Cardenal David: 'Basta de demorar en el Senado el impeachment contra Sara Duterte'

de Santosh Digal

El presidente de la Conferencia Episcopal Filipina se ha pronunciado sobre el inicio del proceso de destitución de la vicepresidenta e hija de Rodrigo Duterte, que, tras numerosos aplazamientos relacionados con el enfrentamiento con el clan Marcos, se ha fijado para mañana. El cardenal declaró: "Aunque el impeachment es por naturaleza un proceso político, no está exento de las exigencias morales de verdad, justicia y responsabilidad".

Manila (AsiaNews) - El presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas (CBCP), Card. Pablo Virgilio David, exhortó abiertamente al Senado del país a avanzar en el proceso de impeachment pendiente contra la vicepresidenta Sara Duterte. El purpurado advirtió hoy que éste es "un deber constitucional, no una opción política". "Es un mandato solemne que deriva del principio de equilibrio de poderes consagrado en nuestro sistema democrático", declaró David, obispo de Kalookan. El presidente de la Conferencia Episcopal hizo esta declaración en vísperas del inicio del estudio formal del caso que - tras varios aplazamientos concedidos por el presidente del Senado Chiz Escudero, aliado del clan Duterte - debería tener lugar mañana.

Sara es hija del expresidente Rodrigo R. Duterte, actualmente detenido por la Corte Penal Internacional en los Países Bajos, a la espera de juicio por presuntos crímenes contra la humanidad durante su mandato como alcalde de Davao y presidente de Filipinas. El presidente Ferdinand Marcos Jr. ya ha tomado distancia hace tiempo del clan que fue su aliado en las elecciones de 2022. Los Duterte y los Marcos son dos poderosas dinastías políticas que han dominado el panorama político de Filipinas. La alianza comenzó a desmoronarse cuando sus posiciones sobre las actividades de China en el Mar de China Meridional fueron puestas bajo el microscopio, como resultado de lo cual se consideró que Marcos era pro-Estados Unidos y Duterte pro-China. Sus desacuerdos se hicieron más evidentes cuando los Duterte pusieron en evidencia su resentimiento con los Marcos.

El pasado 5 de febrero, 215 de los 306 miembros de la Cámara de Representantes firmaron la denuncia de impeachment contra Duterte por una serie de cargos que incluyen la presunta malversación de 612 millones de pesos filipinos, corrupción y soborno en el departamento de Educación (que estaba a su cargo), conspiración para asesinar al presidente Ferdinand Marcos Jr., participación en ejecuciones extrajudiciales e insurrección y desórdenes públicos. Sara Duterte rechaza todas las acusaciones calificándolas como una "conspiración política" contra ella y su familia.

La solicitud de juicio político - que, según la Constitución filipina, debe ser examinada por los 22 senadores constituidos en colegio judicial - fue inicialmente aplazada por Escudero hasta después de las elecciones de medio término para la renovación de una parte de los senadores. Pero incluso después de la votación - que confirmó el apoyo al clan Duterte de una parte significativa del electorado, y las ambiciones para las elecciones presidencial de 2027- continuaron las maniobras dilatorias, hasta la convocatoria de mañana.

David advirtió contra los retrasos u obstrucciones del proceso por motivos políticos, afirmando que esto traicionaría tanto la Constitución como la confianza pública. "Dejen que la conciencia guíe sus acciones. Dejen que la verdad siga su curso", dijo. "Como presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, no hablo en nombre de ningún grupo o interés político, sino desde el punto de vista de la enseñanza social de la Iglesia, que llama a la responsabilidad moral y al primado del bien común en la vida pública", añadió David.

"Aunque el impeachment es por naturaleza un proceso político y cuasi judicial, no está exento de las exigencias morales de verdad, justicia y responsabilidad. En una democracia constitucional la autoridad política se debe ejercer dentro de los límites de la ley y en el respeto a la verdad. Cuando la política sirve solo a intereses partidistas, degenera en manipulación, pero cuando se guía por la conciencia y el bien común, se convierte en un servicio noble. Retrasar, rechazar o ignorar un juicio como este por razones de conveniencia política significa traicionar la Constitución y la confianza del pueblo. Como administradores de la cosa pública, los senadores no sólo son responsables ante la ley, sino que también están obligados por la conciencia a actuar con integridad e imparcialidad", reiteró.

"Hacemos un llamado a todos los senadores, especialmente a los líderes, para que permitan que el proceso constitucional avance sin obstáculos. Si no hay nada que ocultar, no hay nada que temer", dijo David. "Dejen que la conciencia guíe sus acciones. Dejen que la verdad siga su curso".