Human Rights Watch: La prohibición de menores en las iglesias de China viola los derechos humanos
Un nuevo informe de la ONG de derechos humanos analiza el aumento de la presión sobre los católicos por parte de las autoridades de Beijing en el contexto de la “sinización” y del acuerdo con la Santa Sede sobre el nombramiento de obispos. El relato de un miembro de una comunidad “subterránea” que se integró en una diócesis oficial: “Nos obligan a rezar como si fuéramos ladrones”. También sale a la luz un documento del Frente Unido que alienta a denunciar a los padres "que inculquen ideas religiosas a sus hijos”.
Milán (AsiaNews) — La represión contra las comunidades católicas, intensificada por el gobierno de Beijing tras el acuerdo de 2018 con la Santa Sede sobre el nombramiento de obispos, “contraviene o viola los estándares y el derecho internacional en materia de derechos humanos”. Así lo denuncia sin rodeos un nuevo informe publicado hoy por la ONG laica Human Rights Watch (HRW) titulado: “China: aumenta la presión sobre los católicos”.
El documento resume la evolución de la política religiosa en China durante la última década, sobre la base de muchas noticias ya publicadas por AsiaNews sobre el control cada vez más estricto impuesto por Xi Jinping bajo el lema de la “sinización”, implementado a través de una larga serie de normativas. El informe se enriquece también con el testimonio de personas que conocen de primera mano la vida católica en el país y con el aporte de expertos en libertad religiosa y catolicismo en China consultados por Human Rights Watch.
La tesis central del informe sostiene que las autoridades de Beijing están utilizando el acuerdo con la Santa Sede (renovado hasta octubre de 2028) para presionar a las comunidades “clandestinas” que nunca han querido registrarse oficialmente ni adherirse a la Asociación Patriótica u otros organismos controlados por el Partido Comunista de China (PCCh). Una persona cuya iglesia fue demolida y a la que retiraron su cruz, y cuyos miembros fueron amenazados y arrestados, lamenta ante HRW que no le dejaron “otra opción que unirse a la iglesia oficial”. Otra fuente afirmó que el acuerdo ha resultado ser “un arma inteligente para destruir legalmente las iglesias subterráneas”, ya que los obispos clandestinos de mayor edad, perseguidos durante años, han muerto o han sido reemplazados por obispos designados oficialmente.
Sobre este tema resulta de gran interés el testimonio de un católico chino que huyó de la República Popular en 2023. Ofrece una descripción de lo que hoy significa en la práctica aceptar este tipo de transición formal que, en teoría, debería ocurrir en nombre de la unidad de la Iglesia en China. “Cuando fue obligada a unirse a la iglesia oficial —explica esta fuente—, nuestra iglesia quedó sumida en un estado de pánico; algunos sacerdotes se vieron forzados a abandonar el condado. Sentíamos que el gobierno chino se estaba volviendo más autoritario después del acuerdo. Empezamos a rezar a escondidas, como si fuéramos ladrones; los encuentros para celebrar las principales fiestas desaparecieron. Los horarios de misa, que antes se fijaban para que todos pudieran asistir, fueron trasladados a horas irracionales para impedir la participación”.
“Las autoridades —continúa el relato— también prohibieron nuestros cantos corales y clausuraron las ventanas de la iglesia para que las oraciones no se pudieran ver desde el exterior. Los niños que crecen hoy no tienen ningún recuerdo de las oraciones o ceremonias en la iglesia. Los locales de la iglesia están rígidamente regulados y no podemos llevar niños, porque los obispos y sacerdotes tienen mucho miedo del gobierno. En un momento dado, antes de huir de China en 2023, dejé de ir a la iglesia para evitar la vigilancia del gobierno”.
La prohibición de que los menores participen en las liturgias y actividades parroquiales específicas es un punto crítico en el sufrimiento actual de los católicos chinos. “Las autoridades —reconstruye HRW— han restringido progresivamente el acceso de los niños a las iglesias católicas en todo el país, sobre todo después de la promulgación de la Regulación sobre Asuntos Religiosos revisada en 2018, que prohíbe las actividades religiosas en las escuelas ordinarias y limita la creación de escuelas religiosas a organizaciones de nivel nacional o provincial, sujetas a la aprobación del Estado”.
“Un académico chino que ha entrevistado a decenas de católicos —dice el informe— afirmó que antes los gobiernos locales ‘no controlaban mucho’ si los niños asistían a las celebraciones religiosas. Pero ahora las autoridades han comenzado a aplicar estrictamente estas prohibiciones que, según un católico con conocimiento directo de la situación en Shaanxi en enero de 2026, ‘tienen como objetivo interrumpir los vínculos generacionales dentro de la comunidad católica’”.
Se cita un caso que fue denunciado por ChinaAid en diciembre sobre una iglesia en la ciudad de Xuchang, en la provincia de Henan, que fue clausurada por “violar las normativas pertinentes al permitir que menores entraran en el templo para tocar instrumentos musicales”. También señala un documento interno de septiembre de 2025 atribuido al Grupo Dirigente del Frente Unido Central, en el que incluso se afirma que los padres en China “no deben organizar una educación religiosa doméstica para inculcar ideas religiosas a sus hijos”. El documento llegaría a pedir a las escuelas que “orienten a los estudiantes para que informen proactivamente” sobre casos similares a las autoridades competentes.
Además del artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos —referido a la libertad de conciencia y religión—, Human Rights Watch sostiene que, en este punto específico sobre los menores, China está violando también los artículos 28 y 29 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En ambos documentos, de los que Beijing es signatario, se reconoce que el derecho a la educación no permite interferencias con la libertad de los individuos y entidades para establecer y dirigir instituciones educativas, siempre que la enseñanza en dichas instituciones cumpla con los estándares mínimos establecidos por el Estado.
“Una década después del comienzo de la campaña de sinización de Xi Jinping, y casi ocho años después del acuerdo de 2018 entre la Santa Sede y China, los católicos en China enfrentan una represión creciente que viola su libertad religiosa”, concluye Yalkun Uluyol, investigador sobre China en Human Rights Watch. “El Papa León XIV debería revisar urgentemente el acuerdo y presionar a Beijing”, mientras que el gobierno chino “debería dejar de perseguir e intimidar a los creyentes por el hecho de conservar su fe y espiritualidad independientemente del control del Partido Comunista”.
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