las autoridades chinas, estos lugares son necesarios para combatir el extremismo.

Beijing (AsiaNews) – Las autoridades del campo “solían llevar a las mujeres al hospital y las operaban para que no pudieran tener más hijos” o “las forzaban a tomar medicamentos”. Es la dramática denuncia canalizada a través de Radio Free Asia, de una mujer perteneciente a la minoría uigur de Xinjiang. Durante meses, Tursunay Ziyawudun, de 41 años, estuvo prisionera en uno de los lugares que Beijing define como “centros de formación”, pero que los activistas y organizaciones internacionales describen como campo de concentración. Las Naciones Unidas estiman que en estas instalaciones, las autoridades chinas mantienen recluidos a alrededor de 1 millón de uigures y otras personas pertenecientes a minorías de habla turca y religión islámica. Beijing afirma que los centros son necesarios para alejar a las personas del extremismo; los describe como vitales en la lucha contra las miras separatistas y el extremismo religioso. Desde el 2017, las autoridades de Beijing llevan adelante una política de “tierra abrasada” en Xinjiang. Para impedir cualquier posibilidad de influencia radical afgana o pakistaní, China ejerce un control estricto sobre las mezquitas, los jóvenes y la vida religiosa de la comunidad islámica. A continuación transcribimos el testimonio de una ex detenida (Traducción al español de AsiaNews).

Las mujeres detenidas en los campos de concentración en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (XUAR), en el noroeste de China, son forzadas a consumir medicamentos que afectan su ciclo reproductivo, padecen torturas, se les deniega la atención médica y se las somete a episodios de violencia sexual y a otras formas de abuso, según el testimonio de una ex-reclusa. 

Tursunay Ziyawudun, una mujer uigur de 41 años proveniente del condado de Kunes en la prefectura autónoma de Ili Kazakh (Yili Hasake) perteneciente a la XUAR, pasó en total 9 meses en uno de los campos de la amplia red existente en la región. Allí,  desde el mes de abril de 2017, las autoridades mantienen recluidos a casi 1.5 millones de uigures y personas de otras minorías étnicas de credo musulmán, acusadas de albergar “concepciones religiosas rígidas” e ideas “políticamente incorrectas”.

En el mes de junio de 2008, Ziyawudun se casó con un médico de etnia kazaja oriundo de Kunes, Haliq Mirza. Cinco años después, la pareja se mudó a Kazajistán, donde tuvieron un hijo y fundaron una clínica. Mientras que a Mirza le aseguraron que le concederían la ciudadanía kazaja, las autoridades rechazaron una y otra vez los formularios de solicitud presentados por Ziyawudun, por ser ella uigur. 

El 13 de noviembre de 2016,  Ziyawudun regresó al condado de Kunes junto a su familia con la idea de permanecer allí. En los meses que siguieron vio a las autoridades implementar varias medidas políticas nuevas cuyo blanco eran los uigures, incluyendo la confiscación de sus pasaportes y la criminalización de aquellos que habían viajado al exterior. 

Las autoridades se llevaron a Ziyawudun y la encerraron en un campo de concentración del 11 de abril de 2017, sin brindar ninguna justificación ni a ella ni a su familia. En medio del despliegue de una nueva política de reclusión masiva en la región, dijo ella, todavía “la situación no era tan grave,  ya que recién empezaban a arrestar a la gente” y fue liberada un mes después, en parte, debido a su frágil salud.  

Sin embargo, a Ziyawudun no le permitieron recuperar su pasaporte, de modo que no pudo reunirse con su esposo en Kazajistán, y el 10 de marzo de 2018 fue nuevamente detenida, sin ningún motivo. Esta vez, comentó ella, la situación en el centro de detención había empeorado mucho, y muchas de las decenas de mujeres que estaban alojadas con ella habían sufrido maltratos, incluyendo esterilizaciones forzadas. 

“Había mujeres que habían estado allí dentro por un año entero, y en todo ese tiempo jamás habían tenido el período menstrual”, afirma Ziyawudun, agregando que las autoridades del campo con frecuencia “las llevaban al hospital y las operaban para que no pudieran tener más hijos” o “las forzaban a tomar medicamentos”.  

“Yo fui llevada al hospital para ser sometida a una operación de [esterilización], pero como siempre había sufrido de un problema ginecológico, el médico dijo que podría sufrir complicaciones e incluso la muerte, de modo que me salvé de ello”, dijo ella. Ziyawudun también describió las torturas, y sugirió que su guardias querían averiguar por qué ella y su esposo se habían transferido a Kazajistán. 

“Sus métodos de tortura siempre eran distintos, pero una práctica habitual era atarte a una silla de metal durante el interrogatorio”, comentó ella.  “Te cortaban el pelo, luego de jalar de él a través de las rejas [de la celda], incluso hacían esto con las mujeres ancianas. Nos mantuvieron esposadas, encadenadas, y con frecuencia nos llevaban para interrogarnos. Los gritos, las súplicas, los llantos, todavía resuenan en mi cabeza”. 

Además del adoctrinamiento político por la fuerza y de lo que ella llamó “el lavado de cerebro respecto a cómo los EEUU son el enemigo”,  Ziyawudun dijo que las mujeres en su celda debían monitorearse unas a otras sobre cualquier transgresión a las reglas del campo, y que la comida era escasa o bien se les negaba el alimento.  

También describió la negligencia intencional por parte de las autoridades del campo, que a menudo ignoraban los pedidos de los detenidos, que solicitaban atención médica. “No les importaba —había casos de mujeres sufriendo infecciones que no toleraban ni el agua, y mujeres mayores, de 70 u 80 años, que no podían caminar bien, pero simplemente las dejaban sufrir”, dijo la mujer. 

Cuando le preguntaron acerca de los recientes reportes, donde los ex detenidos hablan de las violaciones y otro tipo de abusos en el sistema de campos de la XUAR,  Ziyawudun se quebró. “Nos sentíamos impotentes, no podíamos defendernos,” dijo. “Todos pasamos por todo tipo de maltratos, pero aún cuando veíamos los abusos no podíamos hacer absolutamente nada al respecto”.  Los oficiales del campo venían en plena noche y se llevaban a las mujeres”, dijo. 

“Gritaban: ‘Levántate y ven con nosotros’, y después de eso, nunca más volvimos a verlas”, dijo. “Más tarde supe que varias personas murieron en el hospital”. Según cuenta Ziyawudun, llegado un momento, las autoridades arrastraban a las mujeres fuera de la celda y les informaban que habían sido incriminadas por delitos, y que serían sentenciadas a prisión en juicios falsos.  “Las pobres mujeres lloraban y gritaban de horror, pero a [los guardias] no les importaban sus súplicas”, dijo ella.  

“Algunas mujeres recibieron condenas de cinco a diez años. Las mujeres ancianas chillaban, preguntando, “¿Qué está pasando con mi vida? ¿Cómo voy a pasar 10 años en prisión? ¿Qué vida me queda? ¿Qué he hecho para recibir una sentencia a prisión?’ Lloraban, era tanta la impotencia”.

Ziyawudun dijo que de todas las mujeres que estaban en la celda, solo ella y una mujer anciana se salvaron de ser acusadas de crímenes; ella cree que los oficiales tal vez tenían miedo de procesarla, pues sabían que su esposo es de nacionalidad kazaja.  Finalmente, Ziyawudun fue liberada del campo el 25 de diciembre de 2018, y al regresar a casa con su familia, fue evidente para ella que la política de reclusión masiva implementada por Beijing iba dirigida contra la comunidad Uigur. 

“Las mujeres a las que dejaron salir terminaron siendo alcohólicas; decían que las habían obligado a renunciar a su Dios”, dijo. “Para nuestros adentros, nos preguntábamos qué habíamos hecho para merecer semejante trato. Como personas, no podíamos afrontar tal realidad, y mucha gente se anestesiaba bebiendo alcohol”. 

Mientras que a Ziyawudun le reintegraron su pasaporte más tarde y le permitieron regresar a Kazajistán para reunirse con su esposo y su hijo, ella comentó a RFA que muchos de sus parientes del condado de Yunes han sido llevados a campos de concentración. “Casi toda mi familia y mis amigos están en sus manos”, dijo. “No puedo imaginar el horror que deben estar viviendo”. 

Si bien en un principio Beijing negó la existencia de campos de concentración, este año cambió su táctica y comenzó a describir las instalaciones como “escuelas con régimen de internado”, que brindan formación profesional para los uigures, desalientan la radicalización y ayudan a proteger al país del terrorismo.   

Sin embargo, la información que brinda RFA y otros medios ha demostrado que las personas que se encuentran en los campos están allí contra su voluntad y que son sometidas a un adoctrinamiento político, que suelen ser víctimas de maltratos por parte de sus custodios y que se las somete a una alimentación pobre y a condiciones carentes de higiene, en instalaciones superpobladas.

La reclusión masiva que se constata en la XUAR, así como otras medidas políticas que violan los derechos de los uigures y de otros musulmanes han llevado a exigir reiteradamente la atención de la comunidad internacional, para que Beijing se responsabilice por su accionar en la región.

En el mes de septiembre, en un evento realizado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el Vice-Secretario de Estado de los EEUU, John J. Sullivan, afirmó que la ONU ha fracasado en presionar a Beijing para que rinda cuentas de sus políticas de Estado en la Región Autónoma del Xinjiang, y que debería solicitar el acceso sin restricciones a la región, a fin de investigar los hechos reportados, como la reclusión masiva y otros abusos sobre los derechos humanos perpetrados contra los Uigures.

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