Indignación ante el recuerdo de la masacre de Andiján

de Vladimir Rozanskij

Mirziyoyev quiere construir un gran centro comercial en el lugar donde en 2005 cientos de manifestantes que habían ocupado una prisión de alta seguridad en protesta por una oleada de detenciones fueron asesinados por la intervención del ejército.Las autoridades llevan años repitiendo que los manifestantes fueron exterminados «por terroristas islámicos».

Taskent (AsiaNews) - Un gran escándalo ha provocado en Uzbekistán la decisión del presidente Šavkat Mirziyoyev de construir un gran centro comercial, con un parque de atracciones, en el lugar de la «tragedia de Andiján», cerca de una cárcel de máxima seguridad donde hace 20 años se derramó la sangre de los manifestantes que habían ocupado el lugar de detención. La elección se justificó por la necesidad de construir también un paso elevado en la zona, que cambiará la estructura de la plaza conmemorativa y los edificios relacionados, y el presidente añadió que «una prisión tan lúgubre, construida hace cien años, no es adecuada para el centro de una ciudad moderna».

Hace veinte años, el 13 de mayo de 2005, en la antigua ciudad uzbeka de Andiján, en la llanura cercana a Fergana por la que discurría la «Ruta de la Seda», se produjeron enfrentamientos verdaderamente dramáticos, con manifestaciones de protesta por la detención y el juicio ante los tribunales de algunos empresarios locales, que acabaron con la policía disparando contra los manifestantes frente a los muros de la prisión donde estaban recluidos los acusados, que la multitud creía inocentes. Los testigos de aquellos hechos se han dispersado por todo el mundo, y la apertura de un centro comercial en la zona es considerada por los activistas de derechos humanos como un atropello.

Los 23 empresarios de Andiján habían sido detenidos en junio de 2004, acusados de vínculos con el movimiento religioso Akramija, dirigido por uno de ellos, el empresario Akram Juldašev, que llevaba encerrado desde 1999 con una condena por «extremismo». Según informes extraoficiales, Juldašev murió posteriormente en prisión en 2011 a causa de una tuberculosis de la que no se supo nada hasta 2016. De hecho, muchos dudaban de la existencia misma de la organización, y todo el asunto se vio como una lucha interna en el mundo empresarial de la región, ya que tras la detención de Juldašev, sus empresas acabaron en manos del nuevo gobernador de Andiján.

Cuando comenzaron las vistas judiciales, en febrero de 2005, los partidarios de los empresarios acusados se reunieron en la plaza, al principio un centenar y luego algunos miles, en acciones de protesta pacíficas, pero la noche del 13 de mayo todo dio un giro dramático, con la llegada desde Kirguistán de 35 hombres armados, descritos más tarde como «extremistas islámicos», que atacaron a los policías, cogieron sus armas y se dirigieron a la prisión del centro de la ciudad, de la que liberaron a unos dos mil presos, entre ellos los empresarios acusados. A continuación se dirigieron al lugar donde se habían reunido los manifestantes y ocuparon la administración municipal de Andiján, exigiendo la llegada del entonces presidente Islam Karimov. En lugar de ello, llegaron vehículos blindados y abrieron fuego contra la multitud congregada, derramando sangre por todas las calles del centro de la ciudad.

Según las cifras oficiales, ese día murieron 187 personas en Andiján, pero según los cálculos de los testigos fueron sin duda varios miles. Según informaciones publicadas por periodistas en diversas investigaciones, en el barrio de Bogišamol, en las afueras de la ciudad, había un cementerio en el que se enterraba a cuatro personas a la vez en cada fosa, y algunos vieron en el depósito de cadáveres los cuerpos alineados, con el número pegado al pie, superando con creces el millar. Los testigos presenciales de aquellos hechos fueron a su vez buscados y perseguidos, y muchos de ellos huyeron al extranjero.

Las autoridades repitieron durante años que los manifestantes fueron exterminados por terroristas islámicos, no por las fuerzas del orden. Sólo tras la muerte de Karimov, en febrero de 2020, la fiscal adjunta Svetlana Artikova admitió por primera vez que fueron soldados enviados por el presidente quienes abrieron fuego contra la multitud. La decisión adoptada hoy por Mirziyoyev pretende hacer olvidar aquellos tristes sucesos, ensalzando el «nuevo Uzbekistán democrático», pero los activistas califican esta política de «cinismo absoluto» que sólo busca imponer una visión propagandística del país. El traslado de las cárceles del centro de las ciudades a los suburbios, dicen algunos, es normal en todos los países civilizados, pero «sin borrar la memoria de las víctimas».