Daca: ira y consternación por la violación y el asesinato de Ramisa, de solo ocho años

de Sumon Corraya

La niña acababa de obtener el primer puesto en las evaluaciones de su clase y estaba a punto de celebrarlo, pero fue violada y asesinada. La policía arrestó al vecino de 34 años Sohel Rana y a su esposa. El dolor de sus compañeros de escuela y el pedido de justicia (o venganza) de una nación conmocionada. La abogada Singha declaró a AsiaNews: "El tema del abuso infantil es el espejo del fracaso de un país".

Daca (AsiaNews) - Lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en una tragedia indescriptible. Ramisa Akhtar, una vivaz niña de ocho años que cursaba el segundo grado de primaria y acababa de obtener el primer puesto en los exámenes de su clase, se estaba preparando para celebrar con sus compañeros. Pero la fiesta se convirtió en horror, con un final dramático: fue brutalmente torturada y asesinada.

El velatorio se llevó a cabo la noche del 20 de mayo después de la oración de Isha en la aldea de Madhyam Sealdi, en la Unión de Ichhapura de Sirajdikhan, distrito de Munshiganj, división administrativa de Daca. Luego, la pequeña fue sepultada junto a sus abuelos en el cementerio familiar. Pero el dolor de su familia sigue resonando en todo el país, cuya conciencia ha sido sacudida por esta tragedia.

La niña fue asesinada en la zona de Pallabi, un distrito de la capital, a principios de esta semana. La policía considera que el principal sospechoso es Sohel Rana, de 34 años, inquilino de un departamento vecino, quien ya habría confesado el crimen ante el tribunal. Los investigadores explican que intentó desmembrar el cuerpo de la niña para ocultar la violación y el asesinato. En el caso también estaría involucrada su esposa, Swapna Akhter, quien fue arrestada.

Ramisa era alumna de la Popular Model High School de Pallabi, conocida por sus maestros como una niña tranquila, educada y de un talento excepcional. Su muerte repentina ha dejado devastados a sus compañeros de clase, docentes y familiares. Su padre, Abdul Hannan Mollah, regresó a la escuela después del funeral y rompió a llorar en el aula de su hija, mientras los compañeros de clase se reunían a su alrededor, compartiendo su llanto y el dolor por la devastadora pérdida.

La brutalidad del crimen ha desatado protestas generalizadas en todo Bangladés. Ayer, en Daca y en otras localidades del país, se realizaron cadenas humanas, manifestaciones y concentraciones para pedir que se haga justicia de manera rápida y se aplique la pena máxima a los responsables. En algunas zonas, residentes indignados rodearon las estaciones de policía, mientras que las redes sociales se inundaron de peticiones de justicia. El asesinato ha puesto una vez más de manifiesto la vulnerabilidad de los niños y las niñas: de hecho, muchos observadores ven lo ocurrido no como una tragedia aislada, sino como parte de un patrón más amplio de violencia alimentado por la falta de rigor en la aplicación de la ley y por una cultura de impunidad.

La abogada Christian Rebecca Singha, miembro de la Corte Suprema que se ocupa habitualmente de casos relacionados con los derechos humanos y la violencia contra mujeres y niños, declaró a AsiaNews que el problema va mucho más allá de un caso individual. “En Bangladés, no solo las niñas y los niños, sino también las mujeres de todas las edades -explicó- se sienten inseguras, ya sea en su casa, en el lugar de trabajo o en la calle”. “La violación y el asesinato de Ramisa -afirmó la experta- no solo son trágicos, sino que reflejan un profundo fracaso social en la protección de los más vulnerables”.

Continuando con su reflexión, señaló que aunque Bangladés tiene disposiciones legales estrictas -entre ellas la cadena perpetua por violación y la pena de muerte cuando la violación provoca la muerte-, la aplicación es deficiente. “La deficiencia no está en la ley, sino en la aplicación y en la responsabilidad social”, señaló. “Los retrasos en las investigaciones, la ineficacia de la acción penal y la intimidación de los testigos a menudo permiten que los responsables escapen de la justicia”.

Singha también destacó la importancia de las medidas preventivas. “El castigo legal por sí solo no puede detener estos crímenes. Necesitamos -advierte- una educación moral y social más sólida en las familias y en las escuelas”. En esto es esencial el papel de la educación y de los educadores, que estén fundados en los valores, y una mayor sensibilización de la comunidad. “Si el respeto a la dignidad humana no se enseña desde la infancia, las leyes por sí solas -concluye la abogada- nunca serán suficientes”.

Un estudio conjunto reciente de la Corte Suprema y de la ong activista Brac pone en evidencia la gravedad de la crisis. La tasa de condenas en los casos de violencia contra mujeres y niños se sitúa en apenas el 3%, mientras que alrededor del 70% de los acusados son absueltos. Aunque las leyes prevén que tales casos se deben resolver en un plazo de 180 días hábiles, en realidad la duración media supera los tres años y medio. El padre de Ramisa, destrozado por la tragedia, expresó un sentimiento que encontró eco en todo el país. “No quiero justicia, porque ustedes no son capaces de impartirla”, dijo a los periodistas, reflejando la desconfianza generalizada de la opinión pública en el sistema.

Según los analistas, para restablecer la confianza no serán suficientes los castigos ejemplares en los casos individuales, sino que debe haber reformas estructurales que garanticen una justicia oportuna y eficaz. El primer ministro Tarique Rahman visitó a la familia de Ramisa en su casa de Pallabi para presentar sus condolencias y asegurar su apoyo. Durante la visita, los padres de la niña rompieron a llorar mientras hablaban de su pérdida. El jefe de gobierno se comprometió a evaluar cómo mejorar sus condiciones de vida, y reconoció como fundadas sus preocupaciones con respecto a la seguridad.

Más allá de los casos individuales, el alcance de la violencia contra los niños en Bangladés registra niveles alarmantes. Según la Human Rights Support Society (HRSS), 643 niños fueron asesinados como consecuencia de violaciones o torturas entre septiembre de 2024 y abril de este año, con un promedio de más de 32 muertes por mes. Solo en los primeros cuatro meses de este año, 203 niños fueron asesinados. La HRSS informa también que entre enero de 2025 y abril de 2026 al menos 1.890 niños fueron víctimas de tortura. De ellos, 483 fueron asesinados, 580 fueron violados y 318 sufrieron abusos sexuales, mientras que 1.407 sufrieron abusos físicos y psicológicos.