Las nuevas leyes represivas del BJP en Rajastán y Maharashtra
Tras la aprobación del proyecto de ley contra la conversión en Rajastán y del proyecto de ley de seguridad pública de Maharashtra, se han producido algunas protestas en la India. En Rajastán, la ley afecta incluso a las conversiones voluntarias y a los matrimonios interreligiosos, mientras que en Maharashtra el ejecutivo podrá declarar «ilegales» organizaciones enteras sin pruebas concretas. Mientras tanto, la Corte Suprema ha solicitado a los estados aclaraciones sobre la constitucionalidad de estas normas.
Nueva Delhi (AsiaNews) - En la India crece la protesta tras la aprobación de dos controvertidas leyes: el proyecto de ley contra la conversión en Rajastán y el proyecto de ley de seguridad pública de Maharashtra, rebautizado por los manifestantes como «proyecto de ley de opresión pública». Los proyectos de ley han dado lugar a protestas que ponen de manifiesto una alarma común por la reducción de los espacios democráticos en el país.
En Rajastán, la Unión Popular por las Libertades Civiles (PUCL), una organización para la defensa de los derechos democráticos, ha calificado el proyecto de ley contra la conversión, aprobado el 9 de septiembre de 2025 por la Asamblea Legislativa, como una grave amenaza para los derechos fundamentales. Promovida por el gobierno local liderado por el Partido Bharatiya Janata (BJP), la ley fue aprobada a pesar de que el propio Ministerio del Interior de Rajastán declaró que no se habían producido casos de «yihad del amor» en los últimos años. Además del contenido, la PUCL critica la ausencia de debate y la decisión del presidente de la Asamblea de proceder a la votación sin la oposición, que abandonó la sala en señal de protesta, subrayando que esto constituye una grave violación del proceso democrático.
La organización ha calificado la medida de «draconiana», argumentando que amenaza derechos civiles constitucionales como la libertad de conciencia, de expresión, de diálogo interreligioso, de igualdad y de elección individual. Entre los puntos más controvertidos figuran las definiciones vagas de conceptos como «coacción» y «seducción», que pueden criminalizar incluso una simple conversación entre personas de diferentes religiones. La ley también ilegaliza las conversiones voluntarias entre adultos, afectando a cualquiera que «convenza» o «ayude» en esa elección, con posibles consecuencias para los matrimonios interreligiosos e incluso para las uniones homosexuales. El texto prevé excepciones para la «reconversión» a la fe de origen («ghar wapsi»), pero sin aclarar los límites temporales o prácticos, lo que abre la puerta a interpretaciones arbitrarias y a posibles abusos contra las minorías religiosas.
Además, las sanciones son especialmente severas: de siete a catorce años de prisión y multas de hasta 5 lakh de rupias (unos 5 mil euros), con penas más elevadas para las mujeres, los menores y las comunidades marginadas. A esto se suma un fuerte control administrativo: cada conversión requerirá la aprobación del magistrado del distrito y, en caso de acusación, será la persona implicada la que tenga que demostrar su inocencia, en contra de los principios constitucionales.
Si en Rajastán la batalla se centra en la libertad religiosa y la elección individual, en otro estado de la India, Maharashtra, la protesta de las organizaciones civiles tiene como objetivo defender la libertad de expresión y el derecho a manifestarse. En las últimas semanas, la oposición política y la sociedad civil se han movilizado contra la aprobación del Proyecto de Ley de Seguridad Pública Especial de Maharashtra, denominado por los manifestantes «Proyecto de Ley de Opresión Pública». Miles de personas han salido a las calles de Mumbai, Pune y muchos otros distritos, dando lugar a una de las movilizaciones más amplias de los últimos años en el estado del centro-oeste de la India. Los manifestantes consideran que la ley, promovida también en este caso por el BJP, pone en peligro la libertad de expresión, el derecho a la disidencia y a la protesta, convirtiendo la administración local en un «Estado policial», donde las libertades fundamentales están subordinadas a medidas de seguridad y control social.
La medida permite al gobierno estatal declarar «ilegal» a una organización sin proporcionar una definición clara de las actividades prohibidas, lo que deja margen para interpretaciones arbitrarias. La ley castiga no solo la pertenencia a estos grupos, sino también la simple asociación o el apoyo, lo que facilita la incoación de procedimientos penales. Las nuevas disposiciones preocupan a los observadores por el riesgo de detenciones sin orden judicial y de prisión preventiva, instrumentos que podrían utilizarse para reprimir la disidencia y las protestas.
No es la primera movilización: ya en abril y luego en julio, los opositores salieron a las calles para protestar contra la ley. En los mítines, los oradores recordaron que la ley viola los artículos 14, 19 y 21 de la Constitución y otorga poderes ilimitados al gobierno. El lema que unió a las multitudes fue claro: «¡No es una ley de seguridad pública, sino de opresión pública!».
En los últimos días, el Tribunal Supremo ha solicitado a los gobiernos de varios estados que den explicaciones sobre las leyes contra la conversión, cuestionando su validez constitucional. Un colegio compuesto por el presidente del Tribunal Supremo de la India, Bhushan R. Gavai, y el juez K. Vinod Chandran, examinó las peticiones relativas a las leyes sobre «libertad religiosa» promulgadas por Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gujarat, Haryana, Jharkhand y Karnataka, y concedió a los estados cuatro semanas para responder a las solicitudes de aclaración. Se trata de cuestiones que llevan años abiertas, pero los demandantes sostienen que las preocupaciones constitucionales comunes en cuestión justifican una audiencia ante el Tribunal Supremo.
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