El regreso de las «viudas del ISIS» y la cuestión de sus responsabilidades

de Giuseppe Caffulli

La repatriación a Australia de mujeres y niños vinculados al Estado Islámico saca a la luz un tema que se había dejado de lado. Encerrados por miles en los campos de Al Hol y Al Roj, gestionados por los kurdos de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), no solo son el último vestigio material del califato, sino también el campo de batalla entre dos exigencias difíciles de conciliar: la protección de la seguridad nacional y las obligaciones para con los propios ciudadanos.

Milán (AsiaNews) - El reciente regreso a Australia de un grupo de mujeres y niños vinculados al Estado Islámico ha vuelto a situar en el centro del debate internacional una cuestión que muchos gobiernos occidentales han intentado durante mucho tiempo eludir, si no eliminar: ¿qué hacer con sus propios ciudadanos (hombres y mujeres) que, sobre todo entre 2013 y 2019, se desplazaron a Siria e Irak para vivir (y luchar) bajo la bandera negra del llamado califato del ISIS?

Un capítulo aparte es el de las esposas de los yihadistas. Entre mayo y junio de 2026, varias mujeres australianas y sus hijos regresaron al país tras pasar años en el campo de Al Roj, en el noreste de Siria. Algunas fueron detenidas a su llegada: dos están acusadas de crímenes contra la humanidad y de reducción a la esclavitud, y otra debe responder por delitos relacionados con el terrorismo. Las autoridades australianas han reiterado que la repatriación no equivale a ninguna forma de impunidad y que se perseguirán las posibles responsabilidades penales. Los menores, por su parte, se consideran víctimas de la guerra y, por lo tanto, necesitan protección y asistencia.

El caso australiano no es más que el último capítulo de una cuestión que afecta a numerosos países occidentales. Tras la derrota militar del ISIS en marzo de 2019, con la conquista del último bastión de Baghuz, miles de mujeres y niños extranjeros fueron recluidos en los campos de Al Hol y Al Roj, gestionados por las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), una alianza liderada por los kurdos y respaldada por Estados Unidos. Hoy en día, la situación parece aún más compleja. Tras la caída del régimen de Bashar al-Assad a finales de 2024 y los posteriores reajustes territoriales, el noreste de Siria ha entrado en una nueva fase de incertidumbre política y militar. La reducción de la presencia internacional ha alimentado las dudas sobre la capacidad de las autoridades locales para seguir gestionando a miles de detenidos y a sus familias. La postura del nuevo Gobierno de Damasco, dirigido por el exterrorista al Jolani (Ahmed al-Sharaa), hacia los kurdos del norte de Siria (Rojava) ha sido, en general, de desconfianza y conflicto político-militar, en abierta oposición a las aspiraciones autonomistas de la región.

Durante años, estos campos han representado uno de los temas más espinosos. Las organizaciones humanitarias han denunciado el hacinamiento, la asistencia sanitaria insuficiente, las carencias educativas y los frecuentes episodios de violencia. Al mismo tiempo, el riesgo de radicalización de los menores que han crecido en un entorno aún impregnado de la ideología yihadista ha alimentado las preocupaciones de las autoridades encargadas de la seguridad.

La magnitud del fenómeno, aunque reducida en comparación con los años inmediatamente posteriores a la caída del ISIS, sigue siendo significativa. Si en 2019 los campamentos albergaban en total unas 70.000 personas, las estimaciones más recientes indican una población de entre 40.000 y 45.000 personas. La mayoría de los residentes son niños. Las mujeres adultas presentes en los campamentos, según las estimaciones disponibles, seguirían siendo entre 20.000 y 25.000, en su gran mayoría sirias o iraquíes. Entre ellas se encuentran esposas, exesposas y viudas de combatientes del Estado Islámico, pero también familiares cuya situación particular requiere una investigación individual.

En cuanto a las mujeres extranjeras, se estima que en los campos del noreste de Siria aún se encuentran entre 5 000 y 6 000 personas procedentes de más de cuarenta países, entre las que se incluyen mujeres y menores. El número de mujeres adultas extranjeras se situaría actualmente entre 1.500 y 2.000. Se trata del colectivo que sigue planteando los dilemas más delicados a los gobiernos occidentales: repatriarlas, dejarlas en los campamentos o buscar soluciones judiciales internacionales que, hasta ahora, nunca han llegado a cuajar realmente. El debate sobre la naturaleza de su implicación en el califato divide a políticos, juristas y activistas de derechos humanos. Por un lado, están quienes consideran que muchas de las mujeres que partieron hacia el califato estaban plenamente alineadas con un proyecto basado en la violencia y la opresión. Quienes defienden esta postura consideran que la repatriación supone un riesgo demasiado elevado: significaría trasladar a los países de origen problemas de seguridad difíciles de gestionar, además de constituir una ofensa para las víctimas del ISIS. Por el contrario, hay quienes subrayan que algunas podrían haber sido obligadas, manipuladas o reclutadas a una edad temprana.

Algunas fuentes informan de que Al Hol ha iniciado un proceso gradual de desmantelamiento, mientras que Al Roj habría visto disminuir el número de residentes gracias a los programas de repatriación. Sin embargo, sigue pendiente la cuestión de los miles de milicianos del ISIS detenidos en las cárceles del noreste de Siria, considerados por los observadores como una de las principales amenazas para la seguridad regional. Según las estimaciones más citadas por las autoridades kurdas y los observadores internacionales, aún habría unos 10.000 combatientes varones detenidos en las instalaciones controladas por las SDF. Entre ellos, entre 2.000 y 2.500 serían ciudadanos extranjeros procedentes de decenas de países diferentes.

Las propias autoridades kurdas han afirmado en repetidas ocasiones que no pueden soportar indefinidamente la carga económica (pero también de control) que supone la gestión de los campos y las cárceles. El temor es que eventuales crisis políticas o nuevos enfrentamientos puedan favorecer las fugas de detenidos o el fortalecimiento de las redes clandestinas del Estado Islámico.

Precisamente este escenario ha llevado a varios gobiernos occidentales a reconsiderar sus posiciones. Durante años, muchos Estados han adoptado un enfoque prudente o abiertamente hostil hacia las repatriaciones. Francia y el Reino Unido han dado prioridad a las evaluaciones caso por caso, permitiendo a menudo el regreso solo de menores vulnerables. Londres, además, ha recurrido ampliamente a la revocación de la ciudadanía de algunas personas con doble nacionalidad, lo que ha suscitado críticas por parte de las organizaciones de derechos humanos.

Australia, que en un principio se mostró muy restrictiva, ya había autorizado en 2022 el regreso de un primer grupo de mujeres y niños. Los regresos de 2026 parecen indicar una línea más definida: la disposición a acoger a ciudadanas australianas que consigan salir de Siria, pero acompañando su regreso de una investigación cuyo objetivo es determinar las responsabilidades penales.

A pesar de que el Estado Islámico haya sido derrotado en el plano territorial y sobreviva únicamente a través de células dispersas y actividades clandestinas, el problema de las llamadas «viudas del ISIS» no ha desaparecido en absoluto. Las tiendas de campaña de Al Hol y Al Roj representan no solo el último vestigio material del califato, sino también el lugar donde se enfrentan dos exigencias que, sin duda, no son fáciles de conciliar: la protección de la seguridad nacional y el respeto de las responsabilidades que todo Estado tiene para con sus ciudadanos.

Durante años, delegar la gestión de este «legado incómodo» a las milicias kurdas del noreste de Siria pareció la solución más sencilla y políticamente menos costosa. La evolución del conflicto sirio y los frágiles equilibrios surgidos tras la llegada al poder de Ahmad al-Sharaa en diciembre de 2024 han puesto de manifiesto todas las limitaciones de esa decisión. Y parece que la época de los aplazamientos ha llegado a su fin.