24/09/2019, 16.26
FILIPINAS
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Bajo Duterte, se registra un pico de homicidios de activistas que defienden el ambiente

de Paolo Fossati

Una ONG internacional denuncia que la retórica y las políticas del presidente han “envalentonado” a los asesinos.  Desde que Duterte asumió el poder, el número de muertos ha llegado a 113; en años anteriores fue de 65. Mons. Mangalinao: “Hay que crear redes, aumentar el apoyo recíproco y rezar: no debemos tener miedo, porque Dios está a nuestro lado”.

Manila (AsiaNews) – Bajo la presidencia de Rodrigo Duterte, los homicidios de ambientalistas, tribales y defensores de los derechos de la tierra, han aumentado drásticamente entre los filipinos: la retórica y las políticas del presidente han “envalentonado” a los asesinos. Es lo que constata el último reporte de Global Witness, una ONG internacional que trabaja para romper los lazos que conectan la explotación de los recursos naturales con los conflictos, la pobreza, la corrupción y las violaciones de derechos humanos. El documento, publicado hoy, subraya que en la Filipinas, aquellos que oponen a la deforestación, la extracción minera y frutícola, afrontan amenazas y hechos de violencia desde hace tiempo. Sin embargo, el reciente aumento representa un salto “preocupante”.   

Según los investigadores, desde que Duterte asumió el poder (30 de junio de 2016), el número de activistas asesinados llegó a 113. Tres meses antes, el dato permanecía estable en 65. Ben Leather, alto funcionario de Global Witness, afirma que “la retórica agresiva del presidente contra los defensores, unida al clima de violencia e impunidad favorecido por su guerra contra la droga, no ha hecho más que empeorar las cosas”, Los últimos datos de la policía nacional filipina (PNP) han llevado a más de 6.600 el número de muertos oficiales en la batalla contra los narcóticos, impulsada por el presidente. Según los registros de medios y activistas por los derechos humanos, el número real de víctimas oscila entre 27.000 y 30.000, contando los últimos homicidios extrajudiciales. “La brutal política del presidente ha favorecido una cultura de la impunidad y del miedo, impulsando política y económicamente a los poderosos en el uso de la violencia”, agrega el reporte. 

Las actitudes del presidente “contribuyen a la violencia contra quien tiene opiniones diferentes de las suyas”, declara, en diálogo con AsiaNews, Mons. Jose Elmer Imas Mangalinao, de 59 años, obispo de Bayombong – una diócesis rural, que se extiende sobre las provincias de Nueva Vizcaya y Quirino. El territorio se ubica en medio de las montañas de Luzón, la isla más vasta y poblada del archipiélago filipino. La tutela ambiental es uno de los mayores retos que afronta la Iglesia local. “Hace pocas horas -cuenta el prelado - estuve en un encuentro ecuménico con obispos y pastores de distintas confesiones religiosas que están abocados a actividades para la protección del medio ambiente. Entre los temas tratados, estuvo el reporte publicado hoy. Todos hemos quedado sorprendidos ante la cifra, tan elevada, de activistas asesinados y estamos de acuerdo sobre la influencia negativa que tiene sobre la población el modo de expresarse del presidente”.

Inspirados por la encíclica Laudato sì de Papa Francisco, el cuidado de la Creación es un tema sobre el cual los obispos filipinos suelen llamar la atención de los ciudadanos. Las críticas hacia algunas controvertidas políticas presidenciales, tanto en materia ambiental como en cuestiones de derechos, han costado al clero católico numerosos ataques verbales y amenazas veladas de Duterte. “En el pasado mes de julio -concluye Mons. Mangalinao – durante un encuentro entre los obispos, hemos tomado nota de los problemas de cada diócesis en lo que respecta a salvaguardar la naturaleza y el activismo. La mejor opción que tenemos es crear redes y aumentar el apoyo recíproco. Además, es necesario rezar mucho unos por otros: no debemos tener miedo, porque Dios está a nuestro lado. Se nos llama a darnos fuerza mutuamente, hacernos oír y dar voz a quien no la tiene”. 

Entre éstos se cuentan los campesinos, uno de los sectores más marginados de la sociedad filipina. Nadja de Vera es un miembro de la Federación de Trabajadores Agrícolas (UMA) y declara que el reporte de Global Witness “es tan preocupante como cierto”. “Hasta ahora -explica- en las Filipinas han muertos 228 campesinos. Los agricultores también forman parte de la categoría de ambientalistas y defensores de los derechos de la tierra. Los asesinatos son provocados por las políticas adoptadas por nuestro gobierno, como es el caso de la Orden Ejecutiva (EO) Nro.70”. Firmada por el presidente en diciembre del 2018, ésta ha institucionalizado un “enfoque, de alcance nacional, contra la insurrección de los maoístas del New People's Army (NPA). “Si bien fue aprobado para combatir a los rebeldes -afirma de Vera - esta medida afecta a cualquiera que luche por los derechos: activistas, tribales, agricultores o abogados. En ello quedan involucradas organizaciones locales legítimas, de agricultores o de cualquiera que simpatice con ellos y los apoye. Los nombres son incluidos en listas de presuntos facilitadores de los rebeldes, y poco tiempo después, estas personas son asesinadas. En la isla de Negros, esto ya sucedió siete veces”.  

“El gobierno filipino -concluye de Vera- quiere abrir el país a las inversiones extranjeras, y al mismo tiempo, mantener el monopolio de la tierra. Los que se benefician con estos homicidios son las grandes compañías del sector agrícola y minero, los oligarcas. E incluso altos funcionarios de gobierno. Estos últimos se aprovechan de su posición para obtener ganancias de las políticas de la administración de gobierno. La mayor parte de la sociedad filipino está al tanto de todo lo que está sucediendo. La mayor parte de los ciudadanos ha votado al presidente, pero muchos ahora le están dando la espalda. Esto nos da fuerza, nos impulsa a educar a las personas, a sacar a la luz la creciente represión actuada por el gobierno contra cualquiera que mencione estas atrocidades. Algunos tienen miedo de dar un paso adelante y denunciarlas, pero las familias de las víctimas no cesan de pedir y procurar justicia con valentía: todo esto no solo atenta contra las personas, sino contra todo el país”.

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